Prevenir para no lamentar / Análisis de Ricardo Ávila

A lo largo de las primeras semanas del año los colombianos han vuelto a experimentar lo que significa un fenómeno de El Niño fuerte. Otra vez los cielos azules son la norma en buena parte del territorio nacional, junto con las temperaturas récord a media tarde y las heladas en zonas como el altiplano cundiboyacense, a lo cual se agregan decenas de incendios forestales que ya han arrasado un área similar a la que ocupa el municipio de Barranquilla.

Con razón, las alarmas están encendidas a sabiendas de que febrero será un mes todavía más seco que el que termina. El sentido de urgencia no solo se encuentra presente entre quienes combaten el fuego, sino que se extiende a agricultores y ganaderos, al igual que a los diferentes eslabones de la cadena que compone el sector eléctrico.

Esta última afirmación puede sonar sorpresiva si se tiene en cuenta que diferentes voceros, tanto oficiales como privados, han señalado que el riesgo de un eventual racionamiento es bajo. Si bien los aportes hídricos de las últimas semanas son muy inferiores a la media histórica, el nivel de los embalses que nutren a las centrales de generación a partir del agua –y son la columna vertebral del sistema interconectado– se considera adecuado.

Lo anterior, por supuesto, no implica que el riesgo sea cero. En caso de que la falta de lluvias se prolongue mucho más allá de marzo la situación podría tornarse preocupante.

Al respecto, los reportes más recientes respecto a las temperaturas en la parte ecuatorial del océano Pacífico son alentadores, pues muestran cierto debilitamiento de la alteración. De acuerdo con el Centro de Predicción del Clima del Gobierno de los Estados Unidos, la situación se normalizaría gradualmente con la llegada de la primavera en el hemisferio norte.

Pero aun si se ve la luz al final de túnel, la coyuntura es muy compleja. Parte del problema se origina en un creciente desbarajuste institucional y financiero que tiende a acentuarse por cuenta de decisiones adoptadas y señales enviadas por un Gobierno como el actual, cuya visión sobre la prestación de un servicio público esencial choca con el esquema adoptado tras el apagón de 1992.

Debido a la presencia de un enfoque distinto se está presentando una redistribución de las cargas y de los márgenes entre diferentes actores, lo cual causa diferencias internas. Esto le da margen a la istración para aplicar la táctica del “divide y reinarás” y salir adelante con sus objetivos de corto plazo.

La meta publicitada es la de evitar que los precios aumenten. Tal como lo señaló la semana pasada el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, “no estamos subiendo tarifas”. Para llegar allí, el Ejecutivo ha blandido diferentes garrotes que van desde las visitas que hizo la Superintendencia de Industria y Comercio a varias compañías del ramo, hasta la publicación de un borrador de resolución que le pondría un techo al valor del kilovatio en la bolsa en la cual se transan excedentes.

Sin duda, actitudes de ese estilo dan lugar a aplausos por parte de los s. La implicación de que los entes estatales defienden el bolsillo del ciudadano de a pie, indefenso ante supuestos abusos, le ayuda a la maltrecha popularidad gubernamental.

En realidad, lo que muestran los datos es algo distinto. Una comparación del costo unitario de las facturas de 26 regiones que albergan a la gran mayoría de los clientes del sistema evidencia que este subió cerca de 14 por ciento en los últimos doce meses.

Tales incrementos no son iguales para todos los colombianos. El salto más pronunciado se dio en Caldas, con un 27 por ciento; seguido de los habitantes de la Costa Atlántica –la región en donde se paga el kilovatio más caro– con 23 por ciento. Quienes saben del asunto aseguran que el salto en el norte del país podría haber sido más pronunciado, pero que este se atenuó por cuenta de alzas en otras partes, que en la práctica equivalen a un subsidio cruzado.

Entender por qué en unos puntos de la geografía la luz vale mucho más que en otros requiere tener en cuenta factores adicionales. De vuelta al Caribe, el alto índice de pérdidas debido a las conexiones ilegales y a los líos de cartera, junto con la necesidad de hacer inversiones cuantiosas, tiene mucho que ver con las disparidades. También está la recuperación de los alivios aplicados durante la era de la pandemia, cuya cuenta por cobrar es elevada.

Por otro lado, no se puede olvidar que la oferta de energía está atada al comportamiento del clima. En épocas de sequía intensa como la actual se impone cuidar el agua, ante lo cual se deben prender las plantas térmicas que están en reserva y se mueven con combustibles fósiles, cuyo costo es más alto. Establecer restricciones resulta popular, pero los límites no pueden desconocer que pueden desembocar en desincentivos al momento de prender una turbina cuando se necesita.

Adicionalmente, vale la pena escuchar a quienes dicen que lo importante es contar con un abanico amplio en materia de generación. Para citar un ejemplo reciente, cuando entraron en operación dos unidades más de Hidroituango, junto con la expansión de Termocandelaria a finales de octubre, los picos que se habían visto en las cotizaciones de la energía de corto plazo desaparecieron.

Todo depende, en último término, de la manera en que se hagan las cosas. El presidente de Isagén, Camilo Marulanda, señala que la medida de intervención que impondría un techo al precio en bolsa –al menos a las hidroeléctricas– recoge parcialmente la propuesta que habían hecho la empresa y el ramo, como una opción para aportar en la coyuntura del fenómeno de El Niño. Agrega que, aunque ello tendría un impacto económico, si el tope se aplica de manera coyuntural en atención a una situación climática extraordinaria, resulta razonable.

