Temas para el día después / Análisis de Ricardo Ávila

“A una semana de iniciadas, las manifestaciones de descontento popular no han hecho más que crecer y extenderse por todo el país”, contaba la nota periodística que apareció en el diario ‘La Vanguardia’ de Barcelona. Cualquier lector podría pensar que el artículo en cuestión relata lo sucedido en el territorio nacional desde finales de abril, pero en realidad fue publicado el 28 de octubre de 2019 y hace referencia a Chile, tras el estallido de las protestas sociales que paralizaron ese país durante varios meses.

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Pocos preveían en aquel momento que la salida escogida acabaría siendo un proceso que llega a la hora de las definiciones. La próxima semana los chilenos escogerán a los integrantes de la Convención Constitucional que deberá redactar una nueva carta política, la cual entrará en vigor a comienzos de 2022.

Si bien cada realidad es distinta, lo ocurrido allí sirve para entender la dinámica de las crisis. Primero sorprenden, después evolucionan, y sus ramificaciones se expanden y prolongan en el tiempo. En algunos casos, hay sociedades que hacen un profundo examen interno y buscan soluciones para responderle a la ciudadanía. En otros, simplemente se aplican paños de agua tibia mientras pasa una hinchazón que eventualmente vuelve a aparecer.

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En Colombia, la respuesta usual ha sido la segunda y no la primera. Quizás con la única excepción reciente de la Constitución de 1991 que abrió un espacio de esperanza, el resto entra en la categoría de correctivos sin consecuencias o que se quedaron a medio camino. Incluso el proceso con las Farc acabó siendo una gran frustración que dividió, en vez de unir a la sociedad en torno al propósito de la paz.

Tales antecedentes merecen ser considerados en la presente encrucijada. Más allá de que, eventualmente, se desmonten las barricadas y la gran mayoría de las personas retornen a la rutina diaria, las réplicas de un sismo tan fuerte como el vivido en los últimos días seguirán sintiéndose. Por lo tanto, no basta con apagar el incendio. Reconociendo la importancia del proceso de diálogo iniciado entre la istración Duque y sus opositores, las respuestas no están solo en reuniones a puerta cerrada.

El examen necesita ser más juicioso. Aparte de castigar a los culpables de los muertos y censurar los excesos de lado y lado, se requiere hacer esfuerzos para entender un estallido que tiene más de una causa.

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Reducir lo ocurrido a un titular según el cual la queja popular por un proyecto de reforma tributaria ocasionó una terrible represión oficial simplifica un asunto mucho más complejo. Igualmente, hablar solo de una conspiración en la que habrían intervenido manos criminales sería un error, sin desconocer la presencia de elementos que impulsaron el vandalismo y que dejan muy mal parada la capacidad de los servicios de inteligencia del Estado.

Que la paciencia del público ante la inoperancia del sistema democrático viene en aumento es una verdad de a puño. La experiencia de otras latitudes habla por sí sola. A lo largo de los últimos años se han visto marchas masivas en al menos medio centenar de países ubicados en los cinco continentes, buena parte de las cuales degeneraron en violencia.

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Puede ser que la llegada del coronavirus haya limitado las concentraciones multitudinarias, pero salir a la calle con el propósito de reivindicar un derecho o expresar una inconformidad forma parte de la nueva realidad. Una vez las vacunas hagan su efecto y disminuya la percepción de riesgo, las multitudes vociferantes serán la constante, tanto en el hemisferio norte como en el sur.

Colombia dio el paso antes que la mayoría. El dilema ahora consiste en lograr que las protestas lleven a soluciones rápidas o que, en cambio, pasen a la confrontación continua que oscila en intensidad.

Las encuestas indican una desilusión creciente con la democracia en el mundo, que comenzó con la crisis financiera internacional de 2008, según un estudio de la Universidad de Cambridge. En lo que atañe a América Latina, cada vez más personas son indiferentes al sistema de gobierno, de acuerdo con Latinobarómetro.

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De vuelta al país, el Poll de Invamer confirma que la opinión negativa respecto a las instituciones es mayoritaria. Aparte de las bajas calificaciones que recibe el Ejecutivo, el sistema judicial es visto de manera desfavorable por el 79 por ciento de los colombianos, mientras que en el caso del Congreso la cifra es de 81 por ciento.

Lo anterior implica que la opinión no considera que la arquitectura institucional le sirve. Cuando eso pasa, la opción que surge es salir a hacerse oír, con la esperanza de que el llamado de atención lleve a respuestas efectivas.

Supuestamente, los partidos deberían cumplir esa labor para que sus representantes transmitan lo que dicen los votantes en los cuerpos de elección popular. Pero las diferentes bancadas son rechazadas por el 86 por ciento de la opinión y apenas reciben un 9 por ciento de respaldo.

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De tal manera, los eslabones de la cadena están rotos porque muy pocos consideran que concejales, diputados o congresistas los representan. Todo lo contrario, la impresión generalizada es que se trata de un grupo de privilegiados que ganan más dinero del que se merecen, adoptan prácticas corruptas y piensan más en el interés individual que en el colectivo.

La impaciencia no es nueva. Los observadores han señalado con razón que en los hechos de estos días se pueden encontrar vínculos con el paro nacional de noviembre de 2019. Si bien en aquella ocasión y después de unos días de desconcierto el Gobierno le abrió la puerta a la llamada “conversación nacional”, esta operó a medias, entre otras razones porque la mayoría de los ministerios y la propia Casa de Nariño dejaron el proceso al garete.

