La Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante un juzgado para más de 26.000 hectáreas de cien familias del pueblo sikuani, de Meta y Vichada, víctimas de confinamiento, despojo y abandono por acciones de narcotraficantes, guerrilleros de las Farc y grupos de autodefensa.
Las afectaciones se produjeron desde el año 1991 hasta el 2021 en el territorio conformado por 425 personas del pueblo sikuani que representan 100 familias, organizadas en 20 comunidades en los municipios de Puerto Gaitán (Meta) y Cumaribo (Vichada).
La demanda la radicó la URT ante un juez Civil del Circuito Especializado de Villavicencio y pretende reclamar 26.617 hectáreas y 5.538 metros cuadrados del territorio colectivo de iwiwi y alto patenae.
El informe de caracterización realizado por el equipo étnico de la URT estableció que esta comunidad ha sufrido al menos 25 ataques o afectaciones que iniciaron a comienzos de la década del 90, con la presencia de dos pistas clandestinas al servicio del narcotráfico, las cuales eran vigiladas por grupos paramilitares que impedían el paso del pueblo sikuani hacia la vereda de Planas, ocasionando el confinamiento.
Posteriormente y tras la constitución del Resguardo, hizo presencia la guerrilla de las Farc, que circulaban en las zonas aledañas y luego, con el auge de los cultivos ilícitos, ingresaban al territorio, obligando a las comunidades a vincularse a la actividad ilegal y restringieron las actividades de subsistencia, afectando de esta manera, el gobierno propio.
En 1993 el ejército realizó aspersiones de glifosato sobre el territorio colectivo iwiwi y alto patenae lo cual causó un grave impacto en la flora y los caños utilizados por los pobladores ancestrales, ocasionando afectaciones ambientales para la comunidad.
En los años siguientes, el pueblo sikuani fue objeto de reclutamiento y de todo tipo de desmanes por parte de la guerrilla y de los paramilitares.
La afectación más reciente fue en 2022, cuando las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) o 'clan del Golfo' realizaron señalamientos y amenazas, por medio de un audio de WhatsApp, contra de la guardia indígena.
Por esa razón, la URT radicó la acción judicial con la que busca amparar el derecho fundamental a la restitución de los derechos territoriales del pueblo indígena Sikuani, además que en concertación con las comunidades del territorio colectivo de Iwiwi y Alto Patenae, culmine el proceso de ampliación, solicitado desde el año 1987 y reiterado en 1992.
Además, que realicen acciones informativas, en el marco de una estrategia pedagógica y de sensibilización con la población campesina inmersa en el Resguardo y los colindantes en las zonas de mayor presión colonizadora para que, con un enfoque de derechos y de reconciliación, se informe y sensibilice acerca de la condición legal y cultural de los territorios indígenas.
NELSON ARDILA ARIAS
Para EL TIEMPO
VILLAVICENCIO
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