Inflación sacó del mercado a 28 negocios de comidas en agosto; hay más alertas

El alto costo de los alimentos, así como el de los servicios públicos, que cada vez pesan más dentro de la operación de los restaurantes; la fuerte caída en las ventas (24 por ciento); los arriendos, y el cierre de 28 establecimientos formales solo en agosto pasado tienen en encendidas las alarmas en el sector gastronómico colombiano, que ve con preocupación como cada día se deteriora más la situación de sus empresarios.

Las ventas han caído porque ante la necesidad de ajustar los precios de las comidas, muchas personas prefieren preparar los alimentos en sus hogares y eso está afectando a miles de negocios, en especial a los de comidas rápidas, aunque también a restaurantes de alta categoría, señaló Guillermo Gómez París, presidente de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres) que representa a más de 9.200 de restaurantes, cafeterías, pastelerías y panaderías formales.

El directivo teme que ese cierre de negocios pueda incrementarse en los meses que vienen y para evitar que ello suceda, revivirán la propuesta presentada al entonces presidente Iván Duque, para que el impuesto al consumo a dichos establecimientos baje del 8 al 4 por ciento y a partir de ahí haya un ajuste escalonado de un punto porcentual por año, hasta alcanzar 6 por ciento máximo.

Agrega que a cambio le ofrecerán al Gobierno que los restaurantes franquiciados, que hoy están en régimen de IVA vuelvan al impoconsumo, es decir, quedaría todo el universo de gastronomía bajo un único régimen tributario, lo que jugaría a favor de las finanzas públicas.

“Esta forma escalonada de recaudar el impoconsumo le ayudaría a los restaurantes formales a tener una herramienta tributaria de competitividad, con la cual resistir el impacto de la inflación, dado que este es un impuesto muy líquido con el que estos negocios pueden enfrentar la coyuntura sin incurrir en violaciones a las normas tributarias”, explica el vocero gremial.

Comentó que algunas de las marcas que se han acogido a la Ley 1116 de reorganización lo han hecho por esa razón, ya que el acuerdo les permite diferir el pago del impuesto a la Dian y así no se exponen a sanciones.

La propuesta –que no es tan sencilla de llevar a la realidad, toda vez que se necesitaría de una reformas tributaria, la declaratoria de una emergencia económica o un proyecto específico para el sector– aún no se ha presentado al actual Gobierno, pues los empresarios están a la espera de un estudio para demostrar que es más eficiente para el Gobierno un recaudo del 4 por ciento en impoconsumo, ayudándoles de paso a los empresarios a resistir en esta coyuntura, que tener 8 por ciento con el que se destruyen negocios formales.

Gómez París señala que los indicadores que registran hoy, como el de la caída en ventas del 24 por ciento del primer semestre, son alarmantes y que se asemejan a los vistos en febrero del 2020 un mes antes del confinamiento por el covid-19.

Y advierte que cuando no es el elevado costo de los alimentos, es el de los servicios públicos, claves en la operación del sector gastronómico.

Explica que antes de la inflación actual, lo recomendable para que un restaurante fuera viable era que el porcentaje del costo de su materia prima (alimentos) se mantuviera máximo en 35 por ciento del precio de venta, pero hoy alcanza 42 por ciento, mientras que el de servicios públicos no debería pasar del 10 por ciento, pero va en 22 por ciento, lo que hace incontrolable la operación de muchos negocios, sobre todo en la Costa Atlántica, donde el precio de la energía está desbordado.

Por eso, la alternativa ha sido trasladar parte de esos costos a los consumidores, quienes también experimentan una capacidad limitada de gasto.

En un reciente informe presentado por Acodres, se advierte que el encarecimiento de materias primas, en especial de los alimentos, provocó el aumento en junio de precios en las cartas y menús de bares en 18 por ciento, cafés y reposterías de 17 por ciento, restaurantes de comida típica de 14,7 por ciento, restaurantes casuales de 14,6 por ciento, en comidas rápidas de 14 por ciento, y restaurantes a mantel en 11,4 por ciento.

A su vez, entre los alimentos preparados que más se encarecieron están el sushi (26,3 por ciento), arroces (15,7 por ciento), hamburguesas (13,5 por ciento) y sopas (13 por ciento), y en el caso de bebidas, el café con 19,1 por ciento y la cerveza con 16,3 por ciento, entre otros.

En lo corrido del año hasta agosto, la variación anual del rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 12,4 por ciento anual y su aporte a la variación del costo de vida de los colombianos fue de 2,39 puntos porcentuales, la segunda más alta de las divisiones del gasto, mientras la de servicios públicos fue de 7,54 por ciento y su contribución al total de 2,5 por ciento, la más elevada, según el Dane.

A los empresarios del sector gastronómico del país también los ha afectado los mayores costos laborales derivados del incremento del salario mínimo (16 por ciento), lo cual ha ocasionado despidos de personal y cierre de negocios.

“Muchas veces el único rubro que los empresarios tienen para controlar sus costos es el despido de personal y eso complica la situación para miles de familias”, dice Gómez París, quien advierte que el cierre de establecimientos del sector viene en aumento.

“Nos preocupa que este sea el inicio de una escalada de cierres debido a que los costos ya no permiten a los empresarios ser viables en sus negocios. Ese número puede incrementarse de acá a diciembre”, comenta.

El cierre de un solo negocio afecta en promedio 13 puestos de trabajo. De los 28 que cerraron en agosto, 13 fueron de comida rápida, los más golpeados porque son negocios formales que pagan seguridad social, impuestos y arriendo y compiten con cientos de informales de ese segmento que no asumen esos mismos costos.

El sector gastronómico formal genera unos 420.000 empleos directos y un millón de indirectos. Acodres representa unos 9.200 establecimientos formales de un universo estimado de 18.000 negocios que compiten con más de 73.000 que están en la informalidad.

Esta situación no solo afecta el negocio gastronómico, sino al universo de empresas del país. Aunque el número de firmas que se acogieron a Ley 116 de procesos de reorganización en el primer trimestre del 2023 cayó 4,5 por ciento frente a igual periodo del 2022, al pasar de 265 a 254, unas 90 optaron por liquidarse, mientras que 66 decidieron ir a liquidación, según la Superintendencia de Sociedades que indica que de esas 254 empresas que han acudido a la entidad, 123 son de Bogotá.