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Noticia

Covimar, abierta a encontrar con la ANI la mejor solución para el desarrollo de la vía Mulaló – Loboguerrero

Oposición de comunidades al proyecto y demora en expedición de las licencias ambientales, los mayores obstáculos.

En vía Buga-Loboguerrero hubo desprendimiento a la altura del kilómetro 89.

En vía Buga-Loboguerrero hubo desprendimiento a la altura del kilómetro 89. Foto: Santiago Saldarriaga

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PERIODISTA ECONÓMICOActualizado:

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La Concesionaria Nueva Vía al Mar S.A.S. (Covimar) reiteró su disposición de encontrar, de la mano con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) la mejor fórmula que permita avanzar en el desarrollo de la vía Mulaló – Loboguerrero”, un proyecto de gran importancia para el Valle del Cauca y el país en general.
Desde Covimar, señalaron que, a pesar de los esfuerzos del concesionario por llevar a cabo la construcción de este proyecto vial, en cumplimiento de lo establecido en sus obligaciones contractuales, circunstancias ajenas han impedido en el avance de esta iniciativa, esto no ha sido posible.
Recordaron que el contrato de concesión entre la ANI y Covimar, data del 2015, año a partir del cual el concesionario ha utilizado recursos propios, provenientes de aportes de capital de los socios, que hoy superan con creces el monto mínimo establecido en el Contrato, para llevar a cabo la construcción de dicha vía, sin embargo, ha sido imposible continuar con la ejecución del compromiso.
Factores como la continua oposición de algunas comunidades al trazado del proyecto vial definido por la ANI y la tardanza (seis años) en la expedición de la licencia ambiental requerida para ejecutar el proyecto, se cuentan entre los principales obstáculos para la ejecución del mismo.
Esas circunstancias, que incluyen una parálisis del proyecto de 7 años, unidas a la indefinición de la ANI, llevaron a Covimar a solicitar, el 12 de agosto del 2021, ante un Tribunal de Arbitramento, la terminación anticipada del Contrato, aunque ha mantenido su disposición de reactivar la construcción de la obra. 
"En el Gobierno del Presidente (Iván) Duque, durante el primer semestre del 2022, con el conocimiento de representantes de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República, la ANI y el Concesionario, desarrollaron múltiples reuniones con base en los resultados de un Informe Técnico y un Informe Financiero elaborados por firmas independientes avaladas por la ANI. Estos informes demostraron de manera contundente que, por la demora en el otorgamiento de los permisos necesarios, se manifestaba un desequilibrio del contrato y como consecuencia se hacía necesario el aporte de recursos adicionales por parte de dicha agencia", comentaron desde Covimar.
No obstante, el Ministerio de Hacienda, ante la solicitud de la ANI (2022), dijo en su momento que no había los recursos para realizar dicho proyecto.

Más negativas

E el concesionario también recuerda que en abril de 2023, tras un laudo arbitral presentado, se negó la terminación anticipada del Contrato, entre otras razones, porque, "si la ocurrencia de una fuerza mayor había ocasionado mayores costos o gastos para el Concesionario, o había afectado la ecuación contractual, la vía jurídica no era propiamente la destrucción del vínculo contractual, sino el restablecimiento del equilibrio económico del contrato". 
Ante esa situación y la indefinición de la ANI, comenta Covimar, en julio de 2023, fse convocó un nuevo tribunal buscando que éste ordenara el restablecimiento de la ecuación económica del contrato y, de no ser posible, se declarara la terminación anticipada de dicho contrato. 
4G

Proyectos 4G cierran el 2024 con un avance cercano al 89 % Foto:ANI

A pesar de ello, insisten desde el concesionario, la ANI se ha negado a reconocer abiertamente la existencia de un desequilibrio económico del contrato, aun cuando, en 2024, dicha agencia efectuó una nueva solicitud de recursos adicionales al Ministerio de Hacienda, entidad que se negó a concederlos por falta de recursos presupuestales. 
Sin embargo, Covimar no ha desistido de su intención de encontrar salidas a esos impedimentos para desarrollar el proyecto, por lo que acordó con la ANI y el Ministerio de Transporte tratar de conciliar, en el Tribunal de Arbitramento en marcha, la terminación del contrato y que los 2,2 billones de pesos de las vigencias futuras asignados y que están en un patrimonio autónomo, puedan ser utilizados para la construcción de la carretera, por cualquier otro licitante, incluso para otro proyecto de infraestructura del país. 
Desde el concesionario insistieron, no obstante, en que de esas vigencias futuras consignadas a favor del Proyecto, no ha recibido un solo peso, como tampoco se ha lucrado de esos recursos
"A través de los años, el Concesionario, ha aportado recursos propios por un monto muy considerable para pagos de personal, procesos de licencia ambiental y de consulta previa, y para la compra de predios, entre otros. Estos gastos incurridos han sido aportados en su totalidad por los socios del Concesionario", ratificaron.

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