Los problemas regionales que salieron a flote con el paro nacional

El paro nacional, que empezó hace un mes con el inconformismo por la reforma tributaria, ha generado una explosión de reclamos en las regiones.

La comunidades han protestado y bloqueado vías esporádicamente no solo para pedir grandes reformas sino también por temas como los cobros de peajes, mal estado de vías, problemas de viviendas, falta de agua potable y la creación de sedes universitarias.

Uno de los casos más llamativos se da en San Alberto (Cesar), donde han bloqueado en varias ocasiones la ruta del Sol, la principal vía del país a la Costa, para pedir mejoramiento de agua, programas de viviendas, una universidad y hasta el retiro de cámaras fotomultas.

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La diversidad de estas peticiones, que algunas son tratadas en mesas de negociación regionales, mostrarían, según expertos, que paralelo al paro nacional hay pequeños paros de comunidades que aprovecharon la coyuntura para que sus problemas sin resolver tuvieran visibilidad.

En palabras del analista político Carlos Arias, estas protestas locales pueden no ser nuevas, pero como están enmarcadas dentro del paro nacional y un sentimiento de indignación nacional, las personas en las regiones sienten que por primera vez en las grandes ciudades tienen la misma indignación que ellos han tenido históricamente.

De alguna u otra manera, dice Arias, el paro los motivó a retomar viejas luchas locales.

“Eso hace que las protestas en las regiones por fin se hagan visibles y tengan un eco. Es decir, ahora sienten que sus manifestaciones de indignación, su grito de protesta, ya tienen un eco porque se ve en las redes sociales, porque se ve en las grandes capitales y en los medios de comunicación”, explicó.

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Uno de los temas que más ha generado protestas y bloqueos en el país ha sido el de la ubicación y la tarifa de los peajes y el mal estado de las vías.

En Antioquia, manifestantes quemaron el peaje de Niquía, llamado ‘peajito social’, ubicado en una zona urbana y que se esperaba que fuera retirado por la ANI a finales de año.

El peaje había sido blanco de quejas de alcaldes de la zona, que consideraban que era un cobro injusto por su ubicación y la cantidad de peajes que hay en la zona.

En los Llanos el tema también ocupa los primeros lugares de la lista de peticiones de los manifestantes y los transportadores reclaman una reducción del 50 por ciento de la tarifa de los peajes en el Meta y el congelamiento de tarifas durante diez años.

Una situación similar ocurre en el Huila, donde hay unos 20 bloqueos. “Las vías están llenas de casetas de cobro, una está a escasos kilómetros de la otra y eso tiene muy inconforme al gremio de los camioneros que solo trabajamos para pagar combustibles y peajes”, dijo Yerson Salazar, un camionero de Neiva. 

Sin embargo, algunos gremios y otros sectores argumentan que los peajes son necesarios para financiar las vías del país, como las 4G.

Frente a la posibilidad de no cobrarlos, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, argumenta que esto llevaría al Gobierno a buscar recursos que equivalen a unas tres reformas tributarias. En promedio un cambio del estatuto tributario recauda en promedio entre 6 y 7 billones de pesos.

“Sin un esquema como el de APP (Asociación Público Privada) con financiamiento de peajes, el salto en infraestructura no se hubiera dado y se retrasaba el desarrollo”, aseguró a EL TIEMPO.

En ese sentido opinó el presidente ejecutivo de la Cámara Colombia de la Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo Ferrer. "Sin recaudo de peajes, la única forma de suplir ese ingreso es a través de impuestos, lo cual demandaría el trámite de varias reformas tributarias. Entonces, ¿será justo que, vía tributos, terminen pagando todos los colombianos por la construcción, el mantenimiento y operación de las carreteras, incluso aquellos que no transitan por las vías concesionadas?" 

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Los problemas con algunos sectores del agro también salieron a flote. En Huila, los cultivadores de café y arroz, que llevan años declarándose en crisis por los Tratados de Libre Comercio y los altos precios de los insumos, se unieron al paro nacional.

Martín Vargas, líder agrario de Campoalegre, dice que el arroz se cultiva a pérdidas ya que los costos de producción de una hectárea son de 8,5 millones de pesos, mientras que los ingresos por ventas son de unos 7 millones.

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Entre las promesas locales sin cumplir que volvieron a surgir en la manifestación se encuentra la petición de los jóvenes del Meta y del Guaviare del inicio de la construcción de las sedes de la Universidad de los Llanos en La Macarena y San José del Guaviare, compromisos adquiridos por la universidad en la protesta de estudiantes del 2019.

Y el conflicto también ha generado marchas. En Córdoba, 400 indígenas emberas katío del Alto Sinú se movilizaron y protestaron en la Gobernación de Córdoba y la Alcaldía de Montería por respuestas a peticiones hechas hace un mes para solucionar problemas en Tierralta, en el sur del departamento, debido al conflicto en su territorio que libran grupos ilegales y la fuerza pública.

También los indígenas de Antioquia se movilizaron hasta Medellín para dialogar con las autoridades municipales y departamentales para pedir mejoramiento de vivienda, infraestructura y oferta educativa para esta población. 

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En los bloqueos también se han mezclado conflictos laborales que han afectado el transporte de carbón, como en La Guajira, donde cerca de 226 extrabajadores del Cerrejón, protestan desde el pasado 5 de mayo en la línea férrea por donde es llevado el mineral a Puerto Bolívar, pidiendo su reintegro, con el argumento de que fueron despedidos sin justa causa.

En este mismo departamento, un grupo de indígenas wayuu bloquearon la vía a Uribia-Whinpeshi para impedir los trabajos de construcción de un parque eólico por parte de la empresa Enel, argumentando que no fueron consultados.

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El analista Arias dice que si bien muchos de estos casos regionales estarán afectados con cada decisión que se tome durante las negociaciones con el Comité Nacional del Paro, para ellos es muy importante solucionar los problemas por los que llevan protestando años, pero solo hoy son visibles.

“Pero esa solución no la van a encontrar en el Gobierno Nacional, sino que la van a encontrar en sus alcaldes y gobernadores”, comentó el analista. 

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