Menor cobertura y otros debates que se abren tras largas filas de la Renta Ciudadana

A pesar de que el Departamento de Prosperidad Social (DPS) y el Banco Agrario continúan evacuando los pagos del programa Tránsito a Renta Ciudadana, el problema de las filas de personas que acuden a la entidad financiera estatal a reclamar dicha ayuda persiste en algunas de sus sucursales en el país. Este fin de semana se realizaron 11.000 pagos en dos jornadas, con lo cual el avance de esta actividad alcanzó un 57 por ciento, informaron directivas del banco. 

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Pero el problema de las personas acudiendo en masa a reclamar esta ayuda no solo se hizo evidente la semana pasada. El balance del primer mes de ese beneficio dejó en evidencia las dificultades del banco estatal para realizar el pago de este a sus 3,3 millones de beneficiarios.

Durante la pandemia, el Gobierno realizó los giros de subsidios a través de platafomas de pagos inmediatos como Daviplata, Nequi o Movii sin que se tuviera ningún  inconveniente. Pero Hoy las transferencia del programa Tránsito a Renta Ciudadana, está a cargo del Banco Agrario.

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Con el programa Renta Ciudadana, el Gobierno espera llegar a cerca de 3,3 millones de hogares pobreza extrema, pobreza moderada y vulnerabilidad en 466 municipios.

Con el programa de Ingreso Solidario, que operó hasta diciembre del año pasado, se entregaban ayudas a 4,8 millones de hogares en esas condiciones, con lo cual la nueva política tiene una cobertura de 1,5 millones de familias inferior al otro programa.

Si bien Cielo Rusinque, directora general del DPS, dice que esta ayuda no está ligada al anterior programa, es una renta que funciona de forma similar, y termina llevando a la práctica la idea de la anterior istración de que Ingreso Solidario, que surgió como programa de emergencia por el covid, se convirtiera en un programa de renta permanente.

Según lo dispuesto por el Gobierno, cada familia beneficiaria de esta ayuda recibirá hasta 500.000 pesos, transferencia que se hará cada bimestre y contemplará el pago retroactivo del mes anterior, por lo que cada hogar podrá cobrar hasta un millón de pesos cada dos meses.

La directora del DPS también manifestó que para aplicar a este subsidio los niños que hagan parte del hogar deben estar escolarizados y los de la primera infancia deben contar con controles médicos. También es indispensable contar con la encuesta de Sisbén IV.

No obstante, a aquellas familias que el pago les aparece suspendido porque presentan alguna anomalía, tendrán una oportunidad de subsanar esa inconsistencia, porque la intención es que este recurso llegue a quien tiene que llegar, según la funcionaria.

El problema es que para el giro de esos recursos a más de 3,3 millones de beneficiarios está ahora en manos del Banco Agrario, cuyas directivas indicaron que hasta el domingo pasado ya habían girado uno 447.000 millones de pesos.

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"Estamos trabajando de forma ordenada, precisa y estratégica con sesiones permanentes desde el lunes anterior, cuando se evidenciaron comportamientos atípicos en algunas oficinas regionales, en el firme propósito de atender a este y todos los procesos y operaciones del Banco que avanzan en completa normalidad", señaló Hernando Chica Zuccardi, presidente de la entidad, quien dijo que para atender esta situación han dispuesto de más de 1.400 funcionarios en campo, encargados de orientar y pagar a los s.

Para ello ampliaron los horarios en oficinas puntuales que lo requieren. De las 911 oficinas que tiene el Banco Agrario en el país, 29, es decir, el 3%, presenta alto tráfico de ciudadanos, indicaron directivas del banco.

La elección del Banco Agrario para el pago de estas ayudas a los más vulnerables, sin el trámite de una licitación, como ocurrió en el pasado Gobierno, ha sido muy criticado no solo por la forma en que se eligió la entidad (a dedo) sino por la falta de capacidad del banco para atender ese programa debido a que no cuenta con la tecnología para hacerlo.

“Pretender que un solo banco puede asumir toda la operación en condiciones de eficiencia es negar la realidad del país y su territorio en detrimento de las condiciones de cobro (filas y disponibilidad de efectivo) y dejando de lado los importantes avances en inclusión financiera que venía realizando el Estado a lo largo de los años de operación de los programas de transferencias monetarias”, señala Susana Correa, exdirectora de Prosperidad Social del gobierno de Iván Duque.

Por su parte, Francisco Mejía, expresidente del Banco Agrario, se mostró en desacuerdo por la forma en que se delegó a la entidad esa responsabilidad. “Estoy en total desacuerdo en haber regresado al monopolio del Banco Agrario en los pagos sociales. Al hacerlo por invitación pública, nos obligaba a competir con el resto y a avanzar tecnológicamente. Se le podría dar un mal servicio al y a mayores costos porque la entidad es más eficiente en algunos puntos como la ruralidad, pero en otros como, por ejemplo, en las grandes ciudades no tiene tantas sedes como sí las puede llegar a tener Davivienda, con quien normalmente competíamos”.

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En su defensa, desde el Gobierno aseguran que la decisión de escoger directamente al Banco Agrario como el único operador de los pagos del programa Tránsito a Renta Ciudadana fue el resultado de un “exhaustivo análisis” y que su amplia cobertura le permite llegar a todos los rincones del país.

“Su selección fue el resultado de un exhaustivo análisis que evaluó las ventajas frente al uso del Instrumento de Agregación de Demanda (IAD) de servicios financieros que se venía utilizando. Toda la documentación y justificación, incluyendo el estudio previo, se encuentra disponible en el portal Secop”, aseguró Cielo Rusinque, actual directora de Prosperidad Social.