Bloqueos y amenazas del Eln tienen en jaque la producción de oro e hidrocarburos

Luego del fallido intento de cese del fuego entre el Gobierno Nacional y el Eln se han exacerbado las amenazas y acciones de este grupo al margen de la ley en contra de la industria petrolera en el país, especialmente en el departamento de Arauca.

Una de las compañías más afectadas ha sido la canadiense Parex Resources, que el pasado 21 de enero anunció el cierre de las operaciones en los bloques Capachos y Arauca, luego de recibir amenazas del frente de guerra oriental del Eln con respecto a sus operaciones en la región.

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Esta parálisis afecta las actividades de producción, transporte, perforación, construcción y mantenimiento de pozos de la compañía, además de impactar más de 600 puestos de trabajo, incluidos 430 de la comunidad local.

Igualmente, Parex Resources dijo que se están dejando de producir aproximadamente 6.000 barriles de petróleo equivalente por día (bped) y se está viendo perjudicado el ritmo al que se pueden perforar y poner en funcionamiento nuevos pozos en los municipios de Tame y Saravena.

El bloque Capachos abastece el 80 por ciento de la demanda de GLP (gas en pipetas) para el departamento de Arauca y a raíz de la parálisis de las operaciones, las distribuidoras deben ir a abastecerse hasta los campos Cusiana y Cupiagua y a Termoyopal, ubicados en el Casanare.

De acuerdo con el presidente de la Asociación Colombiana del GLP (Gasnova), Alejandro Martínez Villegas, esta situación ha llevado a que se incremente el precio de este combustible para los araucanos.

Por ello, le pidió al Gobierno Nacional su intervención para que "cesen las amenazas a la operación petrolera que genera problemáticas para las necesidades de los hogares que utilizan el GLP para cocinar".

Pero Parex Resources no ha sido la única compañía afectada. SierraCol, que opera el campo Caño Limón –uno de los más importantes en Colombia– también suspendió sus actividades en los municipios de Arauca y Arauquita por las amenazas que recibió del Eln.

"Toda actividad de suministro, transporte y demás negocios con esta empresa SierraCol quedarán suspendidas hasta nueva orden. Toda empresa o empleado que desacate esta notificación se verá en serios problemas con la organización. No queremos llegar a utilizar la fuerza para atender su atención", dice el panfleto del Eln.

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A esto se suma que durante el pasado fin de semana se registró un atentado contra la infraestructura del oleoducto Caño Limón Coveñas, a la altura de la vereda El Consuelo, zona rural del municipio de Saravena. El hecho habría sido perpetrado, al parecer, por guerrilleros del Eln.

Cenit, filial de Ecopetrol y quien tiene a su cargo la infraestructura de transporte, también denunció que "terceros desconocidos" retuvieron ilegalmente a cinco trabajadores de la empresa contratista Ismocol que se dirigían a reparar los daños en el oleoducto.

Además, fue quemada una cama baja que apoyaba las labores de reparación. La empresa también reportó que los trabajadores fueron liberados el mismo sábado 11 de febrero.

La semana pasada, y luego de ocho días, se levantó un bloqueo en el municipio de Puerto Gaitán (Meta) que estaba afectando las operaciones de Ecopetrol, Frontera Energy, Cepsa, Hocol y Teetrol, además de poner en riesgo la producción de cerca de 50.000 barriles diarios de petróleo y el suministro de combustibles líquidos en el país.

El bloqueo llegó a su fin gracias al acuerdo que se logró entre el Gobierno Nacional y las comunidades, que incluyó otorgar las garantías para la no judicialización y no estigmatización a representantes de las comunidades que estaban participando en las protestas.

Este bloqueo que registró en Puerto Gaitán se suma a los 1.056 que se reportaron en el 2022 y que terminaron afectando las operaciones del sector de los hidrocarburos. 

De acuerdo con la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (A), desde el 2018 estos cierres han venido en ascenso y el año pasado aumentaron 38 por ciento, pues en 2021 sólo se registraron 766 bloqueos. 

En el 2022 se tuvieron 2,9 bloqueos diarios a las operaciones en todo el país y los departamentos más afectados fueron Santander, Meta, Casanare y Putumayo, pues representan el 76 por ciento del total de bloqueos. 

Las operaciones mineras en el departamento de Antioquia también se están viendo afectadas, pero por bloqueos de pobladores de la zona. La compañía Zijin-Continental Gold –que opera el proyecto Buriticá– denunció que el pasado 10 de febrero un grupo de personas inició un bloqueo que ha impedido el paso de vehículos que transportan personas y víveres, además de restringir el paso a la comunidad y los empleados.

Las personas que hacen presencia en la portería principal, ubicada en el sector La Estrella, y en la vía industrial de la operación empresarial que conduce a las instalaciones y campamento de la empresa aducen "supuestas afectaciones por parte de la empresa a las personas que se dedican a la minería ilegal, quienes desarrollan sus actividades de manera antitécnica y sin ningún mecanismo de seguridad industrial".

Zijin-Continental Gold aseguró que no ha evidenciado en su operación ninguna situación de afectación a terceras personas, ni ha recibido ninguna llamada de auxilio o notificación sobre personas atrapadas en áreas mineras de la empresa.

“Nuestras operaciones se encuentran en completa normalidad y operando de conformidad con la regulación vigente en materia de seguridad en labores mineras y bajo los protocolos establecidos y aprobados por las autoridades competentes”, dijo.

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Además, la compañía manifestó que este bloqueo en la vía de e invasión a la propiedad privada amenazan totalmente su operación por la falta de personal y de insumos, lo cual genera un alto impacto económico y afecta la estabilidad del empleo de alrededor de 1.400 empleados directos y de 2.500 contratistas.

Zijin-Continental Gold también denunció que en los últimos meses se ha presentado un incremento considerable de mineros no autorizados en la infraestructura de la compañía, en su gran mayoría foráneos y no pertenecientes a la comunidad de Buriticá. "Nuestras labores mineras subterráneas se encuentran invadidas por la minería ilegal", afirmó.

Estas actividades han dejado cinco personas fallecidas y han generado heridas graves a siete mineros (uno de ellos de 17 años) en socavones antitécnicos e ilegales en el territorio, en los últimos siete meses. Todos ellos afectados por inhalación de gases y/o por manipulación de explosivos.