Las cartas del Gobierno para salvar la ley de financiamiento

A solo un día de conocerse la ponencia oficial de la ley de financiamiento, la realidad de la propuesta es otra muy distinta a la que originalmente diseñó el Gobierno, lo que, por lógica, pondría en riesgo varios de los programas sociales que se establecieron para recibir recursos del recaudo esperado, por recortes presupuestales, toda vez que ya están incluidos en la lista de gastos del próximo año.

La decisión de sacar del ruedo la que era la columna vertebral de esta estrategia financiera, la ampliación del IVA a la canasta familiar, puso a la mesa de trabajo en la que se sientan Gobierno y Congreso a hacer nuevas cuentas para buscar alternativas financieras que puedan jugar en reemplazo de los 11,3 billones de pesos que se tenían previstos con IVA.

El jueves, un día después de la caída del impuesto a la canasta familiar exenta, algunos congresistas revelaron una nueva fórmula en estudio cuyas variables también crearon una fuerte controversia, por lo que el Ministerio de Hacienda salió a expresar que nada estaba dicho hasta tanto no se radique la ponencia definitiva, lo cual está previsto que ocurra este lunes.

No obstante, las declaraciones del presidente Iván Duque en Barranquilla el viernes pasado dieron señales más claras de cuál será el derrotero para financiar el faltante del presupuesto del 2019.

Si los parlamentarios que conforman el equipo que durante toda la semana debatió y diseñó el borrador de la ponencia final hablaron de seis cartas de las cuales se echaría mano, las frases del primer mandatario estuvieron en línea con varias de ellas.

“A mi equipo económico le pedí buscar los recursos principalmente entre las personas con muchos más ingresos, con altísimos ingresos, en los dividendos, en las remesas corporativas, en las altas remesas, en los patrimonios de más de 5.000 millones de pesos”, dijo el Presidente.

En plata blanca, estas fuentes darían 8,3 billones de pesos, provenientes en su mayoría de un nuevo impuesto ligado al IVA, denominado sobretasa al IVA o IVA presuntivo, aplicado al 10 por ciento de la población con mayores ingresos. Por esta vía ingresarían 3,1 billones de pesos.

Según la más reciente encuesta de ingresos y gastos del Dane, serían 394.000 hogares que perciben ingresos superiores a 8,8 millones de pesos al mes los involucrados en la propuesta. Para Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, esta idea es rara, y, como no se conocen los detalles, las interpretaciones pueden resultar especulativas. Pero, en general, parte de la presunción de un consumo de quienes están en la décima parte de la población con más ingresos y son declarantes de renta.

El problema, según Reyes, es que “somos un país con una enorme pobreza y una enorme desigualdad, inclusive en esa franja en la que se inscriben los hogares de ingresos más altos. Las cifras van hasta 1.200 millones de pesos al mes o más y, si ponemos el ejemplo del aporte a la seguridad social, en esa misma escala nunca se aplica una progresividad”.

La ecuación para el financiamiento del presupuesto del 2019, que, para el equipo económico del Gobierno anterior, “no quedó desfinanciado en 14 billones de pesos”, incluye también las cervezas y bebidas azucaradas, que pasarían de un esquema monofásico para aportar el IVA a otro plurifásico, que no es otra cosa que pagar el impuesto en varios eslabones de la cadena, desde el productor, pasando por el distribuidor, hasta el consumidor final. Esta propuesta motivó un polvorín, tanto de compañías que elaboran estos productos como de gremios que salieron en defensa de los tenderos. Aun así, según confirman algunos parlamentarios integrantes de la mesa de trabajo, hasta ahora, la propuesta sigue jugando en la ponencia.

La fórmula financiera para completar el presupuesto del 2019 genera molestias por donde pasa, como todo lo que tiene que ver con impuestos. También se recaudará plata por las modificaciones del impuesto de renta de las personas naturales, en el cual se agregaron dos tarifas que se aplicarían a altos ingresos y se tumbó el sistema cedular, que gravaba de forma diferente a los dividendos, las rentas de trabajo, las pensiones y las rentas de capital. Con esta unificación se aspira a recaudar 1,2 billones de pesos, 6 billones menos que en el documento inicial del Gobierno. Allí se refleja la decisión de no gravar las pensiones a partir de 4,8 millones de pesos, como se pensó en un comienzo.

En el ajedrez para financiar el faltante presupuestal también se mueven las fichas del impuesto al patrimonio, que seguirían jugando, ahora con 1,2 billones de pesos; al igual que los dividendos, con 821.000 millones, y 1 billón de pesos por la normalización tributaria de los que hasta ahora no han mostrado sus rentas ante la Dian.

En medio de este panorama de euforia, en el que cada sector dice sentirse amenazado en su productividad con los impuestos, quedó lista la agenda legislativa de la próxima semana para debatir y aprobar, entre martes y jueves, la controvertida reforma tributaria.

El gran interrogante que se plantean algunos expertos es: ¿qué tanto sentido tiene la reforma tributaria con los cambios que le han introducido? Esto, teniendo en cuenta que el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana realizó un modelo de simulación tributaria según el cual “la propuesta que se pasa para resolver problemas termina costando más de los 8 billones que prevé recaudar. El recorte a las empresas sumaría 10,3 billones”, sostiene Luis Carlos Reyes.

En medio de las sumas y restas que motiva la propuesta, la senadora Aída Avella advirtió que hasta ahora brillan por su ausencia en el proyecto de ley los 229 beneficios tributarios a empresas multinacionales, y otros voceros del Congreso destacan que no hay claridad sobre el combate a la evasión, que, según el más reciente estimado de la Dian, al ser del 23 % daría 17 billones de pesos.

REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS