El Consejo Gremial Nacional pidió al presidente Gustavo Petro “seguir trabajando juntos en el marco de la Constitución y la ley, con el objetivo de resolver los desafíos en materia de cobertura y calidad" de los servicios públicos en todo el país y así seguir consolidando los grandes logros que se han construido en materia de servicios públicos domiciliarios”.
De igual forma, el gremio manifestó su preocupación frente a las decisiones anunciadas por el presidente de asumir las funciones de regulación que actualmente están en cabeza de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).
Además, extendió una invitación a que se fortalezca el sistema de prestación de servicios públicos domiciliarios “sin quebrantar la institucionalidad vigente, lo cual, pondría en riesgo la sostenibilidad en la prestación de los servicios y la competitividad del país”.
Los gremios del país destacaron que “el sistema actual de servicios públicos domiciliarios es resultado de una modernización que inició en la década de los noventa, y responde a las normas y principios contenidos en la Constitución de 1991”.
Desde entonces, dicen, dichos servicios han sido prestados por el Estado y por particulares, quienes han convivido armónicamente con una regulación que ha respondido a las finalidades sociales de Estado.
De acuerdo con cifras oficiales, durante las últimas tres décadas se han ampliado las coberturas en el servicio de electricidad de un 85 al 97 por ciento; en el a agua potable se ha pasado de un 76 al 93 por ciento; en alcantarillado se ha ampliado la cobertura de un 61 al 90 por ciento y por último, para el servicio de gas natural se pasó de una cobertura del 17 al 67 por ciento.
“Con esto ha dado una solución a las necesidades básicas insatisfechas de millones de colombianos reduciendo las brechas de desigualdad y mejorando la calidad de vida de millones de hogares”, dijo el Consejo Gremial.
Así mismo, aseguró que los desafíos que todavía existen en materia de cobertura y calidad se pueden abordar de manera colectiva, construyendo consensos dentro de la institucionalidad vigente, garantizando los criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia contenidos en la ley.
De lo contrario, “significará ineludiblemente poner en riesgo la prestación y la calidad de los servicios públicos, lo cual, tendría impactos, tanto en la calidad de vida de los colombianos como en la competitividad del país”.
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