Las luces y sombras del proyecto de reforma laboral aprobado en Cámara y que ahora sigue hacia el Senado

El proyecto de reforma laboral del Gobierno de Gustavo Petro que se aprobó en segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes busca que los trabajadores formales tengan mayor estabilidad laboral; sin embargo, ha recibido críticas porque metería mayor presión a las empresas, en especial, a las que trabajan en la noche pues se elevarían sus costos salariales. 

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“Tenemos que reconocer el gran esfuerzo que se hicieron con las diferentes bancadas para que la reforma saliera mejorada y pudiéramos dar a los colombianos y colombianas mayor estabilidad laboral y apartarnos de la precarización", manifestó tras la aprobación la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez.

El texto de la iniciativa, que aún debe superar dos debates más en el Senado, quedó aprobado con 81 artículos entre los que destacan el que establece que el recargo nocturno de 35 por ciento empiece a las 7 y no a las 9 de la noche y el que indica que el trabajo dominical o festivo debe ser remunerado al 100 por ciento (hoy es de 75 por ciento).

Para los empresarios, estos son dos de los puntos más “críticos” que introduce la reforma. Desde el Consejo Gremial Nacional, conformado por los 32 gremios más representativos del sector empresarial, aseguran que el proyecto no solo incrementaría los costos sino que podría elevar la siniestralidad en esas franjas horarias.

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“Se mantuvieron artículos con disposiciones nocivas para el empleo y para la economía del país. En especial, preocupa la reducción de la jornada diurna, lo que elevará los costos laborales en 8,95 por ciento. Además, el aumento de la remuneración en domingos y festivos implicaría un alza del 25 por ciento de este rubro”, aseguró Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.

De llegar a encarecerse los costos laborales, según una reciente encuesta del gremio de los comerciantes, el 31 por ciento de los empresarios tendría que verse obligado a reducir o evitar la contratación de nuevo personal, un 21 por ciento dijo que ajustaría los horarios de atención, el 19 por ciento afirmó que tendría que hacer ajustes en los precios, un 17 por ciento que acudiría a sustituir mano de obra por tecnología y un 6 por ciento estudiaría la posibilidad de cerrar puntos de venta.

Esta situación sería más complicada en sectores como el de servicios de seguridad privada, comercio, turismo, la industria manufacturera y el sector agropecuario, tanto en producción primaria como en transformación, que operan durante las 24 horas del día todos los días de la semana.

De hecho, desde el gremio de la vigilancia privada ya han lanzado alertas. “El sector genera unos 420.000 puestos de trabajo formales. Nosotros agremiamos en su mayoría a las pequeñas y medianas empresas, por lo que cualquier incremento impacta en su estabilidad financiera y por ende la prestación del servicio”, aseguró Rodolfo Tamayo Neira, presidente de la Asociación Nacional de Entidades de Vigilancia Privada (Andevip).

Adicional a ello, manifiestan que hay que tener en cuenta que los empresarios del sector ya vienen asumiendo una carga adicional en los costos con la entrada en vigor de la Ley 2101 de 2021, la cual reduce de manera gradual la jornada laboral ordinaria —este año bajó de 47 a 46 horas a la semana— .

Luis Fernando Mejía, director del centro de pensamiento Fedesarrollo, manifestó que la reforma encarece el empleo formal mientras que un 56 por ciento de los trabajadores colombianos está en la informalidad. “Esto afectará especialmente a los microestablecimientos comerciales, cuyos costos operativos subirán un 12 por ciento. Como resultado, es previsible que aumenten el desempleo y la informalidad”, aseguró. 

También desde la Asociación Colombiana de Pequeños y Medianos Empresarios (Acopi) hicieron un llamado a los congresistas a preguntarse si la reforma ayuda o se convierte en un desafío para el mercado laboral. “Hay más de 23,4 millones de trabajadores ocupados, pero solo 10,2 millones con empleo formal. Hay mucha tela por cortar”, aseguró Rosmery Quintero, directora de su observatorio.

