Riesgo de no cumplir con los peajes pondría fin a contratos y desempleados: CCI

A propósito de la disposición del Gobierno que, mediante el Decreto 050 de 2023, establece no incrementar las tarifas de los peajes a cargo del Invías y la ANI, la Cámara Colombiana de la Infraestructura hace el siguiente pronunciamiento:

Decretar el congelamiento de las tarifas de los peajes de las vías concesionadas se refleja en un cambio intempestivo en las reglas de juego en un negocio de largo aliento, cuya columna vertebral financiera, justamente, se soporta en el recaudo derivado de los peajes como fuente de pago de las inversiones realizadas sobre la infraestructura concesionada.

En consecuencia, el Estado se verá abocado a compensar a los proyectos y entregar, con dineros provenientes del Fondo de Contingencias y presupuestales, el billón de pesos que aproximadamente estos últimos dejarán de percibir durante el año 2023, como consecuencia de las modificaciones tarifarias adoptadas a comienzos de esta semana. Así lo ha confirmado el señor ministro de Hacienda.

Además, esta medida causa un desequilibrio económico de los contratos, por cuanto las tarifas reales de cada año serán menores a las previstas en la estructuración de los mismos, al no ser restablecidas.

En el caso particular de las denominadas IP (iniciativas privadas) siendo proyectos que se financian exclusivamente con el recaudo de los peajes, esta medida genera el riesgo de que no puedan garantizar su sostenibilidad financiera y, como resultado de lo anterior, los contratos podrían terminarse de manera anticipada. En este caso, el Estado tendría que reconocer, adicionalmente, las inversiones realizadas y tendría que finalizar las obras y istrar, operar y mantener las vías.

Ahora bien, los proyectos concesionados no están exentos de enfrentar la coyuntura económica que vive el país: los incrementos derivados de la inflación en el costo de las nóminas o los aumentos en el valor de los insumos, entre muchos otros factores.

Así pues, no ajustar al alza las tarifas de sus peajes implica el riesgo de no reconocer el verdadero valor de los bienes y servicios requeridos para la construcción y istración de los proyectos. (Esto puede generar desempleo y eventuales incumplimientos con proveedores por parte de las concesiones).

La principal consecuencia para el país, de cara a los alcances del decreto expedido, es que, a partir de la fecha, serán el Gobierno y todos los colombianos –incluso aquellos que no transitan por las carreteras concesionadas– quienes terminarán respondiendo, vía impuestos, por los dineros que dejen de recaudar los proyectos, dado que dicho recaudo se constituye en la fuente de pago de inversiones realizadas sobre la infraestructura.

A lo anterior habría que sumar el hecho de que cambiar las reglas del juego genera un clima de inseguridad jurídica que, por razones obvias, redunda en incertidumbre entre aquellos financiadores e inversionistas que apuestan por iniciativas de esta naturaleza.

De la mano, el Gobierno y el sector deben evitar el deterioro de la confianza. Gracias a ella, hemos construido a lo largo de 30 años una alianza exitosa y estratégica (Estado-concesiones) en pro del desarrollo y la modernización de la infraestructura nacional.

Confianza que, además, podría lesionarse con los ya citados financiadores e inversionistas (locales e internacionales) que por convicción han creído en un modelo que, como el de las concesiones, ha demostrado –no solo en Colombia: en el mundo entero, incluso en países como la China– su irrefutable eficacia.

No hay que olvidar que esta confianza ha permitido que la infraestructura pueda entenderse como política de Estado, de largo aliento, que trasciende gobiernos de turno o ciclos políticos. Todo ello, con el apoyo indeclinable de la banca multilateral.

Vale recordar, además, que la participación privada en el desarrollo de infraestructura, como principal aliada del Estado, ha sido piedra angular para construir e intervenir, durante los últimos 30 años, más de 10.000 km de carreteras a lo largo y ancho de la geografía nacional que no hubiese sido posible ejecutar a través de obra pública, dadas las insuficiencias presupuestales existentes. Habría que sumar, además, el impacto de las mencionadas concesiones sobre el espectro social, el cual se traduce en mejor calidad de vida para la sociedad en su conjunto.

Lo anterior, porque el desarrollo de vías de esta naturaleza genera un encadenamiento productivo que incluye la creación de miles de empleos directos e indirectos, y demanda la utilización de diversos insumos provenientes de sectores como el industrial, el comercial o el financiero.

El gremio confía en el buen criterio del Gobierno y en su buen tino para analizar con detalle todo lo aquí expuesto. Las concesiones del país, por su parte, seguirán con el compromiso inquebrantable de construir, día a día, un mejor país. En tal virtud, el gremio reitera su constante disposición para el diálogo constructivo con el Gobierno, bajo la premisa del interés general de la Nación.

No sobra advertir, finalmente, la zozobra que afecta al sector, en cuanto las instalaciones de algunas concesiones están siendo objeto de atropellos que demandan la acción urgente de la autoridad.