Cierre del contrato de concesión Autopistas del Caribe, mal mensaje a inversionistas

Como un precedente lesivo para el desarrollo vial del país y una señal desafortunada para la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros calificaron algunos expertos el anuncio del ministro de Transporte, William Camargo, relacionado con la terminación anticipada del contrato de la concesión Autopistas del Caribe, dada la imposibilidad de hacer un cierre financiero del proyecto.

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Directivas de la Concesión Autopistas del Caribe y de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), así como José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, coincidieron en que esa decisión es un mal mensaje en todas direcciones para los inversionistas porque crea un ambiente de desconfianza hacia el país.

Las reacciones se dieron luego de que el jefe de la cartera de Transporte le anunciara al periódico El Heraldo el cierre anticipado de dicha concesión, lo que significa que la intervención de cerca de 253 kilómetros de la vía Cordialidad no logró su cierre financiero, por lo que el proyecto entra en etapa de reversión.

El funcionario señaló a dicho medio de comunicación que se reunirán con el concesionario para analizar cómo se desactivan algunas de las funciones u obligaciones que tenía y que “mientras se cierra el contrato quedará en un tema de mantenimiento mínimo. Es una de las tareas que tiene el nuevo presidente de la ANI”, tras agregar que la concesión está “consumiéndose los recursos de la ANI” y que el no cobro de peajes generó un hueco que impide seguir adelante con el proyecto.

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EL TIEMPO consultó tanto con el Ministerio de Transporte como con la Agencia Nacional de Infraestructura (Ani), pero indicaron que por ahora no se pronunciarían.

Con esa decisión “habrá una profunda desconfianza con los cierres financieros de este tipo de proyectos por la profunda incapacidad del Gobierno de lograr una gobernanza en el tema de peajes para conseguir el cierre financiero”, precisó Restrepo.

Desde la Concesión Autopistas del Caribe indicaron que “la terminación de este contrato no solo afectará la infraestructura vial, sino que también tendrá consecuencias significativas en otros aspectos cruciales para los ciudadanos de la región”, como el mantenimiento de la vía, la terminación de contratos con colaboradores, la culminación de contratos con proveedores y el cese de las actividades sociales, ambientales y prediales, entre otros.

Expertos conocedores de este tema advirtieron sobre los líos jurídicos que se podrían derivar de esa decisión, además de otros relacionados con los alcances de dichas obras que se dejan de hacer.

“En este caso lo más delicado es que no se alcanzó el cierre por una decisión del Gobierno de no cobrar el peaje que forma parte del modelo financiero del contrato”, dijo una fuente que pidió reserva de su nombre.

Esta explicó que “hay fórmulas de liquidación anticipada donde el Estado tendrá que pagar una multa por ello, y lo peor, no se hace la obra. Luego eso no solo no es tan sencillo, sino que involucra fórmulas de liquidación con pagos y un eventual tribunal de arbitramento contra la Nación por su responsabilidad en no permitir el cobro del peaje”.

Por su parte, el concesionario del proyecto dejó claro que “hoy, los 4,3 billones de pesos en inversión para la región, los más de 7.000 puestos de trabajo formales en el pico de la construcción, las compras en bienes y servicios, las actividades sociales que apoyan y generan bienestar a las comunidades que son determinantes para esta región del país fueron sepultados”.

A su vez la CCI indicó que de confirmarse la cancelación anticipada del contrato de concesión de Autopistas del Caribe, los s de dicho corredor de carga seguirán pagando los peajes, pero no tendrán la garantía del mantenimiento y la debida operación del corredor vial ni mucho menos su ampliación a doble calzada, obras y acciones que recaerían en el Invías, entidad que no ha demostrado ser eficiente en el cumplimiento de esa responsabilidad.

También insistió en que las dificultades para lograr el cierre financiero de dicha APP no se derivan de errores en la estructuración de la concesión, sino de la ausencia de autoridad de los gobernantes de Bolívar y el Atlántico, que no ejercieron los instrumentos legales para restablecer la operación de la caseta de peaje en dicho municipio y la apertura y funcionamiento de la de Arroyo de Piedra.

Desde la Cámara de la Infraestructura, sus directivas recordaron que el modelo de concesiones basado en cobro de peajes como principal fuente de financiación ha demostrado ser efectivo y determinante para avanzar en la modernización de la infraestructura vial del país ante las limitaciones fiscales que tiene el Estado, pues dicho modelo garantiza el principio de equidad social porque solo quien usa la vía paga por transitar por esta y fija tarifas según el impacto de las distintas categorías de vehículos en su deterioro.