“Lo fundamental es preservar la institucionalidad y la estructura de mercado que han apalancado el enorme desarrollo del sector en los últimos 30 años y que nos han permitido, entre otras cosas, sortear la difícil situación climática actual”, puntualiza el ejecutivo.

Y ese es el punto clave, porque el futuro no está despejado en absoluto. Para comenzar, la ruta de expansión de la capacidad se ha incumplido de manera repetida en los últimos años. Tan solo en 2023 se esperaba que ingresaran 6.608 megavatios adicionales y acabaron entrando 1.141, lo que equivale al 17 por ciento de la meta.

Semejante desfase tiene mucho que ver con las dificultades que han experimentado numerosos proyectos de fuentes renovables no convencionales, tanto solares como eólicos. A pesar de su discurso en contra de los combustibles fósiles, la verdad es que la presente istración les ha metido varios palos en la rueda a las opciones más limpias, ya sea por acción o por omisión.

Uno de los cuellos de botella más grande es el de las redes de transmisión que no han podido construirse a tiempo. Los motivos incluyen demoras en permisos que se han acrecentado, consultas con las comunidades y el ocasional bloqueo a las obras que han llevado a la cancelación de varias iniciativas.

Lo anterior no solo afecta la viabilidad de las nuevas plantas que se requieren para atender una demanda que crece sin cesar, sino que pone en riesgo la seguridad energética de algunos de los principales núcleos de actividad económica. Un caso crítico es el de Bogotá, que no está muy lejos de verse sometida a apagones porque la red actual está cerca de ser copada, sin que las subestaciones y las líneas que aliviarían la presión aparezcan en el horizonte.

No menos inquietante es el rumbo del esquema institucional. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) ha estado a la deriva desde hace meses y aunque ya cuenta con directivos suficientes, esto se ha hecho a punta de designaciones temporales que ponen en entredicho su independencia técnica.

Hacia adelante, la gran incógnita es conseguir que la oferta se amplíe. A mediados de febrero deberán presentarse las propuestas de aquellas empresas que entrarán en la subasta del cargo de confiabilidad, con mirar a las plantas que deberían entrar a operar a partir de 2027.

Dicha fecha es crucial. Como lo muestra un estudio de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Medellín, para ese entonces el balance entre capacidad y consumo se reducirá al mínimo. La misma entidad advierte que el plazo podría anticiparse en caso de que la demanda sea más vigorosa de lo previsto.

Lamentablemente, en la medida en que el ambiente se ha enrarecido, el apetito de múltiples firmas apunta a ser menor. Aún así, resulta factible que parte de los proyectos renovables que se retrasaron vuelvan a competir, con lo cual se podría enviar el mensaje de que el horizonte está despejado.

Sin embargo, vale la pena recordar que la generación a punta de radiación solar o viento es intermitente. Por tal motivo los expertos insisten que hay que contar con instalaciones que garanticen el suministro de electricidad de manera constante.

Como todavía la ciencia no ha resuelto el enigma de poder almacenar de forma eficiente la energía sobrante, no queda de otra que apoyarse en las opciones de siempre. Más allá de que Gustavo Petro haya dicho en su visita al Pacífico que la opción de construir una presa con su correspondiente casa de máquinas en López de Micay (Cauca) es válida, la verdad es que grandes emprendimientos de este tipo son inviables en el mundo de hoy por cuenta de sus impactos colaterales.

Dadas las restricciones, lo que procedería es continuar con la expansión de Hidroituango, pero eso requiere que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales levante las limitaciones que impuso sobre el embalse que nutre el río Cauca. De lo contrario, así se instalen las cuatro turbinas que falten, será muy difícil usarlas al tiempo.

Frente a los obstáculos quedan las térmicas movidas a gas. Aquí aparece otra traba asociada a la falta de disponibilidad del combustible que se hará más aguda en el futuro por cuenta de la política gubernamental de no firmar nuevos contratos de exploración de hidrocarburos.

En conclusión, el escenario para la segunda mitad de esta década no pinta nada bien para el sector de la energía, especialmente si los inversionistas deciden tomar distancia de Colombia por causa de su insistencia en reformar las reglas del juego. A lo anterior merece agregarse la eventualidad de que el Gobierno quiera involucrar a Ecopetrol o a ISA, su filial, en el ramo de la generación y meterse en un negocio en el cual no tienen experiencia, con la idea de cubrir los vacíos que dejaría el sector privado.

Todavía hay tiempo para enmendar la plana, pero cada día que pasa el espacio se reduce. En el entretanto, sería clave que la opinión entienda que así se supere la emergencia de este Niño, hay debilidades estructurales que amenazan con ser más grandes por cuenta de decisiones erróneas, las cuales se magnifican cuando la ideología se antepone a la técnica.

De lo contrario, a la vuelta de unos pocos años nos veremos obligados a apagar un incendio que habría sido evitable. Tal como lo demuestra el fuego que hoy acaba con tantos árboles a pesar de las advertencias que se escucharon desde hace meses, en esto de contar con la electricidad necesaria para mover al país y darles calidad de vida a las personas también es mejor prevenir que lamentar.

RICARDO ÁVILA

Para EL TIEMPO

En X: @Ravilapinto