Comunidad wayú defensora del arroyo Bruno denuncia intimidaciones

Exigen medidas la protección del líder wayú Luis Misael Socarrás y toda la comunidad.

El arroyo Bruno quiere ser desviado para la ampliación de la producción de carbón en la mina de Cerrejón. Foto: Archivo particular

PERIODISTA18.04.2022 12:47 Actualizado: 18.04.2022 12:47

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La comunidad indígena wayú de la Gran Parada que se opone a la desviación del arroyo Bruno, para la ampliación de la producción de carbón en la mina de Cerrejón en La Guajira, denuncia intimidaciones tras la incursión en su territorio de hombres armados en motocicletas.

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Esta comunidad es una de las accionantes en la tutela con la sentencia SU 698 de 2017 de la Corte Constitucional, que ordenó proteger los derechos al agua, salud y soberanía alimentaria en amenaza ante la pretensión de lo que consideran será la destrucción del cauce natural del arroyo.

Sin embargo, a comienzos de abril, el Gobierno informó que un estudio técnico concluyó que el arroyo permanecerá desviado por un canal artificial, y avala la explotación de carbón en el cauce natural, lo que ha generado todo tipo de reacciones.

De acuerdo a la denuncia, el hecho se registró el pasado 12 de abril, a eso de las 8:30 de la noche, cuando tres hombres llegaron a la comunidad la Gran Parada, en zona rural de Albania, en motocicletas de alto cilindraje con armas largas, permaneciendo unas tres horas merodeando la zona.

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En medio de la noche la comunidad asegura haber escuchado gritar a uno de ellos: "aquí es, él tiene que estar en una de estas casas...", señalan en un comunicado.

Explican que “una de las motos se acercó al portón de la madre del líder indígena wayú y defensor territorial Luis Misael Socarrás e intentaron abrirlo. Desde ese portón las motos se devolvieron varias veces y se les escuchaba decir reiteradamente que ahí tenía que ser”.

El documento es firmado a través de la Plataforma La Guajira le habla al país, integrado por las organizaciones Censat, el Centro de Investigación y Educación Popular – Cinep, y el colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – Cajar.

Así mismo, el día 8 de abril, cerca al resguardo indígena Cuatro de Noviembre, ocho personas armadas con prendas militares detuvieron e interrogaron a un hijo de Socarrás quien iba en una moto rumbo a Albania.

Le interrogaron sobre su nombre, con quién vivía y su destino. Al regreso notó una camioneta negra con vidrio polarizado en el punto conocido como el Ocho.

Por lo que estas organizaciones exigen se adopten las medidas inmediatas y urgentes para la protección de la vida e integridad física de la familia del líder wayú Luis Misael Socarrás y toda la comunidad.

Socarrás, es accionante de la tutela y se encuentra con medidas de protección dentro del esquema colectivo de la organización Fuerza Mujeres Wayú.

Según la Plataforma en el mes de marzo, la Unidad Nacional de Protección ratificó que este líder se encuentra en un riesgo extraordinario, aprobando como medida de protección la dotación de un chaleco antibalas.

Por lo que están a la espera de un recurso de reposición, en el que se pidió una nueva valoración del riesgo que incluya hechos nuevos que se han recopilado, una entrevista personal con visita al territorio y se garanticé la implementación del enfoque diferencial étnico en las medidas.

Wayús Cierran parques eólicos Beta & Alpha

De otro lado, autoridades tradicionales de las comunidades indígenas wayúu de Siwolu II y III decidieron cerrarle el paso en sus territorios a la implementación de los parques eólicos Alpha & Beta, a cargo de las empresas Renovatio y EDPR, para exigir la consulta previa.

“Según testimonios de las comunidades de Siwolu II y III, las empresas Renovatio y EDPR, ingresaron a sus territorios de manera arbitraria, profanaron sus sitios sagrados, masacraron a la fauna y a la flora y lo peor llegaron a generar conflictos y enfrentamientos entre familias con graves saldos de desplazamientos y asesinatos”, señaló la ONG de derechos humanos Nación Wayú.

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Es de señalar que en el desarrollo de este proyecto estas comunidades presentaron problemas interclaniles, por lo que se vieron obligadas a salir forzosamente de sus territorios ancestrales el pasado 26 de octubre de 2021 y trasladarse a Riohacha.

Retornando con el acompañamiento de la dirección de Asuntos Indígenas del ministerio del Interior, la Gobernación de La Guajira y la alcaldía de Uribia, previas conciliaciones y diálogos con la otra familia que sí fue consultada, pero con compromisos de fianzas económicas que se debían entregar entre las partes como señal de respeto.

Eliana Mejía Ospino

Especial para EL TIEMPO

Riohacha

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