Soat, taxis y peajes, los tres subsidios que se le enredan al Gobierno

El tema de los subsidios anunciados por el Gobierno con el fin de aliviar un poco la situación de taxistas, transportadores de carga y pasajeros, entre otros, así como la de millones de motociclistas del país, en medio de una difícil coyuntura en la que los precios de los combustibles, el costo de los peajes y los seguros se han elevado, hasta el momento no se han podido cristalizar o no han salido del todo bien, pues implementarlos se ha complicado más de lo esperado.

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A lo anterior se suma el costo que debe asumir el Gobierno para cubrir esos dineros que tienen destinación específica, como sucede con los del Soat, que sirven para atender a las víctimas de los carros fantasma o de quienes evaden esa obligación, mientras con el de los peajes el Gobierno debe responder a algunos concesionarios.

Cálculos preliminares apuntan a que solo a estos les tendría que girar unos 800.000 millones de pesos, a la salud otros 2,8 billones para cubrir el faltante por el alivio del 50 por ciento de la tarifa del Soat, mientras que por el subsidio a los taxistas por el alza de la gasolina serían otros 74.300 millones para los últimos cuatro meses del presente año y de 237.000 millones solo en 2024, según cálculos del centro de estudios económicos Anif.

Casi un año después de la implementación del Decreto 2497 de 2022 con el que se aplicó un alivio del 50 por ciento del valor del Soat a los propietarios de vehículos en algunas categorías co mo motos de 100 c.c. y de entre 100 y 200 c.c., entre otros, los objetivos buscados, como la reducción de la evasión de dicha póliza y una menor siniestralidad, brillan por su ausencia.

Según Fasecolda, gremio asegurador, la evasión de esa póliza obligatoria en el parque de motocicletas supera el 60 por ciento, lo que indica que más de 6,7 millones de esos vehículos, de un parque de cerca de 12 millones, sigue rodando por las calles y carretera del país sin el Soat, por lo que los mismos aseguradores solicitan una revisión a la estructura de ese seguro.

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Ayer, ante los nulos resultados de esa ayuda y su impacto en las finanzas de la salud, la Contraloría General de la República le hizo un llamado al Gobierno “para que se articulen y tomen las medidas necesarias y urgentes que permitan garantizar la sostenibilidad del régimen de Soat, corregir sus problemas actuales, como el fraude y la evasión; como garantía para la protección a las víctimas de siniestros viales y el flujo de los recursos represados del sistema de salud”, frente a lo cual estará vigilante.

El congelamiento de las tarifas de los peajes, medida con la cual el gobierno del presidente Gustavo Petro les tendió la mano a los transportadores de carga y pasajeros, entre otros, y cuyo costo para la Nación se estimó en unos 810.000 millones de pesos, llegaría a su fin en diciembre próximo dados los efectos que tendría para las finanzas públicas y los colombianos extenderla por más tiempo.

De hecho, ayer se conoció el borrador del proyecto de resolución con el que Ministerio de Transporte establece un alza gradual de los precios de los peajes en Colombia, lograr “el restablecimiento de la tarifa y disminuir el impacto que tiene la medida en los contratos de concesión y de Asociación Público Privada a cargo de la Nación”.

El Gobierno contempla que ese aumento en el costo de los peajes, que hasta el momento se ha contenido, comience a partir del primero de diciembre de este año y para ello se tendrá en cuenta el IPC del año pasado (13,12 por ciento), mientras que para el 2024, según el proyecto, las tarifas que fueron cobijadas por el decreto 0050 de 2023 se incrementarán a partir del 16 de enero de 2024, de acuerdo con el IPC que se defina.

El congelamiento en las tarifas de los peajes, si bien ha sido un alivio para miles de transportadores, también comienza a tener un impacto en las finanzas públicas, al tiempo que la situación no puede prolongarse por mucho tiempo debido a que muchos de esos pasos vehiculares de carretera son istrados por terceros privados y el Gobierno tendrá que compensarlos.

Quizás la ayuda más enredada del Gobierno es la anunciada para aliviar las cargas que las alzas en los precios de la gasolina les está ocasionando a los taxistas que utilizan ese tipo de combustible, pues hasta el momento no se ha podido establecer un mecanismo efectivo y fácil de aplicar.

Ninguna de las diferentes salidas planteadas se ha podido cristalizar. Desde el incremento de las tarifas, el establecimiento de una tarifa dinámica para dicho servicio, hasta un precio diferencia en el galón de gasolina para ese segmento de transportadores forman parte de las salidas anunciadas, pero sin que ninguna se haya puesto en marcha, entre otras razones, por las complejidades mismas y por las distorsiones que esto puede generar.

Cálculos de Anif indican que si se toma una compensación diaria de 3.000 pesos y suponiendo que un vehículo trabajara los 30 días mes, el subsidio para cada conductor sería de 90.000 pesos al mes, lo que implicaría un costo de 74.300 millones de pesos si se aplica a los últimos cuatro meses del 2023, incluidos los aumentos en los precios de la gasolina previstos.

Ahora bien, dicho subsidio se mantiene en el 2024, la ayuda del Gobierno para ese segmento de transportadores se elevaría a 237.000 millones, por lo que el centro de estudios propuso que ese costo lo deberían asumir quienes más usan este medio de transporte, que en últimas son las personas de mayores ingresos en el país.

Lo cierto es que esos subsidios, más que grandes beneficios para sus destinatarios, le están creando serias complicaciones al Gobierno, sobre todo en materia presupuestal.