Se busca plata para sumar lo que restó la desaceleración

El dato relevante de este mes para la construcción estuvo relacionado con el Producto Interno Bruto (PIB) sectorial del segundo trimestre del año, que registró una variación anual de -7,6 por ciento, según el informe revelado por el Dane hace unos días.

El indicador para el subsector de edificaciones (que incluye tanto la oferta residencial como la de otros usos) también disminuyó 7,6 por ciento, lo mismo que las obras de ingeniería civil, que reportaron una caída de 5,7 por ciento.

Igualmente, el subsector que analiza las actividades especializadas en el desarrollo de proyectos para estas dos categorías, es decir, alquiler de maquinaria y equipos, bajó 9,2 por ciento.

Las cifras son contundentes y muestran una realidad que, tras el desempeño de la industria edificadora desde el segundo semestre del 2017, e incluso, antes, no sorprendió a la gente vinculada al sector.

Y ahora, con el relevo en la Presidencia de la República, las expectativas están a la orden del día, a través de la continuidad a la política trazada por el Estado, específicamente al programa Mi Casa Ya para las viviendas sociales (VIS) y de estrato medio, que se alimentan con dinero destinado al subsidio a la tasa de interés.

Sobre este tema, la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) insistió en que se necesitan recursos para el próximo año y reiteró sobre la necesidad de gestionar 1,6 billones de pesos y, mínimo, 35.000 subsidios anuales para mantener la VIS.

Incluso, el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, fue más allá y el pasado 22 de agosto, durante el debate de presupuesto al que fue citado por la Comisión Séptima del Senado, pidió más recursos para agua potable y vivienda: “Lo mínimo que necesita este Ministerio es 1 billón de pesos (…), lo ideal sería que el presupuesto para los dos sectores, en el 2019, fuera de 2,5 billones de pesos”, enfatizó el funcionario.

Y, para confirmar que el sector es prioritario en la agenda del Estado, el Ministro anunció durante la clausura de la Convención Bancaria, que a través del programa de arrendamiento social, Semillero de Propietarios, ofrecerán viviendas a trabajadores formales o informales, que no pueden acceder a un crédito bancario.

Durante dos años las familias inscritas en el programa pagarán un arrendamiento en el que se les subsidiará un porcentaje mensual. Después de este tiempo, cuando ya tengan un ahorro y cumplan algunas condiciones, podrán comprar esa vivienda u otra con la iniciativa 'Mi Casa Ya (MCY)'.

 

Aportar 300.000 pesos mensuales, contar con 350.000 de apoyo por parte del Gobierno y -aproximadamente- sumar ese valor como monto de alquiler, es, sin duda, algo interesante. Más aún, si se tiene en cuenta que de este dinero 200.000 pesos irán al ahorro que tendrá la familia esos dos años, es decir, cerca de 5 millones, que, entre otras, podrá sumar al subsidio de la cuota inicial de MCY. Seguramente, en los próximos días se irán despejando más inquietudes de una propuesta que espera sumar acciones y, claro, la plata que se necesita para compensar lo que restó el PIB.

GABRIEL E. FLÓREZ G.

Coordinador editorial Vivienda

En Twitter: @GabrielFlorezG