Hacia dónde apunta, qué incluye y a quiénes afectará la nueva reforma tributaria del Gobierno

La reforma tributaria con la que se espera terminar de financiar el presupuesto nacional del año entrante –pues los recursos en las condiciones actuales no alcanzan para el gasto que el Gobierno Nacional prevé– sigue preparándose en el Ministerio de Hacienda. 

Según el ministro Ricardo Bonilla, se trabaja en una ley de tres capítulos: uno que apunta específicamente a buscar recursos adicionales, otro para beneficios tributarios para sectores como el del turismo que ayuden a una reactivación de la economía colombiana y uno más para hacer modificaciones de la regla fiscal “que dé recursos adicionales”.

Sobre los cambios a los impuestos, el jefe de la cartera de Hacienda se ha referido a aumentos en la tarifa de las ganancias ocasionales del 15 al 20 por ciento, mientras que ha descartado modificar el 4 × 1.000 y el IVA.

El funcionario ha explicado que, entre los estímulos tributarios previstos para la reactivación, se plantea la reducción de la tasa nominal del impuesto de renta a las empresas del 35 al 30 por ciento de manera gradual. Así mismo, habría beneficios tributarios para el sector de turismo, con especial énfasis en San Andrés, y para los sectores que generen energía a través de fuentes renovables no convencionales.

Dichos estímulos serían compensados con nuevos impuestos al carbón y al petróleo, de acuerdo con lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro.

A finales de 2023, la Corte Constitucional tumbó el artículo de la reforma tributaria anterior que prohibía que las empresas mineras y petroleras dedujeran del impuesto de renta los pagos por regalías. De acuerdo con el jefe de Estado, ahora se busca “recuperar eso y otra vez sobre los mismos sectores: petróleo y carbón, ya que es la última fase de esas dos mercancías extraídas porque de ellas tenemos que tomar el aliento para pasar a la nueva economía y financiarla”.

Cabe destacar que, con la decisión del alto tribunal, el Gobierno no pudo contar con aproximadamente 6,7 billones de pesos en su presupuesto general.

Según Andrés Bitar, vicepresidente de Estrategia y Asuntos Regulatorios de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (A), esta industria no aguanta más impuestos. “La industria paga una tasa efectiva de tributación cercana al 60 por ciento, y si nos siguen ahogando con impuestos, lo que vamos a ver es una caída más pronunciada en la actividad exploratoria”, apuntó.

La minería cayó 3,3 por ciento en el segundo trimestre, y en particular el carbón se desplomó 12,4 por ciento. Sobre este mineral, puntualmente, el Ministerio de Hacienda contempla la posibilidad de aumentar la sobretasa de renta que fue aprobada en la reforma tributaria de 2022.

Actualmente rige una sobretasa del 5 por ciento si el precio promedio real del año excede el percentil 65 y hasta el 75 (precios medios), o 10 por ciento si excede el percentil 75 (precios altos) de la distribución de precios de los últimos diez años.

Según estableció EL TIEMPO, el ministerio buscaría en la nueva reforma tributaria que esa sobretasa del 5 por ciento aplique cuando el precio promedio se encuentre entre el percentil 30 y 45 de los precios promedio mensuales de la última década.

Así las cosas, el tope de esta sobretasa de renta ya no sería el 10 por ciento, sino un 15 por ciento, que aplicaría cuando el precio promedio del carbón se encuentra por encima del percentil 60 de los precios promedio mensuales de los últimos 10 años.

Para la Asociación Colombiana de Minería, aumentar los impuestos a la industria es un riesgo grave para su viabilidad, pues ya enfrenta una de las cargas fiscales más altas del mundo, especialmente en carbón, con una tarifa de renta del 35 por ciento

Sobre cambiar la regla fiscal, César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, dice que el Gobierno Nacional buscaría un ajuste sobre el periodo de transición.

Actualmente, la transición termina en 2025 y el Ministerio de Hacienda pretende adelantarlo un año, es decir que la nueva aplicación de la regla, que tiene en cuenta el ancla de la deuda neta, rija desde 2025. De ser aprobado, la meta de la regla fiscal para 2025 pasaría de un déficit de 3,5 por ciento del producto interno bruto (PIB) a uno de 5,1 por ciento.

Según la cartera de Hacienda, el Gobierno ya alcanzó el ancla de la deuda, y no es necesario esperar hasta el próximo año para cumplir con ello. Al respecto, el director del centro de investigación económica Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, dice que cambiar la regla fiscal no “da más recursos” como dice el ministro, sino que abre más espacio de gasto a través de un mayor endeudamiento.

De otro lado, para el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, si bien se habla para el presupuesto del 2025 de 12 billones de pesos adicionales, en realidad “el Gobierno requiere, con una ley de financiamiento, cerca de 27 billones de pesos, y estos recursos que aparecerían como resultado de una mejor gestión de la Dian son absolutamente imposibles; no hay esa capacidad y la realidad es que el presupuesto tiene un problema mayor”, apuntó el exfuncionario.

En busca de esos montos adicionales, de acuerdo con Lisandro Junco, exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), el Ejecutivo podría acabar con el régimen simple. “Pero sería fatal, podría eliminar algunos beneficios tributarios en renta de personas naturales y jurídicas, limitar descontables en IVA, pero aun así, con todas esas modificaciones, en este momento como está la economía, no se generarían 12 billones. Lo que van a generar es una fuga de capitales impresionante”, expuso Junco al respecto.