Por robo de cobre en campos petroleros, cada semana se pierden más de $ 700 millones

Al rezago de la inversión, los bloqueos sociales y la disminución en la exploración se suma otra problemática que está afectando la operación de los campos petroleros en el país.

Las compañías de este sector están siendo víctimas del hurto de cable de cobre, al igual que empresas de los sectores de telecomunicaciones, servicios públicos, minería y energético en general.

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El cobre es fundamental para la transmisión de energía a los clústeres donde se produce el petróleo, allí, los delincuentes hacen el corte, desmonte o extracción, afectando la producción de crudo.

Actualmente, se están reportando 8,6 hurtos en promedio por semana a las distintas empresas operadoras del sector de hidrocarburos, según reporta la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (A).

Aunque inicialmente pareciera un simple robo por parte de los recicladores de chatarra, estos hurtos están causando importantes pérdidas, que equivalen a 2.500 barriles de crudo en promedio por semana por la desactivación de los pozos, lo que afecta los ingresos de la Nación, las regalías y la inversión social en las regiones.

Teniendo en cuenta que el precio del barril de Brent está rondando los 76 dólares y el dólar está sobre los 3.800 pesos, cada semana se están perdiendo más de 700 millones de pesos por el petróleo que no se puede exportar.

El municipio más afectado por esta problemática es Puerto Gaitán, Meta, que concentra el 26 por ciento de toda la producción de petróleo del país, que en octubre llegó a 778.040 barriles por día.

Solo en la vereda Rubiales, donde se encuentran importantes campos petroleros, el impacto por el hurto de cobre es de más de 100.000 barriles al año, y específicamente en el campo Rubiales de Ecopetrol –el de mayor producción en Colombia– se están hurtando 750 metros de cable de cobre en promedio a la semana.

Otros campos que también se han visto afectados por el robo de cobre en Puerto Gaitán son Quifa y Cajúa, de Frontera Energy, ubicados más exactamente en las veredas Puerto Triunfo, Santa Helena, Porvenir y Rubiales. Lo mismo ocurre en los campos Corcel y Guatiquía, pero a menor escala.

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Pero no es la única zona donde se reportan afectaciones. Las compañías que operan en Casanare, el segundo departamento con mayor producción de petróleo después del Meta, también son víctimas de los delincuentes.

Por ejemplo, de los campos Maracas (San Luis de Palenque), Kitaro (Villanueva), Kona (Pore) y Rumba (Aguazul), que opera Parex Resources, se hurtaron durante el 2023 aproximadamente 500 kilos de cobre, que no solo implica una pérdida de crudo, sino también daños en los equipos y procesos vinculados con la producción de la empresa.

Entre tanto, Frontera Energy ha registrado afectaciones en sus campos Cubiro, Canaguaro, Cravo Viejo y Casimena, que se encuentran ubicados entre varios municipios, como Villanueva, Monterrey, Tauramena, Maní, Paz de Ariporo y Yopal.

El hurto de cable de cobre se ha constituido en el mayor tráfico de metales después de la minería ilegal de oro y coltán en Colombia, y es motivado por la alta demanda para exportación a países como China, Alemania, Estados Unidos, Rusia, Corea, España, Francia y Bélgica, donde se usa para tecnología de punta.

Sin embargo –dice la industria–, no existen medidas que hagan necesario determinar que su procedencia es legal, lo cual hace que se convierta en una actividad para el blanqueo de dinero.

Para mitigar los daños que deja el hurto de cobre en los campos petroleros, empresas como Frontera Energy han optado por reemplazar este material por aluminio, pese a que la conducción de la energía no es igual.

Entre tanto, Parex Resources ha realizado mejoras locativas en temas de cerramiento, iluminación y control perimetral, además de implementar planes de inspección y control más detallados, programas de concientización social con los trabajadores y vecinos del proyecto y planes conjuntos con Fuerza Pública para realizar controles en los entornos de los campos.

Pero también manifiestan que se requiere más apoyo de las autoridades para enfrentar este delito, porque no se trata de cantidad, sino de calidad, es decir que los organismos de seguridad puedan reaccionar y responder de manera ágil y oportuna cuando se generen reportes de intrusión de delincuentes en las locaciones petroleras.

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Igualmente, señalan que este delito está en ascenso debido a los vacíos jurídicos que existen actualmente, la falta de presencia estatal y la escasa presencia de Fuerza Pública.

Las petroleras aseguran que en la vereda Rubiales la cantidad de policías apenas alcanza para proteger la única estación de policía, que debe cubrir una extensión de más de 200.000 hectáreas, mientras que en Puerto Triunfo, Cuernavaca, Santa Helena y Porvenir, otras veredas del área de influencia, no hay personal en las estaciones de policía.

Adicionalmente, hacen un llamado para que realicen controles en los sitios y lugares donde se comercializa este material, y que dediquen tiempo y esfuerzo en esclarecer esta problemática que los está afectando.

Y aunque destacan que la Fiscalía General de la Nación tiene estrategias importantes de acuerdo con su competencia y jurisdicción, también manifiestan que a hoy los resultados son infructuosos y la determinación en materialización judicial es muy limitada. Además, la Fuerza Pública tiene obstáculo para combatir estos hurtos y es la judicialización por mínimas cuantías por evento, lo cual hace el delito excarcelable.