Paro armado deja 8 muertos; zonas afectadas empiezan a normalizarse

Los municipios afectados por el paro armado del ‘clan del Golfo’ este lunes comenzaron a volver a la normalidad, pues las acciones violentas, a propósito de la extradición de su cabecilla, Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, a Estados Unidos, ya habrían terminado.

Pero esta normalidad se está haciendo de forma paulatina, pues persiste el temor en algunas localidades de Antioquia, Córdoba, Bolívar y Sucre, que fueron los más afectados por los hechos que se iniciaron el jueves.

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Uno de quienes informaron que el paro había finalizado fue el obispo de Apartadó, monseñor Hugo Alberto Torres Marín, que incluso le había pedido al clan, un par de día atrás, que cesara la violencia. “Amigos del Urabá-Darién, si por un comunicado nos acogimos a una orden de paro, por otro comunicado, de iguales características, acogemos la noticia del fin del paro”, dijo.

Sin embargo, este lunes se presentó en Antioquia un ataque que dejó dos muertos, por lo que las autoridades siguen en alerta y aseguran que no bajarán la guardia.

Durante estos días, en total, han fallecido 8 personas producto de las acciones violentas del grupo armado; cinco de la fuerza pública y tres civiles. 

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Según el último reporte de las autoridades, durante cinco días se cometieron 190 hechos violentos en 101 municipios de 10 departamentos. Estos actos se centraron en quema de vehículos. Fueron incinerados 187, lo que provocó temor entre los conductores y que, incluso, en algunos municipios del sur de Bolívar comenzaran a escasear algunos alimentos. En otros de Antioquia hubo problemas en el suministro de gas natural, pero este lunes se había normalizado la distribución.

De otro lado, se reactivaron las terminales de transporte, que incluso dejaron de vender tiquetes a algunas regiones. No obstante, el flujo de pasajeros de este lunes fue bajo.

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, fue crítico sobre la capacidad del Estado para hacerle frente a esta organización criminal y reconoce que hay “falencias”. “Una de las primeras obligaciones de un Estado es el control territorial, y aquí hemos tenido falencias. Lo que este caso nos tiene que llamar es a una reflexión profunda sobre una estrategia de corto, mediano y largo plazo del Estado en su conjunto, para tener un verdadero control del territorio”, dijo a Noticias Caracol.

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Entre otras acciones, se presentaron tres homicidios de civiles en Copey, Cesar, y Cereté y Puerto Libertador, Córdoba. Así mismo, fueron asesinados tres de la Fuerza Pública: un policía en Yalí, Antioquia, y dos militares en Tierralta, Córdoba, y Bojayá, Chocó.

Para hacerle frente al paro, la Fuerza Pública realizó 391 caravanas a fin de garantizar la seguridad en las vías y poder abastecer de alimentos y otros insumos a las regiones afectadas. En total se acompañó a 14.516 vehículos, lo que representó 25.432 pasajeros y 159.922 toneladas de carga.

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Y fueron desplegados 19.729 uniformados en los municipios. Respecto a capturas, la Policía ha detenido a 102 personas que estarían involucradas en estos hechos violentos, y las Fuerzas Militares a otras 73, para un total de 175.

Para neutralizar este grupo, el Gobierno ha venido tomando una serie de medidas durante los últimos días: aumentó las recompensas por sus cabecillas, ‘Siopas’ y ‘Chiquito Malo’, herederos de ‘Otoniel’, por quienes ahora hay hasta 5.000 millones de pesos, y se creó un bloque de búsqueda especial. “Nadie va a poder con el Estado colombiano, estaremos doblegándolo”, aseguró el presidente Iván Duque al término de un consejo de seguridad realizado este lunes en Carepa, Antioquia.

El Presidente señaló que se verá un despliegue “nunca visto” contra los integrantes del ‘clan del Golfo’, con actividades de extinción de dominio, pagando recompensas y las operaciones que adelantará el bloque de búsqueda, “uno hacia los jefes y otro hacia la estructura”. Duque también confirmó que serán extraditados 16 integrantes del ‘clan del Golfo'.

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El bloque cuenta con 700 hombres de la Policía y 720 del Ejército y, de acuerdo con el jefe de Estado, deberán acabar con la red criminal, de la cual, desde que asumió su mandato, ha logrado afectar con la captura e 2.800 hombres, entre ellos “110 cabecillas”.