Tal como lo señala María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz, “lo que hoy estamos viviendo es el acumulado de situaciones no resueltas y la suma de espacios de diálogos truncados”. En algunas mesas se lograron progresos, pero después nada sucedió debido a la emergencia sanitaria.

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La falta de soluciones se sumó a los devastadores efectos del covid-19 sobre el bienestar de millones de hogares. Como lo informó el Dane esta semana, la clase media pasó a representar el 25 por ciento de la población, cinco puntos menos que antes de la pandemia. El golpe sobre el empleo impactó con particular dureza a las mujeres y a los jóvenes.

Como consecuencia, la caracterización de las marchas que empezaron el 28 de abril es, a la vez, similar y diferente a la de la anterior. Claramente, sindicatos y universitarios siguen siendo el motor de las congregaciones, pero los especialistas en estos asuntos destacan la presencia de los llamados ‘ninis’.

Ese grupo de la población que no trabaja y tampoco estudia integra el ala más dura de quienes chocan con el Esmad. La prensa internacional muestra el ejemplo de Puerto Resistencia, un barrio caleño que era conocido como Puerto Rellena, donde se erigieron barreras y cualquier autoridad está proscrita.

Aunque siempre se puede ser indiferente a tales expresiones y considerar que todo se reduce a un problema que las fuerzas del orden están en obligación de resolver, un diagnóstico más descarnado mostraría que Colombia tiene un sistema político disfuncional y fragmentado. La desconexión entre gobernantes y ciudadanos es tal que no solo la desobediencia civil se ve justificada, sino que también se argumenta en favor de la violencia.

Y eso es lamentable. Aparte del rechazo que merecen las pérdidas de vidas o los ataques a la Policía, los problemas estructurales por los que comenzó la protesta, la raíz del descontento y la inconformidad, vuelven a quedar relegados a un segundo plano.

Continuar por esa vía es peligroso. Para comenzar está el riesgo de un escalamiento que lleve a protestas de mayor magnitud, cada vez más difíciles de contener y con costos enormes para amplios sectores de la población. Independientemente de lo que dure el impase actual, es indudable que tanto la actividad económica como el empleo se verán afectados, debido a lo cual se aplazan los anhelos de una reactivación rápida.

De manera complementaria, el enrarecimiento del clima lleva a que empresarios y consumidores aplacen decisiones de inversión o compra de bienes. Un menor ritmo de la producción deriva en recaudos de impuestos más bajos, que limitan la llegada del gasto público. En pocas palabras, esa espiral lleva a una realidad en la que todos perdemos.

Ante semejante circunstancia, el reto consiste en entender que se requiere una respuesta estatal en diferentes planos y distintos niveles. De tal manera, la negociación con los movimientos opositores es un camino, pero no el único. También es indispensable establecer canales de diálogo directos con quienes están en calles y vías, lo cual es particularmente difícil, dada la dispersión de los manifestantes.

Hay experiencias que se podrían copiar en Colombia. La Fundación Ideas para la Paz menciona los es ciudadanos en Irlanda, el Reino Unido o Francia. Tampoco se puede desconocer el ‘Tenemos que hablar de Chile’, puesto en marcha para alimentar el proceso constituyente.

Organizar un esquema de gran envergadura exige algo de recursos, pero sobre todo tiempo, dedicación y seriedad. En abstracto, sería ideal que el trabajo comience cuanto antes, pero eso no será fácil para una istración desprestigiada, débil políticamente y con el sol a la espalda.

Debido a ello la tarea recaerá en el próximo gobierno, si este quiere minimizar las probabilidades de crisis similares a la actual. El reto es diseñar esquemas que permitan que sectores como los jóvenes o los campesinos puedan participar de manera más directa en la definición de políticas públicas.

Pero, en último término, de lo que se trata es de darle un vuelco a la política desde sus cimientos y rehacer el sistema para que funcione por el bien de la mayoría. Revisar desde la financiación de los partidos hasta las reglas de juego que impulsen la transparencia y la participación ciudadana es fundamental para darle una nueva oportunidad a la democracia.

En el entretanto hay pendientes que no se pueden aplazar. Uno de particular urgencia es un programa de empleo masivo de emergencia, para mitigar el efecto de la pandemia. Poner en marcha algo que funcione demanda recursos, por lo cual el Congreso está obligado a despejar el horizonte tributario, tras un acuerdo previo que convoque a tantas bancadas como sea posible.

Y el otro desafío de marca mayor es restablecer la confianza entre la Fuerza Pública y la ciudadanía. Como dice María Victoria Llorente, esta “es percibida como una institución opuesta a la sociedad y no como parte de ella, lo que impide que ejerza eficazmente su labor”.

Hacer esa cirugía de fondo requiere liderazgo y autocrítica, lo cual es todo un desafío en el sector defensa, que en estos asuntos –valga la redundancia– asume una actitud defensiva. Pero la legitimidad que nace del pleno respeto a los derechos humanos es crítica para garantizar tanto el monopolio de las armas por el Estado como la cohesión para enfrentar a quienes buscan sembrar más violencia y desorden.

En conclusión, no basta con encontrar salidas rápidas para que terminen las manifestaciones y cesen los bloqueos. Cuando llegue el momento en que parezca que todo vuelve a ser normal, millones compartirán la misma expresión de alivio.

Pero ese sentimiento puede acabar siendo efímero si no se identifican las raíces del problema y se actúa en consecuencia. De ahí que esa debe ser la prioridad de largo aliento, el día después de que creamos que pasó la emergencia

RICARDO ÁVILA PINTO

Especial para EL TIEMPO