Procuraduría abre investigación en Risaralda por escenarios de Juegos Nacionales

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo Vargas, el director de la Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Risaralda (EDUR), Mauricio Alejandro Gallego Jiménez, y Carlos Riaño, Zamudio, interventor del proyecto para la adecuación de canchas de tenis en Pereira, para los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales Eje Cafetero 2023, financiado con $ 8.890 millones de regalías, por presuntas irregularidades en su formulación, aprobación, contratación y ejecución.

Esta decisión se dio luego de que la Procuradora Margarita Cabello Blanco, visitara el pasado 14 de septiembre el lugar en donde se construye este escenario deportivo, encontrando un gigantesco retraso, mayor al 93 por ciento, en la ejecución de la obra, que impedirá que sea entregada para el próximo 11 de noviembre, fecha en que comienzan los juegos nacionales.

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La procuraduría delegada para Seguimiento a Regalías estableció que el proyecto habría sido formulado por la Gobernación de Risaralda sin tener en cuenta las condiciones y cronograma técnico, que implicaban una ejecución de obras mínimo de 11 meses, con fecha de entrega el 31 de diciembre de 2023.

Dicha inconsistencia técnica no fue advertida por el EDUR, que firmó los contratos de obra con esa fecha de entrega, sin reparar en que los juegos se realizarán entre el 11 y el 25 de noviembre de 2023.

Del análisis hecho por los expertos de la Delegada sobre el proceso de planeación diseño y presentación del proyecto por parte de la Gobernación de Risaralda, para aprobación ante el OCAD Región Eje cafetero, se puede concluir que esa entidad lo habría promovido como una iniciativa de gran impacto regional, precisamente por estar destinado a albergar los Juegos Nacionales, a pesar de que la fecha de entrega de las obras era posterior a dicho certamen.

Con esta calificación y la presentación de un cronograma de trabajo diferente al planteado en principio, con fecha de entrega en los primeros días de noviembre, los representantes del gobierno departamental habrían logrado impulsar su aprobación y destinación de recursos por encima de otros proyectos que probablemente eran más urgentes.

Otros inconvenientes detectados por la Procuraduría, que han retrasado las obras al punto de tenerlas en alto riesgo de incumplimiento son: que no cuenta con licencia de construcción aprobada y no reporta ejecución alguna en las plataformas digitales GESPROY y SECOP.

Con la información testimonial y documental recaudada en la visita, además de los documentos requeridos a las diferentes entidades responsables de la obra y demás pruebas que se soliciten, el Ministerio Público definirá las acciones disciplinarias a que haya lugar en este caso.

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