La Procuraduría General de la Nación confirmó la denuncia que desde hace tiempo vienen haciendo reclusos y sus familias respecto a las precarias condiciones en las que permanecen dentro los centros transitorios de detención en Santa Marta.
El ministerio público lideró una inspección al Centro de Traslado por Protección 1 y 2 de Santa Marta, destinado a las Personas Privadas de la Libertad (PPL) en calidad de indiciadas.
En un comunicado de prensa alertó sobre serias irregularidades que detectó y que amenazan la vida e integridad de los reclusos, guardianes y visitantes.
Durante su visita, la comisión descubrió que los encuentros familiares, que incluyen la presencia de menores, coinciden en tiempo y espacio con las visitas conyugales, en las cuales los reclusos mantienen relaciones sexuales.
Además, se evidenció la falta de elementos de bioseguridad para los policías encargados de la vigilancia, exponiéndolos a riesgos innecesarios. Dentro del centro, diseñado para 150 personas se contabilizaron unos 258, lo cual es una clara evidencia del hacinamiento que existe.
Igualmente se encontraron conexiones eléctricas precarias que podrían desencadenar incendios.
La escasez de agua en los inodoros del nivel superior genera condiciones insalubres y riesgos de enfermedades
“La escasez de agua en los inodoros del nivel superior genera condiciones insalubres y riesgos de enfermedades”, expresó la Procuraduría.
También se detectaron casos de PPL con VIH y otras afecciones sin la debida atención médica antes de nuevos ingresos, lo que potencialmente amenaza a la comunidad carcelaria.
En cuanto a la alimentación, se hallaron deficiencias y quejas sobre su calidad. “La falta de implementos en la cocina obliga a permitir el ingreso de objetos peligrosos, como cuchillos y tenedores, que podrían utilizarse como armas”, anotó el ministerio público.
Ante esta preocupante situación, la Procuraduría Regional de Magdalena convocó una mesa de seguimiento con la participación de entidades como la Secretaría de Seguridad y Convivencia, Personería, Defensoría del Pueblo, Fiscalía e Inpec, buscando soluciones inmediatas para abordar la crisis en el centro penitenciario.
Roger Urieles
Para EL TIEMPO Santa Marta
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