Gremios del Cauca advierten sobre decreto que pone en riesgo la propiedad privada

Gremios y empresas del Cauca, manifiestan su preocupación por proyecto de decreto que disminuye garantías a los propietarios en procesos de extinción de dominio.

Se trata del proyecto de decreto reglamentario del artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

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Según los gremios y empresas reunidos en el Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, “el articulado actual del decreto pone en riesgo el derecho constitucional a la propiedad privada al dejar en manos de funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras procesos de extinción de dominio por incumplimiento de la función social o ecológica, los cuales hoy son atendidos por Jueces de la República”.

“Consideramos que no es procedente que la Agencia Nacional de Tierras, que debe cumplir unas metas de compra y entrega de tierras en el marco de la Reforma Rural Integral, sea la misma entidad que decida la extinción de dominio sobre predios de acuerdo con causales cuya definición y criterios no son claros en el marco normativo propuesto en el borrador de decreto”, expresaron los gremios y empresarios a través de un comunicado.

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“De esta forma, la ANT entraría a actuar como juez y parte en los procesos de extinción de dominio, vulnerando el debido proceso a los propietarios, sobre los cuales, además, recae la carga de la prueba de acuerdo con el texto proyectado en el decreto. Esto, en la práctica, significará que propietarios de todo el país se enfrentarán a vender de forma obligada, por un precio inferior al avalúo comercial, so pena de perder sus predios sin compensación alguna”, agrega el texto.

De acuerdo con el Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, “comprenden” la importancia de impulsar el desarrollo y la productividad del campo colombiano, especialmente en un departamento con un alto potencial agrícola como el Cauca; sin embargo, advierten que esta iniciativa “no debe resultar en la pérdida de derechos fundamentales de los propietarios”.

“Expresamos que resulta paradójico este proyecto de decreto, teniendo en cuenta que el propósito de la reciente creación de la jurisdicción agraria, aprobada por el Congreso de la República en junio pasado, fue precisamente que esta entidad se encargara de tramitar por vía judicial los procesos agrarios, evitando así que el Gobierno Nacional, por medio de la Agencia Nacional de Tierras, se convierta en juez y parte en la definición de los conflictos agrarios y de tierras en el país”, finaliza el comunicado.

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Gerardo Arroyo, director Ejecutivo del Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, tilda esto como “una amenaza de usurpación de poder del Ministerio de Agricultura a través del Proyecto de Decreto Ley que aplicará extinción de dominio a los pequeños, medianos y grandes productores agropecuarios del país que no exploten sus predios o tierras y cometan delitos ambientales, además de obligarlos a vender sus predios o tierras a la ANT por debajo del valor del avalúo”.

“Dicho proyecto es inconstitucional a toda luz, violatorio del debido proceso y de la independencia de poderes, porque da expreso y único poder a la Agencia Nacional de Tierras-ANT (Gobierno Nacional) para que sustituya el poder Judicial y aplique la extinción de dominio sin las garantías del debido proceso”.

“Este proyecto de Decreto Ley, se origina por la Ley 2234 del 2023 Plan Nacional de Desarrollo-PND, artículo 61, parágrafo 3ro, esto es una nueva amenaza a la propiedad privada, a la independencia de poderes, a la institucionalidad, ya que crea un mecanismo para aplicar extinción de dominio sin la posibilidad de que los propietarios y/o tenedores tengan un debido proceso”, explica Arroyo.

Por su parte, el Gobierno, especifica en detalle las causales de extinción de dominio del decreto que existen.

De esta forma, el funcionario que tome la decisión sobre los casos no las interprete a su criterio, sino que las causales estén mucho mejor explicadas. Así, a su vez, las oposiciones también podrán ser más claras.

“En este decreto se reglamentan los procesos agrarios de competencia de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), con el ánimo de poder cerrar una dispersión normativa que se había dado previamente y generar unos mecanismos más ágiles y eficientes que permitan cumplir la meta de las 500.000 hectáreas al año durante los tres años de Gobierno que quedan para llegar al 1.500.000 hectáreas, que es la apuesta de la reforma agraria”, dijo sobre el proyecto de decreto la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica.

Además, la funcionaria precisó que “no se trata de facultades expropiatorias, no es la expropiación exprés, son facultades istrativas de la ANT en torno a la finalidad trazada constitucionalmente de hacer que la propiedad cumpla una función social y ecológica”.

El proyecto de decreto incluye que el propietario a quien se le aplicaría la extinción de dominio podrá optar por vender su predio a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y así la extinción quedaría suspendida. Si el propietario decide venderlo de forma anticipada, se le pagará al 80% del avalúo comercial; si lo hace cuando el proceso esté más avanzado, se le pagará al 60%.

Según el Gobierno, la medida no tiene antecedentes en el país, pues, aunque el propietario esté incumpliendo la función social de la propiedad y se le pueda aplicar el proceso agrario, podrá optar por venderlo.

MICHEL FRANCOIS ROOLEROUX HALABY

POPAYÁN