La JEP ha autorizado 46 esquemas de protección a testigos en el país

Esta semana se resolvieron dos peticiones de atención colectiva para grupos étnicos.

Patricia Linares, presidenta de la JEP, en su intervención durante el balance entregado este miércoles. Foto: JEP.

06.02.2020 10:54 Actualizado: 06.02.2020 11:19

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Grupos al margen de la ley y particulares están amenazando a excombatientes de las Farc, víctimas del conflicto armado, militares, abogados, funcionarios judiciales y población indígenas para que guarden silencio y no revelen detalles de los delitos en ante la Justicia Especial para la Paz (PAZ).

Para proteger esos testimonios, la JEP ha autorizado 46 esquemas de protección de las 160 solicitudes que se han hecho, para garantizar su participación dentro de los procesos que se adelantan, reveló el director de la Unidad de Investigaciones y Acusación, Giovanni Álvarez, en visita a Villavicencio.

La mayoría de las solicitudes son individuales, pero esta semana resolvió dos peticiones de atención colectiva para grupos étnicos, reveló Álvarez, tras recordar que en el país hay 87 comunidades indígenas, aparte de las afro y raizales,

Las comunidades indígenas y afros, dijo el fiscal de la JEP, vienen siendo amenazados por su participación en la JEP y por la lucha pacífica ante los grupos al margen de la ley para que no recluten jóvenes y no violen las zonas donde residen.

Álvarez se abstuvo de mencionar el listado de los nombres de las personas y colectivos protegidos “por la misma naturaleza de las medias de protección”.

No obstante, explicó que una Unidad de Investigación y Acusación de la JEP hace el estudio del caso, un comité resuelve el tipo de medida que le brinda, el periodo por el cual se adopta y pide a la Unidad Nacional de Protección que le entregue los recursos que se requieren para la protección.

Un esquema duro de protección con vehículo blindado y dos hombres de seguridad -dijo- tiene un costo de 34 millones de pesos al mes, cuyos recursos son girados por la JEP a la UNP.

La revelación de Álvarez la hizo durante su visita a Villavicencio donde la JEP puso en marcha uno de los diez grupos territoriales creados en el país que se van a encargar de garantizar que el recaudo probatorio y la actividad de investigación sea más ágil y eficiente, evitando que víctimas, victimarios o testigos tengan que desplazarse a Bogotá.

El grupo territorial, además, debe garantizar la atención inmediata de las víctimas de manera que no va a permanecer en Villavicencio, pero el fiscal y el equipo judicial va a tener que desplazarse por los seis departamentos de su jurisdicción para buscar las pruebas.

Los departamentos son Casanare, Meta, Guaviare, Guainía, Vaupés y Vichada, donde hay 484.000 víctimas y la gran mayoría son del Meta (269.000), según las cifras que maneja la Unidad de Investigaciones y Acusación de la JEP.

Acá también se empezará a trabajar en paulatinamente en cementerios como los de Villavicencio, Granada, La Macarena y San José del Guaviare, para identificar las víctimas de secuestro, desaparición y de falsos positivos.

NELSON ARDILA ARIAS

Para EL TIEMPO

VILLAVICENCIO

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