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Otro de los artículos clave aprobados en este segundo debate es el que aumenta la licencia de paternidad de dos a cuatro semanas (en el 2025 serían tres y en el 2024 cuatro) y el que establece que el contrato de aprendizaje pasaría a considerarse laboral y a término fijo para que las personas que están en formación reciban todas las prestaciones sociales.

“Los aprendices ganarán no el 50 por ciento, como está en la ley actual, sino el 60 por ciento de un salario mínimo. En su etapa productiva, ganarán el 100 por ciento del 75 por ciento que hoy están devengando”, indicó Jorge Londoño Ullua, director general del Sena.

Adicional a ello, una de las cuestiones más discutidas entre los congresistas fue el pago que deben hacerle las empresas al Sena cuando no cumplen con la cuota de monetización y que de aprobarse sería de 1,5 salarios mínimos por cada uno.

“Las empresas van a preferir no contratar a los aprendices y pagar la cuota de monetización porque con los beneficios extralegales por lo general sería más que el mínimo”, señaló el representante Andrés Forero. 

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También pasó el artículo que busca garantizar que los 'rappitenderos' queden cubiertos con la seguridad social. Cuando el trabajador digital en servicios de reparto tenga la calidad de dependiente y subordinado, la empresa de la plataforma digital de reparto deberá realizar los pagos correspondientes al sistema integral de seguridad social en las proporciones definidas en las normas vigentes. Podrán realizarse cotizaciones a tiempo parcial.

En relación con los trabajadores y trabajadoras independientes y autónomos, la empresa de plataforma digital de reparto concurrirá en el pago de aportes a salud y pensión en 60 por ciento, frente a un 40 por ciento a cargo de la persona trabajadora.

Igualmente, se aprobaron nuevas licencias remuneradas. Tuvo luz verde la de tener tres días hábiles si la persona se casa o la de que el empleador deberá dejar asistir a las obligaciones escolares de los hijos o acudir a citas médicas programadas o de urgencia. En este último punto se incluyen los casos en los que la mujer trabajadora presente ciclos menstruales incapacitantes.

Según la coordinadora ponente del proyecto, la representante María Fernanda Carrasca no se trata de una licencia menstrual para no asistir al trabajo por cólicos sino que es un permiso para acudir a la cita. “Se hace claridad de que a las personas trabajadoras con esta condición médica diagnosticada se les debe permitir asistir a citas médicas, como a cualquier otra”, argumentó.

La reforma también indica que los contratos a término fijo no podrán ser mayores a cuatro años, que se tendrá que formalizar al servicio doméstico a través de un contrato de trabajo escrito o que se permitiría el ingreso de animales de compañía con la finalidad de mejorar la accesibilidad a las personas con discapacidad y para mejorar la salud mental.

También quedó aprobado un nuevo artículo que indica que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) vinculará progresivamente a las madres (padres) comunitarias y sustitutas en su planta de personal en calidad de trabajadores oficiales.

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En medio del debate se cayeron siete de los artículos que venían en la ponencia de la reforma. Los que más revuelo causaron son los tres que hablaban de crear un contrato agropecuario para garantizar que el salario de los trabajadores del campo no sea menor a un mínimo.

Hasta el propio presidente Petro se pronunció sobre ellos. “No entiendo que alguien que se gana 48 millones de pesos mensuales no quiere que un jornalero gane un mínimo. Es por esto que somos uno de los países más desiguales”, dijo a través de su cuenta de X.

Al contrario, los que celebraron su eliminación argumentaron que se desconoce que en el campo también hay trabajadores que trabajan por horas. “Se evitó que se complicara aún más la informalidad laboral del campo colombiano”, sostuvo Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC).

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Tampoco pasó el artículo que hablaba de la indemnización por despido sin justa causa, algo que los empresarios habían catalogado como “preocupante” debido a los “altos” montos que contemplaba.

Se cayó el que decía que el personal de vigilancia y seguridad privada tenía derecho a 18 días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas por año laborado, el que especificaba los alcances que pueden tener los tribunales de arbitramento o el que hablaba de nuevas licencias parentales a parejas gay.