Tras 68 años de operaciones, una de las productoras de lácteos más tradicionales del país inició en diciembre pasado su proceso de liquidación voluntaria.
Se trata de La Campiña S.A.S., que para acoplarse al nuevo entorno de negocios –dado que en el 2016 cerró su planta de lácteos y vendió dos inmuebles grandes– necesita 1.000 millones de pesos, recursos que sus socios advierten no estar en capacidad de aportar.
En 2018, saldo en rojo de La Campiña fue cercano a 1.200 millones de pesos
Los accionistas también consideran que es imposible conseguir nuevos inversionistas o recursos del sector en las actuales circunstancias de la compañía.
Los activos suman 5.000 millones de pesos, que se pueden vender para responder por obligaciones equivalentes a 2.600 millones de pesos. Por tanto, según consideran, es viable disolver la compañía sin perjudicar económicamente a los deudores, empleados y proveedores.
En el 2018, el saldo en rojo de La Campiña sumó unos 1.190 millones de pesos (500 millones en los 10 primeros meses del año). Sin embargo, la situación de La Campiña es complicada desde hace dos años, cuando tuvo que vender varios inmuebles y con los recursos pagar personal vinculado a la planta y las deudas generadas en 2017 y 2018.
La situación financiera mejoró con la venta parcial de activos y la compañía inició una búsqueda de nuevos negocios para compensar la disminución de ingresos luego de la venta de la planta y por un contrato de suministro de refrigerios a la Secretaría de Educación del Distrito Capital (Sedec).
Como parte de ese plan de salvamento, entregó la operación de su restaurante ubicado en el punto de fábrica del occidente de Bogotá, que por varias décadas ofreció servicios de comidas a familias de barrios circunvecinos y empleados de las fábricas y oficinas de la zona industrial, en la localidad de Puente Aranda.
El establecimiento acarreaba pérdidas mensuales por 35 millones de pesos. La compañía recibió a cambio un valor equivalente a la venta de los equipos de cocina de dicho restaurante.
El presidente de La Campiña, Diego Sanz de Santamaría Medina, dijo durante la asamblea extraordinaria de socios, que se realizó en días pasados con el fin de liquidar la empresa, que también fue desafortunado el hecho de que en junio pasado la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) les abriera un proceso por presuntas prácticas restrictivas a la competencia en el suministro de refrigerios para la Sedc.
Algo que las directivas de la empresa consideran injusto, pues dicen que actuaron de manera independiente, al presentar ofertas de suministro independientes y sin celebrar acuerdos con otros oferentes.
Esa situación, según agregó el directivo, ha tenido efectos devastadores, pues los bancos les cerraron líneas de crédito y no han podido ejecutar operaciones en sus unidades de negocios, con la consecuente caída en la facturación.
Como si fuera poco, la división de riesgo de uno de los clientes más grandes de la compañía, cuya razón social no reveló, los puso bajo observación. Además, algunos proveedores han limitado sus operaciones con la firma.
Cierre en el Tía
La baja facturación para el número de tiendas, la ubicación de estas en zonas económicamente deterioradas, cuantiosas pérdidas y falta de modernización acabaron el año pasado con otra compañía emblemática: Almacenes Tía que cerró sus 17 locales y los vendió en enero del 2018 a la compañía Jerónimo Martins Colombia. Esta empresa abrió allí locales de la marca de tiendas de descuentos duros Ara.
El primer local Tía fue inaugurado en 1940 en Bogotá, por los inmigrantes europeos Federico Deutsch y Kerel Steuer.
Aunque la sociedad no ha entrado en liquidación formal, su facturación había caído a 30.000 millones de pesos anuales, muy por debajo de las épocas de brillo.
Liquidaciones, en alza
Las estadísticas de la Confederación de Cámaras de Colombia (Confecámaras) indican que las 100 empresas más grandes en proceso de liquidación en el país les quedan activos por 803.000 millones de pesos.
Entre ellas están la tristemente célebre InterBolsa S.A., con 545.135 millones de pesos, y Jardín Plaza S.A.S., con 73.281 millones de pesos.
Otras firmas grandes que se encuentran en estado de liquidación son Oster de Colombia, Avícola Puerto Colombia, Apotema Asociados, American Broasted Chicken y Lácteos del Campo.
Entre tanto, en los 9 primeros meses del 2018, según agregó el gremio, se cancelaron 163.906 unidades económicas (8.508 sociedades jurídicas y 155.398 personas naturales), con un crecimiento del 2,1 por ciento, frente al mismo periodo del 2017.
“Este comportamiento estuvo explicado por un mayor número de cancelaciones en los sectores de comercio (5.877), industrias manufactureras (3.398), alojamiento y servicios de comida (2.407), seguido de construcción (1.070) e información y comunicaciones (1.035)”, agregó Confecámaras.
¿Podrán las marcas La Campiña y Tía sobrevivir a la liquidación de sus empresas propietarias, como pasó con Fósforos El Rey el año pasado, y ser vendidas?
La respuesta se sabrá en pocos meses.
ROLANDO LOZANO GARZÓN-ECONOMÍA Y NEGOCIOS