Criptoactivos: a un año de fin de pruebas piloto no hay claridad de sus resultados

En Colombia aún no hay una regulación para  los criptoactivos aunque sí existe una normatividad secundaria para los proveedores de servicios con activos virtuales y para sus operaciones lo cual, en la práctica, ha generado obligaciones de reporte y cumplimiento para estas actividades. Sin embargo, distintos sectores han buscado que la reglamentación se haga incluso por iniciativa del Gobierno como ha sucedido en otros países de la región.

Actualmente, existen obligaciones en materia comercial, tributaria y de reporte para los proveedores de servicios con cripto.

En parte, estas reglas y su cumplimiento se derivan del piloto realizado por la Superintendencia Financiera  en un  sandbox regulatorio  y  de lo que le exigieron a las plataformas que se encargan de los intercambios como Binance, Coinbase o Bitso.

De esta forma se tiene un registro y se deben  reportar transacciones superiores a 450 dólares o aquellas operaciones sospechosas en general a la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf).

Además aunque  han existido iniciativas parlamentarias para regular la actividad que busca proteger a los s de los criptoactivos no se ha llegado a buen puerto. De hecho, el semestre pasado el proyecto para regularlos llegó a tres de cuatro debates y no prosperó en la plenaria del Senado.

En este momento, el Ministerio de Hacienda está liderando los esfuerzos para generar un marco regulatorio que regule esta actividad así como la creación de criptomonedas ya que las entidades de control colombianas han reconocido que este es un mercado cada vez más atractivo y que hasta el momento  se ha enfocado en reconocer los hechos económicos asociados a su uso (como las remesas, pagos o las  inversiones).

De acuerdo con Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, la regulación  por medio de un proyecto del Gobierno va andando y esta legislación moderna permitirá que se promueva la inversión e innovación en este tipo de segmentos. 

"Hemos hecho como estado muchos intentos, tanto en diseño circular, en Sandbox y ya es hora de que se promueva la ley que regule el tema. Hemos visto los cambios en reglas para contabilizarlos, para que se haga de una manera colateral, pero la realidad es que se utiliza por analogía pero no en el global del sector", destacó.

Según Santos, la situación preocupa porque  en Colombia "tenemos un sector con muy pocas garantías para los inversionistas y por esa falta de reglas claras se ha impedido que sean más personas las que participen en este negocio y llegue más capitales extranjeros y empresas que paguen impuestos en el país", explicó.

En Colombia además de esas reglas para los proveedores de servicios con activos virtuales y para sus operaciones,  la percepción de riesgos relacionados con el lavado de activos y la volatilidad de los criptoactivos han llevado a que los reguladores colombianos adopten enfoques de contención.

Por ejemplo, el Banco de la República y la Superintendencia Financiera de Colombia han emitido pronunciamientos que limitan (e inclusive prohíben) la interacción entre el ecosistema de criptoactivos y el sistema financiero tradicional.

 

De hecho, en la segunda mitad del 2022 la Superfinanciera presentó su proyecto de circular externa a comentarios que buscaba “ Impartir instrucciones relativas a la vinculación y prestación de servicios a Proveedores de Servicios de Activos Virtuales y derogar parcialmente las Cartas Circulares 029 de 2014, 078 de 2016 y 052 de 2017”, pero no la publicaron.

Por otro lado, la Superintendencia de Sociedades y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) han avanzado en generar normatividad secundaria enfocada en prevenir los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo basado en las recomendaciones de GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).

Esto quiere  decir que  se recomendó contar con condiciones tecnológicas y operativas para realizar la trazabilidad de las transacciones con activos virtuales y una amplia información al público en costos, tarifas, estados de cuenta y sus saldos. 

Ya se va a cumplir un año desde que finalizó el ejercicio de la Superintendencia Financiera con empresas como: Bancolombia con Gemini, Davivienda con Binance, Banco de Bogotá con Bitso y Buda, Coltefinanciera con Obsidiam, y Movii con Panda y Bitpoint y aunque tenía como finalidad poner a prueba mecanismos de operación asociada entre bancos y exchanges no se ha concluido con la regulación esperada.

Cristobal Pereira, director de Blockchain Summit Latam 2023, dijo que los bancos y plataformas que hicieron parte del sandbox ayudaron a reforzar las medidas de seguridad y transparencia, mejoraron en la prevención de lavado de activos, ciberseguridad y gestión de riesgos  pero "el tema se ha estancado debido a las prioridades en la mesa, como lo son las diferentes reformas que se están adelantando".

En términos regionales, Latinoamérica mueve aproximadamente más de 25.000 millones  de dólares en criptomonedas al año, lo que representa casi del 10 por ciento del volumen global.

De hecho, existen cerca de 25 millones de s de criptomonedas y se proyecta que llegue a 100 millones en los próximos 3 años, comentó Pereira.

Además, según el último Informe Anual de Blockchain de Sherlock Communications 2022, el 43 por ciento de los colombianos ve a las monedas digitales como una alternativa adicional para aumentar sus ingresos, y el 30 por ciento considera que son la mejor opción para protegerse de la inflación y la devaluación del peso.

Para Pereira la situación actual no es un caso aparte, puesto que, con excepción de ciertos países, ningún gobierno latinoamericano ha logrado implementar una regulación para el intercambio de criptomonedas hacia monedas locales, es decir, para plataformas de intercambio. Incluso, este tipo de regulaciones y licencias en países desarrollados datan desde el año 2014.

En 2018 el Gobierno de México sancionó la Ley Fintech para regular las instituciones de la tecnología financiera,  lo que obliga al Banco de central de ese país a emitir la regulación correspondiente respecto a las criptomonedas y al sistema financiero.

En el caso de  Chile, el pasado 3 de febrero entró en vigencia la Ley Bitcoin, para proteger a todos los actores que entran en juego: desde dueños e intermediarios financieros a inversores. Allí también el Banco Central del país sería la institución en la cual recae la responsabilidad de regular.

De acuerdo con un informe de Seguros Sura, en 2018 Venezuela sancionó el Decreto Constituyente de Criptoactivos para su regulación, y fue el primer estado en crear una criptomoneda: el token Petro.

Desde el 7 de septiembre de 2021 El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en legalizar el Bitcoin como moneda de curso legal, y si bien algunas naciones permiten que se realicen transacciones con estas nuevas monedas digitales, todavía no tienen una normativa específica al respecto que las regule del todo.

LAURA LESMES DÍAZ

Redacción Economía y Negocios