Reforma a la salud: cuál sería el costo que tendría el proyecto en los próximos 10 años

El Ministerio de Hacienda presentó al Congreso un informe en el que calcula cuánto costaría la reforma de la salud en los próximos 10 años. El documento habla de posibles escenarios; sin embargo, no expresa que sea un aval fiscal. 

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“Se radicó en la Cámara un documento sobre los posibles escenarios del actual proceso de discusión de la reforma de la salud. Todas las cifras pueden cambiar a medida que se vayan aprobando o modificando artículos. En el mediano plazo la prevención reducirá los costos de la mediana y alta complejidad que se originan en los diágnosticos tardios”, señaló el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

El cálculo parte de que en el 2024 el proyecto, el cual va por su segundo debate en la Cámara, costaría 929.000 millones de pesos, lo que supone un 0,06 por ciento del producto interno bruto (PIB).

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El reporte dice que sin la reforma los gastos del sector de la salud alcanzarían los 91,3 billones de pesos en el 2024 y que con ella esta cifra en el mismo año llegaría a 92,2 billones de pesos. Para esa vigencia, el balance con reforma muestra un déficit de $3,2 billones.

Aunque durante los primeros años el gasto del escenario con la reforma es superior, esta situación se revierte a partir de la vigencia 2036.

“Si bien la reforma al sistema de salud implica mayores gastos en el corto y mediano plazo, derivados de la ampliación en la atención primaria, la formalización del talento humano en salud, la construcción y recuperación de la infraestructura pública hospitalaria y la creación de licencias de maternidad universales, entre otros, en el largo plazo, se espera que el énfasis en la prevención se traduzca en menores gastos de atención en mediana y alta complejidad”, asegura el reporte.

Para el 2025, según el gráfico de Hacienda, el costo de la reforma subiría a 7 billones de pesos; para el 2026 a 9,6 billones de pesos; y para el 2027 a 10,7 billones de pesos.

Después de esa fecha, el costo se reduciría de manera progresiva. El Ministerio proyecta que en el 2028 la reforma a la salud valdría 9,2 billones de pesos y en el 2029 otros 8,4 billones de pesos. 

Ya en el 2030 el costo sería de 7,2 billones de pesos y en el 2031 de 5,9 billones de pesos. 

El informe de factibilidad del Ministerio de Hacienda destaca que para garantizar el derecho fundamental a la salud la iniciativa contempla la articulación del sistema alrededor del aseguramiento social, con enfoque basado en la estrategia de Atención Primaria en Salud.

Con la reforma renglones como el de Atención Primaria en Salud pasará de 16,5 a 17,5 billones de pesos.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, considerando que el país tiene alrededor de 16.000 sedes de baja complejidad, varias de las cuales ya funcionan como Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), los recursos requeridos para la construcción de nuevos CAPS se estiman en 500.000 millones de pesos por año.

El proyecto también establece como parte de la política de formación y educación superior en salud, la creación, por parte del Gobierno, de becas de matrícula para formación posgradual de profesionales de salud en áreas médico-quirúrgicas y y de salud pública.

Según el Ministerio de Salud, el gasto anual se estima en 120.000 millones de pesos a partir de 2025.

En el documento también se hacen unas sugerencias de ajuste al articulado que se encuentra en discusión en el Congreso.

Por ejemplo, dice que la creación de cuentas de destinación específica (la Cuenta de Atención Primaria Integral y Resolutiva en Salud de que trata el artículo 61 y la Cuenta de Fortalecimiento de la Red Pública hospitalaria establecida en el 62) genera inflexibilidades presupuestales que podrían limitar la capacidad de ajuste del gasto en función de las necesidades identificadas, así como crear incertidumbre sobre la dimensión cierta de la fuente de financiación.

En consecuencia, se recomienda que las fuentes de que tratan los artículos 61 y 62 integren el Fondo Único en Salud, de manera que hagan unidad de caja, excepto los recursos de propiedad de las entidades territoriales, los cuales se manejarían en contabilidad separada.

Igualmente, dice que el artículo 75 establece que las acreencias que las EPS liquidadas han dejado en los hospitales públicos serán pagadas gradualmente con vigencias futuras acordadas con el Ministerio de Hacienda; sin embargo, “las vigencias futuras no son un instrumento de saneamiento de pasivos”.

Ante ello, recomienda la eliminación de este mecanismo de financiación y, en su lugar, sugiere evaluar la posibilidad de que estos pasivos se saneen con cargo a las apropiaciones presupuestales del sector salud.