‘De la insolvencia al salvamento empresarial’ / Opinión

Esta situación se enmarca en un contexto global turbulento, como señala el artículo de The Economist del 9 de mayo de 2024 titulado ‘The Great Regression: The World’s Economic Order is Breaking Down’, que destaca la regresión significativa y el desorden en la estructura económica mundial.

Es así que hasta diciembre de 2023, en Colombia se registraron 4.471 empresas en ley de insolvencia, buscando reorganizar sus pasivos y mantenerse activas en el mercado. Esto representó un aumento del 10 por ciento respecto al año anterior, marcado por la crisis económica del 2020, la más severa en la historia reciente. De la misma manera, los datos de la Superintendencia de Sociedades revelan un incremento en las solicitudes para entrar en reorganización entre 2014 y 2023. Solo el año pasado 1.420 empresas solicitaron ser aceptadas en el trámite de reorganización. Por lo anterior, la Superintendencia de Sociedades ha venido insistiendo en resaltar y divulgar en diferentes foros y escenarios que uno de los mecanismos más importantes implementados con el propósito de salvar empresas ha sido la reorganización empresarial. Este proceso, regulado por la Ley 1116 de 2006, permite a las empresas en dificultades financieras reestructurar sus deudas y operaciones con el objeto de volver a ser viables.

Adicionalmente, las medidas de emergencia introducidas durante la pandemia del covid-19, mediante los decretos 560 y 772 de 2020, permitieron en su momento simplificar y agilizar estos procedimientos, reduciendo la intervención judicial y promoviendo acuerdos de reestructuración negociados directamente entre las partes.

En tal sentido, las cámaras de comercio también han jugado un papel fundamental en la implementación de procedimientos de recuperación empresarial. Estos procedimientos, diseñados para ser menos formales y más accesibles, han permitido a muchas empresas llegar a acuerdos con sus acreedores, reorganizar sus deudas y operaciones sin necesidad de entrar en un complejo proceso judicial. No obstante, a pesar de todas las acciones arriba mencionadas, y con el propósito de dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 ‘Colombia potencia mundial de la vida’, el cual establece como uno de los ejes centrales la transformación productiva, internacionalización y acción climática, lo mismo que le apunta a la política de reindustrialización, hacia una economía del conocimiento, incluyente y sostenible, fomentando el crecimiento y salvamento empresarial.

Desde la Superintendencia de Sociedades tuvimos la iniciativa de construir de manera participativa e incluyente una propuesta de reforma del régimen de insolvencia, denominado ‘De la insolvencia al salvamento empresarial’. Para ello convocamos a diferentes sectores, gremios, expertos y a la academia.

En la entidad consideramos que los desafíos actuales que enfrentan nuestra región y el mundo constituyen una oportunidad invaluable para que, a través de esta reforma, se puedan priorizar en los distintos procedimientos de insolvencia los siguientes asuntos: (i) la protección a los pequeños acreedores, (ii) la agilización de los procesos, (iii) la promoción de la reestructuración financiera y operativa de las empresas, y (iv) el fortalecimiento de la confianza en las normas regulatorias del régimen concursal. El panorama actual del tejido empresarial en Colombia hizo necesaria la elaboración de un anteproyecto de ley que reforme la Ley 1116 de 2006, el cual se tramitará ante el Congreso de la República con el fin de propiciar el salvamento empresarial, modernizando y fortaleciendo el marco legal para la recuperación y supervivencia de las empresas, de la mano de los diferentes actores y grupos de interés. En estos tiempos, más que nunca, resulta vital articular esfuerzos entre todos los actores comprometidos con el salvamento de las empresas.

Nuestra propuesta para continuar apoyando el salvamento empresarial en Colombia se basa en la modificación de la Ley 1116 junto con la permanencia de las medidas introducidas por los decretos 560 y 772 de 2020, así como en el fortalecimiento de los mecanismos de apoyo existentes.

Es crucial seguir mejorando la accesibilidad y eficiencia de los procesos de reorganización y recuperación, asegurando que todas las empresas, independientemente de su tamaño y ubicación, puedan beneficiarse de estas herramientas.

BILLY ESCOBAR
Superintendente de Sociedades