A siete meses de entrar en vigencia la reforma pensional, así va reglamentación, según la URF

El Gobierno avanza a paso firme en el proceso de reglamentación de la Ley 2381 de 2024 promulgada el 26 de julio de 2024, que establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común y que debe estar lista en el transcurso del primer semestre del 2025, pues la misma entrará en vigencia en el séptimo mes de ese mismo año.

Según le respondieron a EL TIEMPO funcionarios de a Unidad de Regulación Financiera (URF), entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, está próxima la expedición de uno de los decretos clave de este proceso y que establecerá el marco normativo para la autorización de nuevas as del Componente Complementario de Ahorro Individual (ACCAI). "El enfoque se centra en garantizar la autorización adecuada de estas entidades, asegurando que cumplan con los requisitos establecidos para operar dentro del Pilar Contributivo del sistema", indicaron desde el ente oficial.

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Sin embargo, aún faltan regulaciones en aspectos cruciales como la istración del Fondo de Ahorro del Pilar contributivo, implementación del esquema de fondos generaciones, regímenes de inversión, mecanismos de aseguramiento del componente complementario de ahorro individual, proyectos que se encuentran en etapa de construcción y análisis, advirtieron tras agregar que: "La elaboración de los proyectos reglamentarios debe llevarse a cabo de manera cuidadosa. Consideramos que lo pendiente quedará resuelto en el primer semestre del próximo año".

No es una tarea fácil en la medida pues en ese proceso se deben cuidar varios aspectos, como lograr la sostenibilidad del sistema a largo plazo. "La necesidad de encontrar un equilibrio entre un sistema universal y la sostenibilidad fiscal, junto con la integración de los distintos regímenes de pensiones, representa un desafío clave", explicaron desde la URF. 

Y si bien, como lo dijo en reciente oportunidad Mónica Piedad Higuera, directora de la URF, en el sentido de que la reglamentación de la reforma pensional estaba entre las prioridades de la entidad a su cargo, también la Unidad trabajaba en otros frentes normativos importantes para el país. 

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Al referirse a las medidas en las que el Gobierno ha insistido se necesitan para que el mercado de capitales colombiano alcance un mayor nivel de profundización, los voceros de la URF precisaron que en la última década la Unidad ha elaborado 20 decretos que promueven la oferta con nuevos emisores a través de la creación y fortalecimiento de la de financiación colaborativa (crowdfunding), actualización y fortalecimiento de los fondos de inversión colectiva y fondos de capital privado; y la diversificación de emisiones en el mercado principal, a través de revisión de mejoras operativas como los montos de emisión y los procesos de autorización, entre otras medidas.

Destacaron, no obstante, que en octubre del 2025 se expidió el Decreto 1239 que incluye iniciativas asociadas con la actualización de la regulación de ventas en corto; la dinamización de la figura de formadores de liquidez, permitiendo que otras entidades actúen en calidad de formadores y desarrollen nuevos productos; la inclusión de nuevos instrumentos para desarrollar operaciones monetarias, como los programas de préstamos recurrentes por parte de las sociedades comisionistas de bolsa y las sociedades fiduciarias que desarrollan la actividad de custodia, y reglas particulares para facilitar el desarrollo de actividades conexas a la actividad de custodia de valores, entre otras.

Y frente a lo que se requiere para avanzar en la integración bursátil que adelanta la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) con las plazas de Chile y Perú, la URF mencionó que la regulación proyectada por la URF "atiende a objetivos generales, y en particular la agenda normativa para el 2025 no contempla temas relacionados con necesidades regulatorias encaminadas a ese fin".

Y agregaron que el proceso de construcción de la agenda regulatoria es abierto y participativo, por lo que se generan los espacios necesarios para que los agentes manifiesten sus necesidades que incluso pueden no ser necesariamente de carácter normativo.

Otros dos temas que han estado en la agenda del Gobierno tienen que ver con la llamada banca abierta, los datos abiertos y los pagos inmediatos, con los cuales se busca que haya mayor profundización financiera, que más colombianos hagan parte de del circuito financiero formal y se reduzca el uso del efectivo, entre otros aspectos. 

Frente al primero, indicaron desde la entidad que se viene adelantando un trabajo titánico para la proyección de la regulación relacionada con finanzas y datos abiertos. Las aproximaciones a uno y otro modelo, aunque se estructuran en bases muy similares, implican desafíos distintos dado el alcance de uno y otro modelo.

En ese sentido, con las recomendaciones de algunos organismos internacionales como el Banco Mundial, inició con la estructuración de un proyecto de decreto que plantea un nuevo marco normativo para la adopción de un sistema de finanzas abiertas de carácter obligatorio en Colombia, la cual aborda temas como el objeto de la regulación; alcance de la obligatoriedad; roles y responsabilidades de los participantes; costos de ; principio de reciprocidad; esquema de gobernanza e indicadores de seguimiento y monitoreo del sistema de finanzas abiertas, entre otros.

En cuanto a los pagos inmediatos, dados los significativos avances de la banca digital la URF señala que ha elaborado y sometido a discusión del público dos proyectos de decreto que proponen ajustes para aportar a la consolidación de un ecosistema de pagos digitales en el país. El primero tiene como destinatarios a las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y aborda aspectos relacionados con la mitigación del riesgo de interrupción en la prestación de servicios transaccionales; la participación de las principales entidades financieras en el sistema de pagos inmediatos interoperado; criterios para la fijación de tarifas, y la creación de una instancia de coordinación público-privadas para promover la consolidación del sistema de pagos, entre otros aspectos.

El segundo proyecto, precisan, tiene como destinatarios a las cooperativas de ahorro y crédito (CAC) vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria y aborda aspectos relacionados con la vinculación de comercios al ecosistema de pagos digitales; la prestación de servicios transaccionales a través de canales digitales; la implementación de políticas de transformación digital, y la generación de reportes de información.

Por último, los voceros de la URF se refirieron a la ampliación de ese ecosistema financiero a través de las llamadas fintechs y los neobancos. En ese sentido indicaron que: "La regulación que proyecta la entidad reconoce la importancia de generar entornos regulatorios que favorezcan la innovación y la competencia en el sector financiero y que salvaguarden la estabilidad y confianza en el sistema financiero".

Explicaron que bajo un escenario en el que hoy participan entidades que prestan servicios de crédito, pagos y remesas, y la provisión de servicios de tecnología a entidades financieras es que se está construyendo la agenda de trabajo que busca entender las ventajas y riegos de estos nuevos modelos de negocio, así como medir su posible impacto frente a la estabilidad y confianza en el sistema financiero. 

"Este proceso permite comprender qué nuevas intervenciones que favorezcan la competencia en el sector financiero y que por supuesto contribuyan al cierre de brechas en materia de inclusión financiera y a la provisión de mejores productos y servicios a los s del sistema financiero", puntualizaron.