Rezago en nueva generación de energía sube las alertas sobre un racionamiento

El sector eléctrico lanzó una nueva alerta por el rezago que existe en la entrada de nuevos proyectos de generación y que podría hacer más visible la posibilidad de un racionamiento de energía en el país. Además, esta es una de las causas que ha llevado a que los colombianos tengan que pagar tarifas más costosas.

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Al cierre del 2022, la capacidad instalada del Sistema Interconectado Nacional (SIN) aumentó a 18.777 megavatios por la entrada en operación de 25 plantas, que aportaron 995 MW adicionales.

Sin embargo, esta capacidad podría ser todavía mayor si hubiesen entrado los 1.800 MW de la segunda fase de Hidroituango como se tenía planeado antes de la emergencia en el proyecto, además de otros 1.547 MW de los parques eólicos que ganaron en las subastas de 2019 y que debían, inicialmente, comenzar a operar en el 2022.

Aparte de los inconvenientes propios que han tenido estos proyectos, el retraso de Colectora, la línea que está construyendo el Grupo Energía Bogotá (GEB) y que será la encargada de transportar la energía eólica de La Guajira, también ha hecho correr los tiempos.

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Debía estar operando desde el 30 de noviembre de 2022, pero por la pandemia del covid-19 y dificultades que han tenido en los procesos de consultas previas con las 224 comunidades del área de influencia, el Ministerio de Minas y Energía le otorgó al GEB una prórroga y la nueva fecha es el 22 de julio de 2025.

Pero ahora que estaban a punto de concluir estas consultas y avanzar hacia la solicitud de la licencia ambiental, el Ministerio del Interior les notificó que debían hacer 11 más con poblaciones de La Guajira, cuando el gobierno anterior les aseguró que no eran necesarias.

“Espero que el proyecto no siga siendo un mecanismo para resolver problemas que van más allá de los del proyecto, porque no somos el Estado. Estas consultas pueden tomar cuatro meses más, y si el tiempo se alarga, el proyecto se podría retrasar hasta el 2026 o 2027”, dijo Juan Ricardo Ortega, presidente del GEB.

Una de las grandes preocupaciones que genera este rezago en nueva oferta es que, si en el futuro se registran pocas lluvias y la demanda sigue creciendo a un ritmo acelerado, como lo ha venido haciendo en los últimos años, podría haber un déficit de energía y no se podría atender todo el consumo de los colombianos. Es decir, se estaría abriendo la puerta a un racionamiento de energía.

Por ello, es clave que entren en operación nuevas plantas que puedan cubrir toda la demanda futura, y más teniendo en cuenta que los planes del Gobierno Nacional de acelerar la transición energética incluyen tener más carros y buses eléctricos.

De acuerdo con la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), para 2036, el consumo de electricidad en Colombia podría tener un crecimiento promedio entre el 2,22 y el 3,33 por ciento cada año.

Mientras que Fitch Ratings pronostica que la demanda crecerá en 1.500 GWh (aproximadamente 2 por ciento), además del crecimiento de 2.500 GWh del 2022.

Esto implica que se necesitarían 1.000 MW de capacidad adicional anualmente para satisfacer este incremento, sin ejercer una presión adicional sobre los precios de la energía.

La oferta de generación que hace falta y la poca capacidad de embalsamiento que tiene Colombia también han llevado a que se eleven los precios en la Bolsa de Energía.

Según explica el presidente de Isagén, Camilo Marulanda, en la formación del precio influye la percepción de los generadores del futuro, que implica soltar menos agua porque vendrá una temporada de verano y necesitan tener cómo atender sus compromisos con el sistema y los clientes.

En la práctica, esto se hace subiendo el precio que se oferta para que las térmicas aumenten su participación, pero resulta que estas plantas están asumiendo un precio de gas natural más costoso a raíz de la guerra en Ucrania y un dólar caro.

Además, mientras la demanda sube, las lluvias se reducen cada vez más (ver imagen). Durante el fenómeno de la Niña de 2022 —que pareciera que fue muy intenso— llovió menos si se compara con el que se registró antes.

Y aunque actualmente los embalses estén por encima de la media histórica, cuando no cae agua el nivel de estos comienza a bajar rápidamente: en lo que va de 2023 han pasado del 79 al 67,32 por ciento y al 9 de febrero el recurso almacenado era de 12.249 GWh, que alcanzarían para atender el consumo de los colombianos (220 gigavatios hora por día) durante solo 55 días seguidos.

Por otro lado, al tener poca capacidad de embalsamiento, Camilo Marulanda dice que afirmar que los embalses están llenos es una “falsa tranquilidad”, porque esto puede cambiar de una semana a otra. En los 40 días que van de este año, su nivel han caído 14,7 por ciento y esto deja entrever que un verano de un mes y medio o dos meses puede generar un estrés en el sistema.

Según estimaciones de la istración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos, existe una probabilidad del 50 por ciento para que entre agosto y octubre de 2023 se presente un fenómeno del Niño, aunque con el pasar de los meses esta posibilidad puede cambiar.

“Hay que saber usar el agua adecuadamente y guardarla para épocas de verano, porque afrontar un fenómeno del Niño con embalses bajos podría poner en riesgo el suministro de energía eléctrica”, afirma Camilo Marulanda.

Con este panorama, cobra más importancia la necesidad de una nueva subasta de Cargo por Confiabilidad. El Ministerio de Minas y Energía ya confirmó que efectivamente se hará, pero aún no ha entregado detalles.

Aunque es igual de importante que puedan entrar en operación todos los proyectos que ganaron en las subastas de 2019 y que han reportado inconvenientes para avanzar hacia su construcción. Para esto, el acompañamiento y apoyo del Gobierno se vuelve fundamental.

Más generación de energía, además de disipar posibles riesgos de desatención de la demanda, podría ayudar a que las tarifas de energía bajen aún más. De acuerdo con el Dane, en enero la inflación anual de la electricidad fue de 20,95 por ciento.

Pero para que lleguen nuevas inversiones a Colombia, también se requiere una claridad en la regulación para que las compañías puedan saber con qué condiciones pueden hacerlas, pues se trata de recursos que se invierten a 30 o 50 años.

“El sector tiene que ser propositivo para tratar de encontrar una fórmula que deje tranquilo al Gobierno y a las empresas para evitar esa volatilidad del precio de bolsa, pero sin afectar la credibilidad en la regulación de largo plazo, que es la que atraerá las inversiones para solucionar el problema de oferta que se tiene”, puntualiza el presidente de Isagén.

Corregir la reducida capacidad de embalsamiento actual es muy complicado porque no es viable construir grandes hidroeléctricas por las restricciones ambientales y sociales que existen. Por lo tanto, la salida es seguir complementando la generación con pequeñas hidroeléctricas, mantener las operaciones de las térmicas y más energía renovable no convencional, sobre todo solar, ya que son proyectos que se pueden construir en poco tiempo.

Sin embargo, la viabilidad de este tipo de iniciativas estaría en riesgo por una mayor carga tributaria y la devaluación del peso, pues cerca del 70 por ciento de los recursos que se requieren está en dólares.

Esto se suma al incremento del 1 al 6 por ciento de las transferencias eléctricas para este tipo de proyectos que se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo y que terminaría inyectando más presión al momento de evaluar una viabilidad económica.

“Si una de las metas del Gobierno es acelerar la transición energética y la construcción de más parques eólicos y solares en Colombia, esta mayor tarifa va en contravía de este deseo. Multiplicar por seis esta tarifa es un poco alto”, dijo el presidente de Isagén.

LINA QUIROGA RUBIO