Justo & Bueno: se acabó el plazo para el plan de salvamento

La semana que comienza es definitiva para el futuro de la cadena de tiendas de bajo costo Justo & Bueno, propiedad de la compañía Mercadería. La razón: si los interesados en presentar un plan de salvamento, tal como quedó definido en la audiencia pública del pasado 12 de mayo, no lo hacen, la compañía irá a liquidación definitiva.

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El funcionario también fue enfático en señalar que “no se iten más dilaciones ni hay más plazos”, por lo que las propuestas que puedan llegar esta única semana “deben ser muy concretas, específicas y razonables” para tomar una decisión al respecto.

El funcionario guarda la esperanza de que cualquiera de las propuestas pendientes por recibir esta semana aseguren la viabilidad del negocio, pues una liquidación tendría un impacto social grande.

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“Ojalá esas opciones se den porque sería inyectar recursos, cumplir las obligaciones pendientes y seguir adelante la operación de la compañía. Ese es un escenario deseable”, precisó Escobar Pérez.

Hasta abril pasado aún permanecían vinculadas laboralmente a la organización unas 5.700 personas, de los cerca de 9.300 trabajadores directos que tenía en el 2020 antes de la pandemia. Sus directivas hablaban de más de 20.000 empleos si se sumaban los indirectos.

Una eventual liquidación también impactaría a unos 280 proveedores, buena parte de estos, emprendimientos familiares y microempresas que surtían de mercancías las 1.320 tiendas de Justo & Bueno que alcanzaron a operar en todo el país un par de años atrás. Hoy se habla solo de unas 70, cuando a comienzos de año rondaban las 700.

Sin embargo, ya han pasado más de dos meses desde cuando en la audiencia pública mencionada un grupo de acreedores le solicitaron al juez Santiago Londoño plazo para presentar un plan que permitiera mantener la operación de las tiendas Justo & Bueno, pero hasta la fecha no hay nada concreto, salvo algunos anuncios escuetos dados a conocer la semana pasada por uno de los grupos de acreedores interesados, el liderado por Alfonso Giraldo Castro, de Lobbying & Consulting.

En el texto difundido se indica que los acreedores que representa aportarán “el capital que se requiere para cancelar la totalidad de las obligaciones con la Dian, los municipios, así como todo lo que la empresa ha reconocido como deuda a empleados, con ocasión de los contratos de trabajo y las demás obligaciones cuyo pago corresponda en los términos del Decreto 560 de 2020”.

También indicó que sería pagado todo lo que se adeuda desde el 18 de enero de 2022 a la fecha en la que se tome una decisión definitiva, incluidos en ese monto los cánones de arrendamiento y los servicios públicos, y que la oferta de aporte de capital será presentada de manera formal cuando lo determine la Superintendencia de Sociedades.

No obstante, esa cifra ya estaría rondando los 200.000 millones de pesos, si se tiene en cuenta que ya han transcurrido tres meses más desde ese primer balance realizado por los agentes encargados del proceso.

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El anuncio de ese nuevo plan de salvamento fue recibido con bastante reserva por un amplio grupo de propietarios de los locales en los que funcionan las tiendas, algunos de quienes manifestaron que se trataba de lo mismo de siempre, pues no se habla de una propuesta de fondo, con tiempos ni compromisos respecto a las obligaciones pendientes, así como tampoco se proporcionó el nombre del supuesto fondo o inversionistas que aportarían el capital, del cual no se menciona el monto.

“Recibimos ese comunicado y otro más en días pasados, pero en ambos casos no se conoce la propuesta concreta y no deja de ser una expectativa más. La Súper (Sociedades) es paquidérmica y de mi lado no creo que resulte, pues no se conocen los inversionistas y puede ser que termine siendo un rescate de fondos, pero continúa siendo una empresa sin activos de respaldo y en 6 meses estemos en las mismas”, señala Óscar Bravo, uno de los arrendadores afectados y quien lidera un grupo de propietarios de locales que insisten ante la autoridad para que se les devuelvan su inmuebles.

