Dimayor afirma que hay irregularidades en investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio en su contra

La División Mayor del Fútbol Colombiano se pronunció este jueves acerca de los avances de la investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio en contra de la entidad y de 16 de los clubes afiliados por vulnerar la libre competencia de los futbolistas.  

La Superintendencia Delegada para la Protección de la Competencia le recomendó a la SIC emitir sanciones contra los clubes, la Dimayor y dos expresidentes de la rama profesional (Jorge Enrique Vélez y Fernando Jaramillo), debido a la existencia de un "pacto de caballeros" para no contratar a los jugadores que hayan reclamado por sus derechos y hubieran tomado acciones legales o laborales contra sus antiguos empleadores. 

Entre los clubes investigados están Talento Dorado (Águilas Doradas), Cúcuta Deportivo, Boyacá Chicó, Unión Magdalena, Pasto, Envigado, Tolima, Once Caldas, La Equidad, Fortaleza y Alianza FC.

“Se habría obstaculizado intencionalmente la negociación de jugadores que actuaron en defensa de sus derechos”, aseguró la delegatura, que añadió que personas naturales como el expresidente Jaramillo y el máximo accionista del Cúcuta Deportivo, José Augusto Cadena, habrían “colaborado, facilitado o tolerado” la conducta. El informe tiene 366 páginas y detalla la conducta que, considera, merece castigo.

La Dimayor, en su comunicado., indicó: "La emisión del informe motivado es una etapa más dentro de un proceso extenso y complejo y no significa, en modo alguno, una sanción a los investigados dentro del trámite", y calificó las afirmaciones como "malintencionadas".

El comunicado de la entidad que maneja el fútbol profesional asegura que no han existido garantías procesales. "Expresamos nuestra profunda preocupación por la forma en que la Superintendencia para la Protección de la Competencia ha istrado este proceso desde su apertura en el año 2021. Hemos señalado diversas irregularidades y actuaciones que, a nuestro juicio, no se compadecen con las garantías procesales que deben primar en cualquier investigación istrativa", afirmó.

Además, la Dimayor recordó que en su momento se ofrecieron garantías para "promover el crecimiento y la sostenibilidad del fútbol profesional y, fundamentalmente, beneficiar a los jugadores", las cuales fueron inicialmente aceptadas, pero que luego fueron, según la entidad, fueron "ilícitamente revocadas".

"Es motivo de grave inquietud que, hasta la fecha, la SIC no haya resuelto problemas sustanciales y graves del trámite procesal. Los investigados aún no contamos con un integral, completo y oportuno al expediente. De hecho, algunos de los investigados solo pudieron tener parcial al expediente mucho tiempo después de haber vencido el plazo legal para la presentación de los descargos y la solicitud de pruebas, lo cual constituye una clara vulneración al derecho de defensa y al debido proceso", aseguró la Dimayor.

La entidad insistió en que "no se ha probado nada nuevo que sustente las acusaciones iniciales de un supuesto acuerdo" y que "El informe motivado publicado reconoce que solo hay un par de comunicaciones aisladas y no existe ningún elemento de juicio o prueba, que soporte la acusación de la SIC". 

"La Delegatura parece no se tomó el trabajo de examinar los miles de documentos, archivos, pruebas documentales, periciales, testimonios, ni ningún argumento o prueba aportadas por los clubes y personas naturales investigadas, llegando, básicamente, a las mismas conclusiones del pliego de cargos original", agregó la Dimayor. 

En el comunicado, la rama profesional calificó de "alarmante y completamente inaceptable" que la SIC, según ellos, haya entregado una versión del expediente a terceros que, a su vez, "lo pusieron a disposición del público en general, exponiendo datos personales sensibles de las personas naturales investigadas, de testigos, y muchas otras personas ajenas a la investigación". 

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