Los enormes vacíos en la lucha contra los delitos sexuales de extranjeros que llegan a Colombia

Combatir los delitos sexuales cometidos contra menores de edad en el país es, en el discurso, uno de los puntos prioritarios de la agenda del Estado colombiano.

Las estadísticas, sin embargo, demuestran que Colombia no está ganando la guerra contra los depredadores: con corte a noviembre pasado, Medicina Legal reportó haber realizado más de 16.000 exámenes por presunto abuso sexual contra menores de edad. La mayor parte de esas denuncias no termina en la captura de los responsables.

La impunidad que impera en los casos perpetrados por ciudadanos colombianos –muchas veces, familiares o allegados a las víctimas– se ve también en la lucha contra los delincuentes sexuales que llegan al país cada vez con mayor frecuencia.

Informes conocidos por EL TIEMPO muestran que en cuatro de cada cinco noticias criminales abiertas ante el ente acusador por estas conductas en contra de extranjeros no ha habido avance judicial alguno.  

“Se requiere más gestión de la Fiscalía y la Policía Judicial para la investigación, para impedir la llegada de extranjeros identificados como pederastas y para sancionar a los que logran entrar y cometer este delito. Como los extranjeros vienen de entrada por salida, es indispensable agilizar las investigaciones y tomar medidas a tiempo para evitar la impunidad”, dice Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia.

EL TIEMPO revisó la base de datos de los indiciados por este tipo de delitos entre 2020 y 2024 y encontró que, en total, han sido denunciadas  3.257 personas de nacionalidad extranjera (la mayor parte de ellas, venezolanos que viven en el país). En el mismo lapso solo se registran 135 condenas.

En cifras concretas, del total de delitos sexuales cometidos por extranjeros y denunciados en Colombia en los últimos cuatro años, 2.616 no han pasado de la fase preliminar de investigación.

Esto equivale al 80 por ciento del total. El 19 por ciento restante ha mostrado algún tipo de progreso legal distribuido de la siguiente forma: 459 casos están en etapa de juicio (14 por ciento), 135 en ejecución de penas (4 por ciento) y 44 en etapa de investigación (1,35 por ciento). En tres casos, además, se aplicó la terminación anticipada (0,09 por ciento).

Aunque ha habido condenas históricas, como la del estadounidense Thomas Michael Renno, quien deberá pagar 30 años y 6 meses de prisión por los delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años agravado, los depredadores siguen aprovechando los vacíos legales y las fallas en las investigaciones.

Renno venía entrando repetidamente a Colombia desde 2017 y su captura solo fue posible el año pasado. El hombre había entrado a Colombia al menos 65 veces desde el 2001.

“Falta más compromiso desde Migración Colombia, con la inisión de la gente que llega con antecedentes de violencia sexual. Creo que también los sistemas de información no están siendo analizados porque, si uno revisa la información turística para Medellín, uno se da cuenta de cuál es la edad de los que más viajan, cuánto gastan, dónde se quedan, a qué vienen, qué otra ciudad visitaron (...). Creo que de ahí uno podría deducir muchas cosas y entender cuáles deberían ser las políticas para el ingreso de estos personajes”, aseguró al respecto Jazmín Santa Álvarez, docente investigadora de la Universidad Pontificia Bolivariana.

Según las cifras recopiladas por la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, en 2023 cinco extranjeros fueron capturados por delitos sexuales, mientras que en 2024 se registraron 23 capturas por estos crímenes. Se trata de una variación del 360 por ciento entre un año y otro.

En 2023, en los meses de agosto y septiembre, EL TIEMPO reportó los casos de las capturas de dos ciudadanos extranjeros, un estadounidense y un indio, en Medellín, quienes fueron vinculados a procesos judiciales por delitos de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.

Según las declaraciones de testigos y víctimas, los hombres habían ado a menores de edad a través de redes sociales para ofrecerles dinero a cambio de tener relaciones sexuales. Los extranjeros fueron procesados e incluso uno de ellos, el estadounidense, fue enviado a prisión.

En la sustentación de los casos ante los jueces, la Fiscalía no logró sustentar sus acusaciones. Ni los elementos probatorios que en su momento fueron revelados ante el país ni los antecedentes de los dos hombres fueron suficientes.

En el caso del estadounidense, las autoridades habían determinado que supuestamente ó por redes sociales a adolescentes de Medellín entre los 14 y los 17 años para sostener relaciones sexuales a cambio de dinero, una cifra que según testimonios ascendía a los 250.000 pesos colombianos. Además, se conoció que una de las presuntas víctimas denunció los hechos ante las autoridades y la información dio pie para que se avanzara en la investigación. 

El hombre les habría impuesto a sus víctimas exigencias en términos de vestimenta y comportamiento durante los encuentros, que ocurrieron en una propiedad en el cercano municipio de Bello.

La investigadora Jazmín Santa afirma que hay varias razones que atraen a este tipo de depredadores a la capital antioqueña: “Se ha vendido un estereotipo de la mujer paisa. También tenemos que reconocer que esta ciudad tiene muy fácil a las sustancias psicoactivas. Se ha naturalizado su consumo y eso es como un gancho que trae a los extranjeros”.

Personas que luchan contra este flagelo aseguran que muchas veces las autoridades colombianas optan por el tratamiento dado al llamado ‘demonio de Taganga’, el israelí Assi Moosh, quien estuvo por más de una década en el país y era la señalada cabeza de una red de turismo sexual que victimizaba menores de edad, pero no fue procesado ni juzgado en Colombia a pesar de su amplio historial criminal. En el 2017 se optó por deportarlo a su país y prohibirle el regreso por un periodo de 10 años.

En el 2019, Moosh reapareció en Portugal, donde lo liberaron de nuevo porque finalmente las autoridades colombianas no enviaron a tiempo la documentación requerida para procesarlo por su señalada participación en la red de explotación sexual y de venta de narcóticos en Taganga.

El año pasado, en mayo, Migración capturó y expulsó a un australiano, Charlie Hardy, que estaba en Santa Marta y había sido denunciado en Medellín por buscar servicios sexuales de menores de edad. A pesar de que su nombre aparecía en listas de alerta internacionales sobre posibles delincuentes sexuales y de las denuncias en la capital de Antioquia, finalmente se optó por la salida rápida de la deportación.