De hecho, algunos han tomado la decisión de bloquear sus locales con candados y hasta con soldadura en las puertas para evitar la entrada de personal a los mismos, muchos de los cuales permanecen abandonados, con mercancía dañada y las estanterías vacías.

“El liquidador no contesta (nuestras) llamadas ni responde correos y solo se evidencia un alargue de tiempo, como lo puede notar al aplazar tres veces la audiencia. A los trabajadores nos tocó la parte más dura, pues solo a algunos les pagaron EPS, como también incapacidades laborales pendientes, se habla de un número muy pequeño de trabajadores al día”, señala César Higuita, representante de uno de los sindicatos de trabajadores de Justo & Bueno, que a finales de mayo le hicieron llegar a Santiago Londoño, superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia, y a Darío Laguado, agente liquidador, una carta en la que ponen de presente su inconformismo por el trato que están recibiendo y la falta de protección frente a sus derechos laborales.

Existe una segunda propuesta en curso estructurada por Marco Gerardo Monroy Rosas, en representación de MGM Sustainable Energy Funds I y II, la cual, según se dice, se le hizo llegar al liquidador Darío Laguado a comienzos de julio.

En esta se menciona otro fondo de alcance global basado en Estados Unidos y un Grupo Empresarial de reconocido prestigio dispuestos a invertir, pero sin indicar su nombre, además de la creación de un nuevo vehículo encargado de firmar contratos con todos los grupos de interés (arrendadores, empleados, proveedores y prestadores de servicios públicos).

También se plantea la negociación con los centros de distribución y a los propietarios de los locales se les ofrece el pago de tres meses por anticipado (agosto, septiembre y octubre) de los arriendos, así como cancelar las cuentas de servicios públicos, muchos de los cuales están suspendidos.

Para los empleados habrá contratos con la nueva empresa, pagos de bonificaciones, uno inicial y otro al año, sujeto al cumplimiento de metas, al tiempo que se contratarán los servicios de empresas de recursos humanos especializadas.

En cuanto a los proveedores, prometen contratos y pagos anticipados en casos específicos. Hablan, además, de comprar las marcas y activos fijos que pertenecen a Mercadería. Ademas, inyectarán capital para la compra masiva de productos y disponer de flujo de capital de trabajo para cubrir las necesidades hasta el momento de autosuficiencia de la operación.

Jeimmy Alfonso Verano, abogada y también representante de propietarios de locales alquilados a Justo & Bueno, dice desconfiar de esas propuestas que llevan mucho tiempo cocinándose sin que se concrete nada, por eso desconfía de estas.

“Lo que conocemos hasta el momento no es nada nuevo ni concreto, es lo que dice la norma que deben cumplir quienes asuman el control de Justo & Bueno, es decir, las obligaciones que tiene hasta ahora la compañía. La carta no es nada distinto a lo que se ha dicho hasta ahora, es lo mismo de lo mismo. El tema es muy complejo y da la impresión de que con ello se busca calmar los ánimos de las partes afectadas y de quienes queremos la restitución de los locales”, señala.

Los propietarios de más de 150 locales en los que funcionaban tiendas de Justo & Bueno, hoy en día cerrados a raíz de la crisis que atraviesa la compañía, manifiestan que no se oponen a los planes de salvamento de esta, pero que no quieren participar de esto. Ellos solo quieren que se les restituyan sus locales, muchos de los cuales hoy en día están en total abandono, llenos de roedores, con mercancías dañadas y los servicios públicos suspendidos.

Así se lo harán saber a través de carta pública en los próximos días, en la que le manifiestan la situación en la que se encuentran: endeudados con los gota a gota, sin recibir pagos de arriendos hace más de 16 meses, con órdenes de embargos y viendo cómo la inversión de años se deteriora con el paso del tiempo.

CARLOS ARTURO GARCÍA M.

@CarlosGarciaM66