La fuerte polémica que generó la renuncia masiva de la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín (EPM), por el manejo dado a la decisión de demandar al consorcio constructor del proyecto Hidroituango y a las aseguradoras, comienza a tener las primeras consecuencias. (Lea también:
Fondos de pensiones, preocupados con renuncia de la junta de EPM)
Ayer, la calificadora Fitch Ratings anunció que rebajó las calificaciones de emisor (en moneda local y extranjera) de la compañía, pasándola de 'BBB' a 'BBB-' y mantuvo el rating watch negativo (perspectiva).
Según la firma, esta reducción se debe a una mayor intervención del dueño de EPM, el municipio de Medellín, en la gestión de la empresa, lo que representa un deterioro de los controles de gobierno corporativo en la empresa.
Fitch dijo que las recientes acciones son contrarias al Acuerdo de Gobernabilidad, suscrito el 23 de abril de 2007, entre Medellín y la istración de EPM, en el cual el municipio acordó respetar la autonomía de EPM como empresa industrial y comercial del Estado y actuar exclusivamente a través de la junta directiva.
Pero además y aunque no le bajó la nota a EPM, la calificadora Moody’s emitió un informe indicando que la renuncia de la junta es negativa desde el punto de vista crediticio porque aumenta el riesgo de más retrasos y sobrecostos para completar el proyecto hidroeléctrico, según como responda el consorcio constructor.
Lo anterior porque puede de pasar que a EPM le toque buscar otros contratistas y se alargaría el período de construcción y probablemente aumentaría los costos, siendo perjudicial para su trayectoria de apalancamiento y exponiendo aún más su balance de riesgos.
Al mismo tiempo, ayer las as de fondos privados de pensiones entraron en el debate, al advertir que sus decisiones de inversión se garantizan por el respeto a las reglas de gobierno corporativo.
El respeto de las reglas de gobierno corporativo es la garantía para que los fondos de pensiones participen en el desarrollo de empresas sólidas
En este sentido, la Asociación de as de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos) recordó que en este momento tienen invertidos en bonos de EPM tres billones de pesos de los ahorros de los trabajadores e indicó, sobre la decisión de llamar a conciliar, sin consultar a la junta, que las decisiones intempestivas o unilaterales no protegen a los inversionistas.
Agregaron que esas prácticas deterioran la credibilidad de los inversionistas en que el manejo de la empresa se hace con estándares profesionales y bajo prácticas de gobierno corporativo.
“El respeto de las reglas de gobierno corporativo es la garantía para que los fondos de pensiones participen en el desarrollo de empresas sólidas que garanticen rendimientos adecuados a sus afiliados”, indicó el gremio en una comunicación.
Por ello, Asofondos les solicitó a las directivas de EPM que se adopten los correctivos para que situaciones como esta no vuelvan a repetirse y para que recomponga a la mayor brevedad la junta con realmente independientes y con una trayectoria profesional comprobada
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