La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra agentes por establecer de la Policía Metropolitana de Cartagena, por un presunto abuso de autoridad durante un procedimiento en un establecimiento de comercio ubicado en el Centro Histórico de la ciudad.
Al parecer, según el ministerio público, los agentes se habrían extralimitado al momento de retirar del local a una mujer que reclamaba su liquidación laboral, pues la esposaron a pesar de tener una bebé en sus brazos y estar acompañada por otro menor de edad.
Vea el momento en que esta madre es sacada esposada del Centro Comercial La Serrezuela, en Cartagena
Con la apertura de la indagación preliminar, el Ministerio Público busca verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, identificar a los agentes comprometidos en la aparente situación irregular y establecer si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad disciplinaria.
“Mis problemas empezaron cuando presenté una tutela porque no me tenían con seguridad social y estaba embarazada. Entonces, cuando regreso de mi licencia, la empresa ordena trasladarme a Yopal (Casanare) con una bebé de 6 meses y con un niño de 5 años, yo además ni sabía en dónde era Yopal”, señaló en entrevista con EL TIEMPO la joven, que se ha convertido en símbolo de la clase trabajadora.
La Defensoría del Pueblo sigue acompañando a la mujer
La Defensoría del Pueblo, en comunicado de prensa, informó que mantiene una asesoría legal en el proceso de Wendy Norelys Álvarez Sarmiento, la mujer que aparece en el video, quien viene reclamando el pago de sus prestaciones sociales desde hace dos años.
“Trabajé para esta empresa un año y seis meses, y ya han pasado dos años desde que esta empresa me despidió sin justa causa y quieren pagar mi liquidación. Yo puse tutelas y demandas pero ellos no responden y usan todo su poder para atropellar mis derechos como trabajadora”, señala la mujer de 36 años.
Según la Defensoría del Pueblo, desde febrero de este año han realizado acciones en pro de que se le cumpla con los derechos a esta señora, pero a pesar de un fallo de una acción de tutela a favor de la mujer, del 14 de mayo de este año, y de un trámite de incidente de desacato, la empresa no cumplió con sus obligaciones.
En un documento interno de la Defensoría se informa que 'a pesar de existir un fallo de tutela y un requerimiento por desacato, nunca se obtuvo una respuesta de parte de su exempleador, por lo que se procedió desde la Regional Bolívar a interponer Demanda Ordinaria Laboral, en la cual se busca, entre otras pretensiones, el pago de las acreencias laborales e indemnizaciones de ley, la cual correspondió al juzgado 8 laboral del circuito de Cartagena'.
Además se indica que “la demandada Sonen Internacional SAS, tenía hasta el 15 de noviembre de 2022 para presentar contestación de demanda, pero al observar el link del expediente digitalizado del juzgado se evidencia que no presentó contestación. En tal sentido, se le solicitó al juzgado fecha para llevar a cabo AOC y Trámite y Juzgamiento, fecha que está a la espera de ser fijada por el juzgado, ya que depende de los turnos que tengan en el mismo”.
A través de estos procesos legales y ante las nuevas circunstancias, la Defensoría del Pueblo sigue acompañando a la ciudadana venezolana en defensa de sus derechos y los de sus hijos menores de edad.
A propósito, la Regional Cartagena envió hoy un requerimiento a la Policía Metropolitana de ese departamento en el que se hace un llamado a la manera como se trató a la mujer y a sus dos hijos menores de edad, se “solicita se investiguen los hechos denunciados y se tomen las acciones que considere pertinentes para evitar procedimientos que pongan en riesgo los derechos fundamentales de las mujeres y de los niños”.
Indica también la Defensoría del Pueblo que “todo procedimiento debe garantizar un trato digno, humanizado y diferenciado, con enfoque de género y con enfoque de derechos humanos, toda vez que estamos ante una mujer en condiciones de vulnerabilidad que en un acto desesperación sólo buscaba respuestas efectivas a una situación que afecta sus derechos laborales, y con ello su calidad de vida y la de su familia”.
La Defensoría, a través de la Delegada para los Derechos Económicos Sociales y Culturales, continuará brindando acompañamiento hasta que se logre el cumplimiento de los derechos de la mujer y sus hijos.
Cartagena