Las advertencias de César Gaviria a la reforma pensional

Luego de la reforma tributaria que se aprobó en 2022 y la de salud que recién se radicó en el Congreso de la República, el Gobierno Nacional está estructurando la que hará al sistema de pensiones.

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Hasta el momento, varios del Ejecutivo y el propio mandatario Gustavo Petro han dado algunos detalles de lo que traería este proyecto de ley. Teniendo en cuenta esta información, César Gaviria, expresidente de Colombia y actual director del Partido Liberal, presenta un “diagnóstico” del sistema actual.

Manifiesta que este análisis puede constituir una ventana para establecer propuestas que motiven “una discusión razonable del gran problema de las pensiones” en el país.

Aumentar la cobertura, mejorar la focalización de los recursos y asegurar la sostenibilidad financiera del sistema, deberían ser los ejes de la reforma que pretende presentar el Gobierno.

“Este es un tema que no se puede entender con argumentos confusos y propuestas que, de implementarse podrían traer serias consecuencias a los ciudadanos. Y en muchos casos, despojarlos, no simplemente de derechos, sino también de bienes fruto de sus ahorros”, puntualizó.

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Gaviria también dice que, en Colombia, de adoptar el sistema que propone el nuevo Gobierno, que es el que usaron Argentina y Uruguay, no se podría suspender el pago de las pensiones como ha ocurrido en dichos países al agotarse los capitales que el Estado tomó por derecha de los ahorros y contribuciones de los ciudadanos pertenecientes al sistema pensional.

Además, resalta que estos dos países tomaron decisiones como las que se están proponiendo actualmente, y ya llegaron al punto de insolvencia donde no se pueden efectuar los pagos pensionales a las personas que han depositado su ahorro durante años

Casi 30 años después de la aprobación de la Ley 100 de 1993, el expresidente cuestiona que Colombia siga con coberturas bajas y un sistema altamente inequitativo, debido, principalmente, al sistema de reparto puro (Régimen de Prima Media), a la baja cifra de cotizantes y al aumento de las expectativas de vida.

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En la mayoría de los casos, -dice- el monto de la pensión es muy superior a los aportes realizados durante la etapa laboral porque las pensiones están altamente subsidiadas, tanto en lo que hace al sistema privado como al público.

Solo el 0,1 por ciento de las personas en edad de pensión del 10 por ciento más pobre de Colombia están pensionadas “Nos tenemos que preguntar si vamos a conservar las pensiones altamente subsidiadas en los dos regímenes. Y en cuál medida lo debemos hacer”, agrega.

También comenta que la dependencia del sistema pensional del mercado laboral excluye muchas personas de la protección social. Tal vez, uno de los aspectos más determinantes es que más de la mitad de la población ocupada no recibe el salario mínimo y, por lo tanto, no se puede afiliar.

Así mismo, por las características propias del mercado laboral, alta informalidad y alto desempleo, hay grupos poblacionales que no logran ahorrar el capital necesario requerido por el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais), o no pueden cumplir con los requisitos necesarios del RPM para pensionarse.

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Tampoco se benefician las personas de bajos ingresos que tienen salarios inferiores al mínimo, pues quedaron excluidas del sistema porque se rechaza su afiliación.

“Buscar soluciones a estos problemas también puede traer consecuencias fiscales negativas de gran importancia, y nos pueden llevar a niveles de endeudamiento insostenibles en lo que hace al Presupuesto General de la Nación y en el futuro”, advierte.

El director del Partido Liberal cita un estudio de la Anif que afirma que, a pesar de la importante cantidad de recursos que cuesta sostener el sistema pensional, la cobertura no ha crecido en la última década.

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Para 2022, la cobertura de pensionados sobre el total de la población en edad de pensionarse seguía en los mismos niveles de finales de la década pasada, apenas superando el 20 por ciento. Es decir, únicamente uno de cada cinco colombianos en edad de retiro obtiene una pensión.

De acuerdo con el expresidente, es falso que los fondos privados de pensiones cobren –como lo ha afirmado el Gobierno– el 30 por ciento de comisión por istrar los ahorros de los colombianos que cotizan en ellos.

En lugar de esto, los aportes en los dos regímenes cobran tres puntos porcentuales de los 16 que se deben aportar al sistema para la pensión de cada ciudadano, como un cobro por la istración de los recursos.

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También existe un seguro que al final sigue pagando por aquellos afiliados que se mueren antes de cumplir la edad de jubilación o la de aquellos que quedan en una situación de invalidez, es decir que al final se cobran menos del 3 por ciento para el derecho al pago de la pensión.

Aunque César Gaviria asegura que entiende los retos que hoy en día tiene el sistema pensional colombiano, también afirma que “sería un grave error implementar una norma de cualquier nivel que permita despojarle el dinero a los contribuyentes y tomarlos por derecha, aduciendo que las contribuciones se volverían del Estado para darles un carácter público cuando se paguen en un fondo”.

Teniendo en cuenta las ideas expresadas hasta ahora por el Gobierno, las pensiones actuales supuestamente serían pagadas y se liberarían 28 billones de pesos anuales en el Presupuesto que se gastarían en quienes no tienen pensión. “Esto es muy discutible desde el punto constitucional y también viola las leyes y fallos jurisprudenciales”, afirma.

