Reforma laboral: un remedio que no cura la enfermedad / Análisis de Ricardo Ávila

Dos noticias en el ámbito nacional ocuparon el jueves pasado los titulares de la prensa. La primera, fue la sorpresiva cancelación de la cita que tenían los integrantes del Consejo Gremial con Gustavo Petro en la Casa de Nariño. La segunda, la radicación, por parte del ministerio del Trabajo, de un nuevo texto de reforma laboral en el Congreso, algo que tampoco estaba en el radar de la mayoría.

Aunque a primera vista lo uno no tuvo que ver con lo otro, ambos hechos acabaron siendo interpretados como la confirmación de que hay una brecha evidente entre la invitación a dialogar y construir acuerdos, con lo que pasa en la práctica. El presidente de la Andi, Bruce MacMaster, recordó que, como integrantes de la Comisión Tripartita de Políticas Laborales, los empresarios le habían solicitado formalmente a la istración un espacio para debatir la iniciativa antes de presentarse, lo cual no ocurrió.

Así vuelven los desencuentros que abren un signo de interrogación con respecto a una propuesta hundida por falta de trámite en la pasada legislatura y que ahora regresa “repotenciada”. El motivo no es solo que el texto actual contiene 92 artículos, 16 más que la versión original anterior.

De acuerdo con un análisis de la firma Orza, en comparación con lo que decía la ponencia positiva que naufragó en junio, la mitad del articulado se mantiene inalterado o con cambios leves, mientras que el resto sufrió variaciones sustanciales o es nuevo. Bajo ese punto de vista alguien podría decir que hubo un esfuerzo por incorporar las observaciones recibidas en los últimos meses.

Sin embargo, expertos como Cristina Fernández sostienen que el resultado “terminó siendo muy parecido al de antes”. La experta agrega que “en general el proyecto hace más inflexible el marco para el mercado del trabajo, que en estas épocas es lo que menos se necesita”.

Basta recordar que la economía colombiana atraviesa un periodo de bajo crecimiento, pues en el segundo trimestre de este año el Producto Interno Bruto apenas se expandió en 0,3 por ciento. Un escenario de poco dinamismo hace más difícil la apertura de vacantes por parte de sectores como la industria, el comercio o la construcción.

El riesgo de empeorar las condiciones vigentes es elevado. De acuerdo con la Andi, los cálculos que se derivan de un modelo de equilibrio general aplicado por la entidad muestran que, de aprobarse la propuesta, se perderían casi 700.000 empleos asalariados no calificados para 2030, con un importante aumento en la informalidad.

Y ese es el meollo del asunto. Nadie pone en discusión que vale la pena hacer ajustes en un país que se caracteriza por altos índices de desocupación y una alta proporción de gente –cercana al 60 por ciento- que se gana el sustento sin estar vinculada a la seguridad social o está desamparada por las normas. Pero la pregunta de fondo es si el remedio resulta peor que la enfermedad.

Los centros de pensamiento responden de manera afirmativa. “La reforma laboral, como está hoy planteada, no es la solución correcta y amenaza con desmejorar una realidad que ya es mala”, subraya el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía.

Esa afirmación no desconoce que la idea de cambiar partes de la regulación resulta atractiva para muchas personas que se concentran en un solo punto: la redefinición de la jornada laboral, pues el trabajo diurno sería aquel que ocurre entre seis de la mañana y siete de la tarde, a lo cual se sumarían recargos más altos por festivos y dominicales. Para ciertas categorías de oficios eso derivará en un aumento de ingresos, un motivo por el cual la mayoría de los congresistas respalda esta idea en particular.

No obstante, los analistas se centran en el paquete completo que incluiría, además de un alza en los costos de nómina, regulaciones más estrictas y complejas, obligaciones adicionales y prebendas mayores, en especial para los sindicatos. Lo que algunos describirían como buenas intenciones a la hora de garantizar estabilidad o proteger a determinados segmentos de la población, puede dar lugar a que haya menos empleo.

En particular, los señalamientos del sector privado están relacionados con asuntos como la limitación en el uso de contratos a término fijo, en favor de la modalidad indefinida. Para esta última se establece un régimen de indemnizaciones mucho más oneroso que va hasta 35 días de salario más 60 días adicionales por cada año de servicios, para los trabajadores con más de 10 años de permanencia.

Aparte de lo anterior, se prohíben los despidos “discriminatorios”, un concepto difuso y subjetivo que obligaría al reintegro o la indemnización. En términos prácticos “botar” a alguien se volvería un proceso complejo y más cuando la experiencia muestra que el uso de la “justa causa” tiende a ser desestimado en las demandas judiciales.

Por otra parte, siguen las modificaciones planteadas desde antes al contrato de aprendizaje. A pesos de hoy, enganchar un joven pasaría de uno a casi 1,9 millones mensuales, lo cual desestimula la apertura de plazas para un segmento de la población que ya experimenta barreras para emplearse.

También llama la atención el aumento gradual en la longitud de la licencia de paternidad que ascendería a 12 semanas, en comparación con las dos actuales. Ese valor –que no está cuantificado- sería asumido por el sistema de salud, cuyas estrecheces son conocidas.

Capítulo aparte merece todo lo relacionado con la negociación colectiva, que viene con el principio de obligatoriedad por sector o industria. Aquello de aplicar tabla rasa, con mínimos para el mismo segmento, desconoce las particularidades de cada negocio y puede hacer inviables a muchas firmas.

