Aunque la idea de tener que pagar más impuestos nunca es bien recibida por los contribuyentes, bajo las actuales dificultades fiscales que enfrenta el país, en medio de una pandemia que le ha costado a las arcas nacionales más de 330 billones de pesos, sin contar los 180 billones en materia salarial, según cuentas del Gobierno, existe consenso en que es necesario llevarla a cabo.
Las razones son evidentes: la contracción de la economía ronda el 7 por ciento, la tasa de desempleo se encuentra en niveles históricos del 15,9 por ciento, el déficit fiscal se estima en cerca del 9 por ciento del PIB y, como si lo anterior no fuera suficiente, el país está debiendo cerca de 620 billones de pesos, esto es 61 por ciento de su PIB.
Con ese estado de las cosas y un nivel de pobreza que se elevará por los efectos negativos de la pandemia y que, sin duda, traerán mayor malestar social, según los analistas, el panorama no luce tan atractivo para los inversionistas internacionales que están atentos a las decisiones que puedan tomar las calificadoras de riesgo en los meses por venir sobre el país.
Esa es una de las grandes preocupaciones de los empresarios. Bruce Mac Master, presidente de la Andi, señala que “es muy importante despejar, cuanto antes, el panorama fiscal de la Nación para que financiadores y calificadoras cuenten con elementos suficientes para estar tranquilos y puedan ratificar el grado de inversión; para la economía resultaría demasiado costoso perderlo”.
En BNP Paribas consideran que si bien es probable que unos precios del petróleo más altos mejoren las cuentas públicas (hoy el barril de Brent se cotiza sobre los 62 dólares), Colombia todavía necesita ver un incremento estructural en sus rentas fiscales del 2 por ciento del PIB. “Si el Gobierno no aprueba una reforma fiscal importante o suspende su regla fiscal otro año, vemos un riesgo de que Colombia pierda su grado de inversión a finales de 2021 o a principios de 2022”, dicen los analistas de la firma.
Todo parece girar en torno a la llamada reforma fiscal que está tomando forma, según lo revelado por el Gobierno.
“Se necesitan, como mínimo entre 10 y 12 billones de pesos para no perder el grado de inversión. Con esto el Gobierno estaría comprando algo de tiempo para que las calificadoras tomen una decisión inevitable después de elecciones”, advierte por su parte Munir Jalil, director de Investigaciones Económicas para la Región Andina de BTG Pactual.
Algunos analistas consideran que existen otros elementos no se han tenido en cuenta, como el hecho de que estamos en un año prelectoral y eso pesa.
Raúl Gallegos, director de Control Risks Colombia, dice que las calificadoras hoy miran temas en los que al país no le va también, como la gobernanza, lo social y el medioambiente, que se suman a la incertidumbre política por el tipo de presidencia que viene del 2022 en adelante.
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