'Reforma agraria no se logrará sin los cambios requeridos': exdirector de la ANT

Si no se hacen los cambios necesarios que permitan acelerar los procesos de compras de tierra, si no se deja el temor de ciertos funcionarios tanto del Ministerio de Agricultura y de la misma Agencia Nacional de Tierras (ANT), para adelantar esos procesos, será muy difícil que la Reforma Agraria se saque adelante y con la rapidez que lo pide cada día el propio presidente Gustavo Petro.

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Así lo hizo saber Gerardo Vega, exdirector de la ANT, quien advirtió acerca de las trabas que están imponiendo el propio Ministerio de Agricultura y algunos funcionarios de dicha agencia para avanzar en la compra de predios indispensables para adelantar esa reforma.

Dijo que, si bien la ANT tiene hoy un presupuesto de 5'5 billones de pesos para ejecutar, quizás el más alto desde que esa ópera, la compra de predios no avanza con la celeridad que se necesita, pese a que, incluso, hay acuerdos para adelantar las adquisiciones pactadas con anterioridad.

"La meta es comprar 1,5 millones de hectáreas en este periodo," precisó Vega, al tiempo que advirtió sobre la urgencia de cambiar los procedimientos para ello. "Hay mucho temor de los funcionarios para hacerlo, pese a que hoy se cuentan con las herramientas tecnológicas para que esas compras sean más eficientes y rápidas, lo que de paso le cerraría el paso a la corrupción", dijo el exfuncionario.

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Cada mes se tienen que comprar unas 45.000 hectáreas a un costo de 100.000 millones de pesos promedio, pero, cada vez que se va a cerrar un proceso de estos, los funcionarios responsables de estas compras sacan excusas para no hacerlo, tienen miedo, insiste Vega.

"Nosotros pasamos de 46 procedimientos para compra de tierras a solo 8 y de 18 meses a solo 2,5 meses, y así pudimos comprar 40.000 hectáreas en enero pasado", insistió el exfuncionario, quien dijo que no es posible que para la compra de cualquier predio existan hoy hasta 130 procedimientos, lo cual hace imposible adquirir los terrenos, sobre todo, cuando estas se hacen a campesinos que han vivido de estos por años.

Para Vega, en el Ministerio de Agricultura, si bien no hay corrupción, sí hay "gente cobarte" que se resiste al cambio. Señala que se rehúsan a comprar tierras con contrato de compra y venta, con los cuaesl se discrimina a las personas del campo; se niegan a utilizar con el mecanismo de 'cabida o linderos', es decir, sobre lo que diga la escritura, pero también se oponen a emplear la tecnología satelital, pese a que la ANT ya tenía un acuerdo con la Fuerza Áerea, bajo el pretexto de que esta no es exacta, cuando, según Vega, la misma permite saber la extensión de los predios, si cuentan con agua, las hectáreas, los cultivos en tiempo real.

No acudir a la tecnología obliga a la ANT y al Gobierno a tener que desplazarse con personal y equipos hasta los predios, a pagar viáticos, comisiones, costos de transporte, alimentación, con el riesgo de que los funcionarios encargados terminen acordando el precio del precio con el dueño del mismo, es decir, que haya corrupción.

A lo anterior se suman, dice el exfuncionario, los conceptos de los agrónomos, muchos de los cuales dicen que los predios a comprar no son aptos para la compra, en la medida que su suelo no cumple los requisitos para siembra de productos, cuando el duelo lleva años explotándola para el agro.

Frente a esas denuncias, el Ministerio de Agricultura dijo que se abstenía de pronunciarse por el momento, y señaló, además, que "acerca de investigación divulgada por medios de comunicación sobre posibles sobrecostos en la compra de tierras, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural solicitó a la Agencia Nacional de Tierras hacer las respectivas investigaciones para determinar si hubo o no sobrecostos en la compra de tierras para la Reforma Agraria y, concretamente, en el caso de la finca La Grosería, ubicada en el departamento del Cesar".

Al referirse a ese tema, Vega dijo que ese predio era un compromiso del Gobierno desde el 2022, se acordó hacer el estudio de esas tierras, algunas ya se han comprado, pero a la parte que falta se le continúa dando vueltas en el ministerio y algún funcionario siempre le encuentra algún obstáculo que impide cerrar ese proceso.

Señaló que se hizo un primer avalúo por unos 8.000 millones de pesos, luego vino otro y se redujo en un 50 por ciento ese costo, pero que no se ha pagado un solo peso de esa finca y todo está en un compromiso de compra y venta.

"Ahora dicen que el predio no es apto para el agro, cuando hay un concepto de la viceministra Lilia Rodríguez, que señala que dicho predio es apto en un 76 por ciento para la siembra", insiste el exfuncionario, quien agrega que en el fondo lo que hay es un tema ideoligilizado.