Los cambios que trae el segundo intento de reforma laboral del gobierno Petro

A pesar de que hace unas semanas la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, anunció que estaban trabajando en la elaboración de un nuevo proyecto de reforma laboral y que este se presentaría pronto, la radicación de ayer sin previo aviso y sin concertación sorprendió a los empresarios, a quienes horas antes el presidente Gustavo Petro les había cancelado su encuentro.

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“Como de la Comisión Tripartita de Políticas Laborales le habíamos solicitado formalmente al ministerio que citara a una reunión para debatir un nuevo proyecto. Esto no sucedió”, aseguró el presidente de la Andi, Bruce Mac Master.

El nuevo proyecto tiene 92 artículos, 16 más que la primera reforma laboral que radicó el gobierno de Gustavo Petro en marzo y 18 más que la ponencia para primer debate que se hundió en la legislatura pasada por falta de debate.

Si bien el grueso del articulado mantiene su esencia, pues sigue la intención del Gobierno de adelantar la jornada nocturna a las 7 de la noche o que se imponga un recargo dominical gradual del 100 por ciento, hay algunos cambios significativos.

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Entre ellos están los artículos que regulan el trabajo en las plataformas de reparto, como es el caso de Rappi. Si bien antes se hablaba de una relación laboral entre las apps y los repartidores, ahora se dice que los ‘rappitenderos’ prestarán un servicio a los s, por lo que podrían estar en diversas apps al tiempo.

Según explicó José Daniel López, director ejecutivo de Alianza In, gremio que reúne a las plataformas, se establecieron dos tipos de relación entre los trabajadores y las empresas.

De un lado, a través de un contrato independiente, en donde las plataformas contribuirían con el 60 por ciento del aporte de salud y pensión y el trabajador con el 40 por ciento restante.

Del otro lado, los repartidores se podrían vincular a través de trabajo dependiente, si así lo acuerdan las dos partes, con todas las implicaciones de ley para ese tipo de vínculo contractual.

“Este acuerdo es la oportunidad para avanzar en la formalización y protección de más de 120.000 repartidores sin poner en riesgo sus trabajos, ni a los más de 75.000 comercios que venden a través de estas plataformas, ni la libertad de consumo de más de 2 millones y medio de s que compran a través de estas”, enfatizó López.

El proyecto original del Gobierno planteaba nuevas formas de contratación como el contrato de trabajo doméstico, el agropecuario o el de aprendizaje, además se hablaba de dar mayores garantías a los deportistas. La nueva reforma mantiene estos artículos e incluye otros que hablan de los profesionales del arte y de los periodistas.

En el primer caso, dice que el contrato de trabajo deberá constar por escrito y podrá pactarse por tiempo determinado para una o varias actuaciones, por una temporada o por el tiempo que la obra permanezca en cartel. En el segundo, dice que la duración de la jornada de trabajo no podrá exceder la máxima establecida y que deberán remunerarse los recargos que correspondan.

También hay otro artículo nuevo que dice que los micronegocios (hasta nueve trabajadores) podrán realizar pagos a la seguridad social a tiempo parcial. En concreto, dice que el Gobierno Nacional priorizará y protegerá a los sectores de hotelería, restaurantes, bares y agricultura. Para el a este medio de cotización, estos deberán formalizar su existencia y representación legal realizando su inscripción ante la Cámara de Comercio.

No solo se amplía la licencia de paternidad que llegará a 12 semanas de aquí al 2026, sino que también se crea la licencia de maternidad y paternidad en parejas adoptantes del mismo sexo. “La pareja adoptante del mismo sexo definirá, por una sola vez, quién de ellos gozará de la licencia de paternidad y quién la de maternidad, en las mismas condiciones previstas para las familias heteroparentales adoptantes”, dice.

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Entre los artículos nuevos, el Gobierno también dice que el Ministerio de Trabajo fijará una nueva política para crear un empleo denominado “verde y azul”. El primero busca promover trabajos de calidad, que ofrezcan condiciones laborales dignas y decentes. Esto implica salarios justos, protección social, seguridad y salud en el trabajo, así como oportunidades de desarrollo y progreso profesional para los trabajadores.

El segundo se basa en la perspectiva de promoción de agendas de empleabilidad que promueven la protección y sostenibilidad ambiental de los espacios marinos a través de trabajos que respondan a la premisa de justicia social y ambiental.

Otro de los artículos nuevos es el que dice que las entidades que implementen políticas y programas de atención a emergencias y forestación deberán contar con un mínimo del 50 por ciento de los puestos de trabajo que se requieran cubiertos por personal de la región, víctimas del conflicto armado o residentes en municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) o Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac).

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En la actualidad, en el ordenamiento jurídico se regulan cuatro modalidades de trabajo a distancia: el trabajo a domicilio, el teletrabajo, el trabajo en casa y el trabajo remoto. Según el Gobierno, entre ellos hay grandes similitudes, lo que acarrea dificultades para diferenciar aspectos para su implementación, así como para identificar los derechos y obligaciones que corresponden a trabajadores y trabajadoras.

Por ello, la reforma busca simplificar su entendimiento y que se recupere el lugar protagónico del teletrabajo. “La creación del trabajo en casa y trabajo remoto complejizaron el panorama regulatorio de las diferentes modalidades de trabajo a distancia, por su similitud y pocas características diferenciales entre ellas, por lo que se apuesta a la simplificación y la priorización del teletrabajo”, dice la exposición de motivos del proyecto.

Incluso, dice que las empresas de entre 20 y 50 trabajadores deberán promover la modalidad de trabajo a distancia en como mínimo el 5 por ciento de su plantilla; las de entre 50 y 200 empleados en un 10 por ciento; y las de más de 201 en al menos el 15 por ciento.

La aplicación de dichos porcentajes sería obligatoria en el segundo semestre de la entrada de la ley.