Adicionalmente, explica que el Gobierno pretende tomar los recursos de las as de Fondos de Pensiones (AFP) que hoy pertenecen a cerca de 18 millones de colombianos y que suman cerca de 368 billones de pesos para financiar el gasto público corriente, y pagarles un subsidio de pensión a los afiliados de Colpensiones que sean adultos mayores en condición de pobreza.

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Si sobran recursos, serían para entregarles un pago a los adultos mayores excluidos del sistema. Y se propone tomar, según supone Gaviria, recursos de los regímenes especiales, de las Fuerzas Militares, Policía Nacional y profesores.

“Esa idea tiene diversos y severos problemas. Uno de ellos es la entrada en vigencia del Acto legislativo 01 del 2005, por lo cual, los ahorros que hacen los afiliados a los fondos de pensiones se consideran un derecho adquirido con protección constitucional”, indica.

Por otra parte, señala que la propuesta que se ha anunciado tiene “un profundo desconocimiento de la ley y de los fallos judiciales”, pues estos recursos, que corresponden a los aportes pensionales de las personas, “no les pertenecen a los fondos de pensiones, ni a los bancos, ni mucho menos al Gobierno, ni hacen parte del Presupuesto General de la Nación”.

Esos recursos son de propiedad exclusiva de los trabajadores, tal y como se encuentra consignado en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. Mientras que el Acto Legislativo 01 de 2005 fortalece que la pensión es un derecho adquirido y fundamental que no se puede desconocer, además de generarle al Estado la obligación de pagar bajo cualquier circunstancia.

“Tomarlos por derecha constituye un acto antijurídico, ya que las cuentas de los afiliados son de su propiedad. Del análisis de las mencionadas leyes se puede concluir que en el Rais los aportes pensionales son de propiedad exclusiva del afiliado”, reitera.

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Por eso, el director del Partido Liberal asegura que no corresponde a la realidad la afirmación del presidente Petro sobre que el ahorro pensional que se encuentra en un fondo privado es dinero público. Más bien, “contrarían las normas que constituye nuestro Estado de derecho”.

“En otras palabras, la propuesta consiste en gastarse los ahorros privados de las personas para endeudarse en el futuro con montos mucho mayores, porque de no haberse gastado hubieran generado importantes rendimientos”, agrega.

De esta manera, se estaría generando una deuda futura inmensa, sumada a la deuda pensional ya existente a raíz de los subsidios implícitos con los que se pagan las pensiones.

Otra advertencia que lanza el expresidente es que, utilizar los dineros de los afiliados al Rais “agravaría los problemas de cobertura, y localización de los subsidios que tiene el sistema. Aparentemente, el Gobierno espera resolver el déficit del RPM tomando los recursos de las AFP y del Rais en lo que tiene que ver con los recursos complementarios aportados por estos para el régimen individual”.

“¿Y si se decide avanzar por este camino, que pasaría después de que se agoten los recursos nacionalizados, según el punto de vista del Gobierno?”, se cuestiona.

Por estas razones, también manifiesta que las declaraciones del Gobierno de que con recursos del actual sistema se puede establecer una mesada de 500.000 pesos para los tres millones de adultos mayores es “muy loable, pero carecen de una fuente legal de recursos y las que se están considerando son de propiedad de los afiliados”.

Por ello, Gaviria puntualiza que el problema no es con la propuesta sino con la manera de financiarla y con la magnitud de los recursos que se requiere. “Es indudable que la reforma del sistema demanda significativos recursos fiscales no cuantificados aún”, aseveró.

Por otro lado, según cálculos de Anif, con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (Geih) del 2020, el 74 por ciento de estos subsidios, que son del RPM, beneficia al 20 por ciento más rico de la población, mientras que tan solo el 0,5 por ciento de los subsidios se dirigen al 20 por ciento más pobre de la población.

“Es decir, si estas propuestas llegan a convertirse en políticas públicas, empeorarían las ya débiles finanzas públicas del país, que en el caso del presidente Petro deben dirigirse a muchos frentes que son considerados prioritarios”, señala.

También deja visto que el Gobierno debe tener la seguridad de que, de recorrer este camino, habrá un cumulo de demandas de los ahorradores, y de muchas otras fuentes, porque la ley y un acto legislativo “les aseguró que estos recursos siempre serían de ellos y no podrían ser tomados o confiscados por nadie”.

Antes de fortalecer el sistema, César Gaviria considera que lo primero que se debe corregir son las fallas de fondo para no seguir acrecentando los problemas ya existentes. “Existe el riesgo de desincentivar la afiliación al Rais y así se generaría un estímulo de trasladarse al RPM, causando que menos personas aportarán para financiar la mesada mínima universal. Así crece prontamente el riesgo de que el sistema quede desfinanciado”.

Otro punto que considera tener presente es que el sistema fue diseñado cuando la pirámide poblacional permitía crear un sistema de estas características, en un momento cuando la base de aportantes jóvenes era mucho más amplia que el número de adultos mayores.

Pero la pirámide ha cambiado con el paso de los años, haciendo que la base de cotizantes se vuelva insuficiente para cubrir el número de personas que se pensionaron o se pensionarán en el futuro.