Igualmente, inquieta la prohibición de suscribir pactos colectivos, lo que en la práctica obliga a la sindicalización masiva. De paso, el fuero sindical se amplía, lo cual implícitamente llevará a mayores costos.

Tampoco se puede desconocer el permiso para que haya huelga en los servicios públicos esenciales, bajo el supuesto de que se garantiza la prestación de servicios mínimos. Dicha autorización iría en contra del principio constitucional de darle prioridad al bien común sobre el particular y rompería con la proporcionalidad en la aplicación de derechos.

Dentro de lo novedoso, es verdad que hubo un esfuerzo para acomodar la existencia de las plataformas tecnológicas, cuya permanencia estaba en entredicho. Aun así, el pago de cotizaciones en áreas como la mensajería o la entrega de pedidos viene con incentivos perversos al favorecer que se declaren menos ingresos en actividades que no son fácilmente verificables.

Uno de los elementos que se quiere destacar es el intento de mejorar las condiciones para los trabajadores del campo. Al respecto, el presidente de la SAC, Jorge Bedoya, afirma que el texto presentado “no resuelve para nada el problema de informalidad laboral en el área rural, al no permitir los aportes por el tiempo efectivamente trabajado, como el de aquellas personas que en la mañana están en una finca y en la tarde van a otra”. A lo anterior se agregan las restricciones a la tercerización, por lo cual “seguimos en lo mismo, lamentando que el ministerio no haya mirado las propuestas que le hicimos”.

Otros artículos van desde el “empleo verde y azul”, hasta la obligación de promover el trabajo a distancia, pasando por guiños a grupos específicos como periodistas o artistas. Curioso, por decir lo menos, es la obligación de proteger a aquellos afectados por la revolución tecnológica, lo cual equivale, en palabras de Cristina Fernández, “a prohibir la automatización por decreto”.

Todo lo señalado deja en claro que aquí no hubo el “borrón y cuenta nueva” que tantos anhelaban. Con muy pocas excepciones, las críticas que levantó la primera versión del proyecto del Gobierno fueron irrelevantes a la hora de redactar la segunda.

Para Jairo Núñez, investigador asociado de Fedesarrollo, “la nueva reforma laboral presentada sin ningún tipo de concertación, presenta un marcado sesgo antiempresarial, que acentúa las preocupaciones económicas en un escenario ya tensionado por las reformas tributarias que aumentaron considerablemente los impuestos”. Agrega que “este marco legal posicionaría a las empresas ante un dilema insostenible: o cerrar sus operaciones o proceder con despidos masivos de personal”.

Según el analista, brillan por su ausencia las medidas para mejorar la competitividad nacional, un elemento clave en un mundo globalizado donde esta “es clave para el crecimiento y el bienestar”. De igual manera, considera insuficiente lo expresado con respecto a la economía digital, al igual que la desatención frente al empleo juvenil.

Pero quizás lo más criticable son las limitaciones en lo que atañe a la promoción de la inclusión social y productiva. “Paradójicamente, lejos de favorecer a los grupos más vulnerables, parece reforzar el estatus de los ya privilegiados”, agrega Núñez. En resumen, “más que buscar un compromiso equitativo entre empleadores y empleados, la legislación propuesta inclina la balanza de manera excesiva hacia la protección sindical”.

Frente a esa caracterización, está la de las centrales obreras que han respaldado con movilizaciones el planteamiento gubernamental. Entidades como la CUT ha rechazado el intento de los críticos del articulado de “hacer creer al pueblo que las reformas propuestas son lesivas para el empleo y, por ende, para los trabajadores”.

Ahora lo que viene es el debate en el terreno legislativo. Una mirada a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, por donde ingresó la iniciativa, muestra que la coalición cercana a la Casa de Nariño contaría con nueve votos fijos de un total de 11 requeridos para conseguir la mayoría. Por su parte, la oposición tendría cuatro asegurados y habría ocho por definir, algo que dependerá del clima político general y del esfuerzo de doblegar voluntades, en forma individual.

Pero aún si la istración supera este primer escollo, lo que sigue en plenarias o en el Senado no será fácil. En particular, los empresarios de todos los tamaños han expresado reservas que influirán sobre los congresistas y que de hecho llevaron al desenlace conocido en la legislatura pasada, cuando se produjo el hundimiento.

A fin de cuentas, el argumento de que la reforma no crea empleos, ni combate de manera efectiva la informalidad laboral, es de marca mayor. Algunos claramente saldrán ganando, pero millones seguirán condenados al rebusque o la precariedad ante la falta de oportunidades.

Mientras todo se define, no está de más resaltar que lo sucedido la semana pasada ahonda la desconfianza entre el sector privado y la istración Petro. Justo cuando esta habla en favor del acuerdo nacional, la actitud de actuar en forma unilateral e ignorar reparos que merecerían un examen serio envía la señal de que el Ejecutivo dice una cosa y hace otra.

Y en ese sentido resultaría lamentable perder otra oportunidad de hacer los correctivos adecuados. Pero, tal como están las cosas, al país no le conviene aplicar una medicina que, en lugar de curar los males que aquejan al mercado laboral, los acabaría agravando.

RICARDO ÁVILA PINTO

Especial para EL TIEMPO

En X: @ravilapinto