La cumbre de gobernadores en Rionegro los días 8 y 9 de mayo dejó al desnudo las actuales problemáticas de las regiones. Es claro que estas no son causadas por el actual gobierno, sino que vienen acumulándose desde hace tres década; es decir, lo que tiene de vida nuestra Constitución política.
En efecto, son el resultado de la radicalización de un presidencialismo desbordado, incluso, mucho más radical que el que fue promovido por la Constitución de 1886.
Antes de continuar, quisiera ser vehemente dejando explícito que el centralismo no obedece a una condición geopolítica. Señalar a “Bogotá” como responsable de dicha centralización, más que equivocado es injusto. El origen de este equivocado modelo está en considerar que el poder presidencial determina el desarrollo de la población y el territorio.
En esa lógica no se toma la más mínima precaución de entablar un diálogo con las istraciones regionales, ampliamente conocedoras de los contextos y problemáticas locales. El problema de Colombia no es Bogotá; es el modelo centralista y aún más, las élites ocultas que se benefician de este e incrementan día a día las brechas de desigualdad y los índices de corrupción. Es tan perversa y cerrada la dinámica que incluso el centralismo tiene jodido a Bogotá.
De esta mentalidad gubernamental destaco tres visos:
1. Se asume que la corrupción es un fenómeno regional ,y por consiguiente de las clases políticas en los territorios. Esto no es más que un estigma. Los escándalos de corrupción más grandes del país están en el nivel central, en donde la concentración de recursos establece mayores costos de transacción entre el poder ejecutivo central y el legislativo (mermelada). Este último establece no sólo la aprobación de planes de desarrollo, que a pesar de que deben ser concertados con las regiones, en la práctica se imponen.
2. Hay una política de zanahoria y garrote con los mandatarios locales que intenta dosificar la politización para la asignación de los recursos, de acuerdo con los intereses del gobierno de turno.
3. El aumento de la corrupción técnica es causada por los altos costos de la intermediación y la poca comunicación entre los diversos niveles de gobierno nacional, departamental y municipal, como lo hace explícito un informe de Transparencia por Colombia, titulado: “reflexiones sobre las causas de la corrupción y los medios para enfrentarla”.
Vamos a las cifras. En el foro “Colombia autonómica, una libertad para ser”, Héctor Quintero evidencia el centralismo con datos específicos. El incumplimiento del artículo 1 de la Constitución se pone de presente, por ejemplo, en un hecho dramático. Bogotá recauda 81.5 billones de pesos, pero los recursos asignados son de tan solo 3.4 billones.
Se supondría que los recursos se distribuyen a los territorios de frontera; sin embargo, no es así, muestra de ello, es Vaupés que recauda 0.005 Billones y recibe 0.115. Otra evidencia es Antioquia que recauda 22.2 billones y recibe 4.8 y, Valle del Cauca 17.1 billones y sólo dispone con dicho recaudo de 2.9, en comparación con Guainía, donde la relación es de 0.008 billones y, su disposición es de 0.115.
Un Estado centralizado es más costoso burocráticamente, lo que resta recursos necesarios de inversión.
Para completar el panorama, vale la pena releer sobre las condiciones de pobreza rural que presenta el informe de Cepal: en 2020 la pobreza urbana alcanzó el 37.9% y la rural 46.3%, estableciendo una brecha de más de 8 puntos porcentuales.
La pregunta sustancial que se puede hacer un lector desprevenido es: y ¿dónde está la plata? El gasto centralizado no garantiza la superación de la pobreza rural y urbana de las regiones. Un Estado centralizado es más costoso burocráticamente, lo que resta recursos necesarios de inversión.
El diario La República muestra cómo el gasto en funcionamiento para 2021 alcanzó 211 billones de pesos, de los 371 billones presupuestados. ¿Cómo es posible eso? La hiperburocratización del Estado está llevando a nuestra nación a la bancarrota. Es necesario replantear no solo el modelo de Estado sino el gasto fiscal. La riqueza nacional se está yendo en la dirección incorrecta. ¿Por qué tanta desigualdad en Colombia? Una de las razones está en el gasto burocrático, muchas veces con fines políticos.
El creciente gasto burocrático no les permite a las regiones adelantar sus planes de desarrollo departamentales con recursos orientados a reducir la pobreza urbana y rural. Así, el centralismo, bajo la premisa de controlar de manera homogénea el desarrollo diversificado de regiones tan heterogéneas, viene produciendo más pobreza y atraso. Las regiones están siendo asfixiadas.
En una columna anterior preguntaba ¿Quién teme al federalismo? Y aquí sigo insistiendo y ampliando los interrogantes: ¿dónde están los recursos de las regiones? En efecto, los recursos deben estar en las dinámicas de gobierno, que son propiedad de quienes temen al federalismo.
Me refiero a que el manejo del gasto central ha sido un mecanismo que se ha radicalizado en los últimos 30 años, lo que ha supuesto generación de incentivos al interior de las regiones en función de afiliación política con el gobierno de turno. Este argumento recurrente de centro de poder con alta acumulación tanto de poder social y político, se ha vuelto dogmático y, justifica los medios por los cuales se desprovee a las regiones de un desarrollo acorde a sus propias dinámicas y comprensiones del territorio.
Se podría decir, que un punto de partida necesario es una reforma a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 1454 de 2011. En síntesis, no supone solamente autonomía y descentralización, supone reconocimiento y federalización con las herramientas de la actual constitución política; ¿Acaso la finalidad de los gobiernos no debe ser otra que el desarrollo humano en las regiones? ¿Quiénes les hacen trampa a las regiones?
Pablo Jaramillo Arango
C. Doctor en Estudios Políticos y Jurídicos