El nuevo artículo que se incluyó en el Presupuesto General de la Nación del 2022 y que plantea cambiar el inciso primero del artículo 38 de la ley de garantías para que las entidades sí puedan celebrar contratos 4 meses antes de las elecciones generales fue uno de los que más polémica causó en el debate en las comisiones económicas.
Ante las críticas de varios de los congresistas, como es el caso de la representante Katherine Miranda, quien dijo que no tiene sentido eliminar la ley de garantías cuando la ejecución del presupuesto de este año es tan baja, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, salió a defender esta propuesta con el argumento de que no tendría sentido parar la recuperación económica que se está dando después del peor choque que ha tenido la economía a consecuencia del covid-19.
“Este artículo no responde ni a una jugadita ni es un 'mico' ni un 'orangután'. Al contrario, lo pusimos de frente al país, sin temor alguno, con la convicción de que es esencial en el propósito de reactivar la economía. Tiene el propósito de crear empleo, empleo y más empleo”, les aseguró Restrepo a los congresistas.
Precisamente, la expresión 'jugadita' recuerda el episodio protagonizado por el expresidente del Congreso Ernesto Macías cuando el 20 de julio del 2019 fue captado explicando su plan para entorpecer el discurso de la oposición.
Además, el representante de la cartera de Hacienda manifestó que el país ha enfrentado destrucción en materia de empleo, con aumento en la pobreza y con la afectación del crecimiento de la economía. Por ello dijo que la única respuesta es actuar, generar empleo, y que la reactivación es la prioridad del país.
“Lo primero es la inversión social. No creo que es ni sea el momento para aplazar este tipo de decisiones. Porque ello significaría aplazar la respuesta a la necesidad social del país, a la reactivación económica. Así que lo que este artículo pretende, y tengo que ser absolutamente claro, no es desmontar la ley de garantías sino un ajuste temporal a un inciso de un parágrafo de un artículo. Estamos contribuyendo a que entre la Nación y los entes territoriales se permitan estos convenios interistrativos para que llegue esa inversión a las escuelas públicas, para que haya una obra de vía terciaria o que la energía llegue al sector rural”, manifestó.
Igualmente, indicó que no tiene sentido que se aprueben recursos para la reactivación que no se puedan ejecutar y que el compromiso seguirá siendo luchar contra la corrupción.
“Me pregunto yo: entonces dónde queda el propósito que nos pusimos en la ley de inversión social y que quisimos complementar articuladamente con este presupuesto; quedaría en un recurso parado. Esto no significa que no haya un compromiso en la lucha contra la corrupción”, sentenció.