MinAmbiente retoma proceso para determinar nuevo límite de Santurbán

Luego de que el proceso para determinar la nueva delimitación del Páramo de Santurbán fuera interrumpido en medio de la contienda electoral del año pasado, este 8  de febrero, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ricardo Lozano, visitó el municipio de Pamplona, Santander, para retomar la preparación de la Fase de Concertación con la comunidad, desde allí, anunció el primer encuentro municipal en Matanza (Provincia de Soto Norte) el cual se llevó a cabo el 9 de febrero, esta reunión fue el inicio de una agenda que se desarrollará en los 40 municipios que integran el Páramo de Santurbán.

Este proceso se adelanta luego de que en el 2017 la Corte Constitucional considerara que la delimitación vigente, expedida en el 2014 por el Ministerio de Ambiente (que determina que el límite inferior actual de Santurban está entre los 2.800 y 3.100 m. s. n. m) vulneró el derecho a la participación de la comunidad que habita en el Páramo y sus alrededores. Por esta razón, el Ministerio está agendando estos encuentros con los que no solo se espera fortalecer la participación sino también apoyar el proceso de fortalecimiento en la información técnica de las comunidades.

En medio de esta reunión, que contó con la participación de los nuevos mandatarios locales y de la comunidad de los seis municipios de la provincia de Soto Norte, el Ministro escuchó las preocupaciones de los habitantes quienes hicieron un llamado a que se respeten actividades, como la minería tradicional y la agricultura, que son el sustento económico de miles de familias que habitan dentro del Páramo de Santurbán.

Por su parte, Lozano aclaró que “lo primero es la gente y por eso estamos hoy escuchando a las comunidades, actores claves en este ejercicio de participación y construcción colectiva para la nueva delimitación del Páramo de Santurbán, somos enfáticos en reiterar que no vamos a sacar a nadie del páramo. Son las comunidades los guardianes de nuestra riqueza y con ellos vamos a trabajar por su protección”.

El Ministerio de Ambiente ha venido adelantando una agenda estructural que no solo permita establecer el que sería el límite definitivo de este ecosistema sino que garantice un proceso “amplio, participativo, eficaz y deliberativo” que dé respuesta a las consideraciones que hizo la corte en la sentencia T-361 de la Corte Constitucional.

Este proceso ha atravesado diferentes fases. La primera, concentrada en la participación, en la que se adelantó una convocatoria abierta con toda la comunidad que tenga una posible afectación por la decisión, esto garantiza que los habitantes tengan a espacios de diálogo a lo largo de toda la agenda.

La segunda, que también es transversal a todo el proceso, se centró en la información, lo anterior, para que las personas pudieran tener datos y conceptos claves que les permitieran tener una participación efectiva.

Luego de este proceso vino la fase de consulta e iniciativa, en la cual la comunidad pudo emitir y formular opciones, acciones y hasta alternativas de delimitación. Esta etapa se adelantó en los 40 municipios que tienen injerencia en el Páramo. En total se recibieron 3.200 propuestas.

En cuarto lugar está la concertación, fase que está en preparación en la actualidad, y que consiste en que las autoridades y los agentes participantes puedan llegar a un acuerdo mediante procesos de diálogo. Luego de esto vienen las observaciones al proyecto istrativo, fase en la que se tomará la decisión definitiva de acuerdo a los insumos recogidos en las anteriores etapas. Finalmente, está la expedición de la resolución y la implementación de los acuerdos que se logren dentro de todo el proceso con la comunidad.

Para los habitantes de la provincia de Soto Norte la principal preocupación es que la nueva delimitación no tenga en cuenta las actividades que por años ha desarrollado la comunidad. Según Angélica María García, personera del municipio de Vetas “la gente tiene un alto grado de preocupación con lo que va a pasar, necesitamos planes de manejo minero ambientales que permitan desarrollar actividades como la minería de forma responsable con el medioambiente”. Además, agregó que la comunidad busca “un consenso en donde se tenga en cuenta a quienes han vivido toda la vida en la provincia”.

Por su parte, Myriam Delgado, personera municipal de Tona, aseguró que “se deben garantizar los derechos fundamentales de las comunidades”, enfatizando que “nos preocupa que los planes de sustitución y restitución de actividades no se desarrollen a largo plazo, y la comunidad quede afectada sin oportunidades de trabajo y de calidad de vida”. Así mismo, resaltó que “hay que reconocer el trabajo que viene haciendo el Ministro de escuchar a las comunidades y tener en cuenta sus preocupaciones”.

Adicionalmente, Karem Piña, personera de Matanza, resaltó que “el Páramo lo ha protegido la comunidad todo el tiempo, existe porque la gente lo ha cuidado desde hace muchos años” y alertó sobre el turismo sin control que está afectando en estos momentos a Santurbán: “cada fin de semana llegan buses con turistas que suben al Páramo y dejan basura, no sabemos qué hacer porque luego de que se van es la comunidad la que sube a limpiar todo”.

Piña agregó que aunque esta reunión se dio en términos respetuosos, lo que más inquieta a los habitantes de Soto Norte es qué va a pasar con actividades que se desarrollan dentro de Santurbán como la minería, la agricultura y la ganadería que aunque tienen impacto sobre el ecosistema se han hecho desde hace cientos de años.

El páramo de Santurbán fue el primero en ser delimitado en Colombia. En el 2014, la resolución 2090 determinó que el límite más bajo de este ecosistema se halla a 3.100 metros sobre el nivel mar (m. s. n. m.), aclarando que existen algunas zonas cuya delimitación desciende hasta los 2.800 m. s. n. m. por las características de la vegetación, pero ¿qué relación tiene esto con el proyecto minero en Soto Norte?

Una de las polémicas que envuelven a Santurbán es la especulación sobre el desarrollo de explotación de oro a gran escala dentro del páramo. Sin embargo, el proyecto que Minesa (empresa que se encuentra a la espera de la licencia ambiental de la Anla) presentó al Estado y a la comunidad determina que la parte más alta de intervención, donde está la boca del túnel, está a la altura de Bogotá, a 2.640 m. s. n. m., es decir, 460 metros por debajo del límite del páramo.

De ahí va bajando a 2.200 m. s. n. m., donde está programada la planta de Suratá, hasta llegar al depósito, a 1.700 m. s. n. m.

REDACCIÓN EL TIEMPO.