Reforma de la salud, laboral y de pensiones: esto es lo que le cuestan al fisco

El Gobierno Nacional está empeñado en sacar adelante profundas reformas, con las que busca saldar una deuda que tiene con las personas en tres importantes frentes: la salud, lo laboral y as pensiones. Estas iniciativas ya fueron presentadas al Congreso de la República y el debate de al menos una de estas, la de la salud, ya comenzó en el Legislativo, pese a las fuertes criticas que ha recibido por los alcances.

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La laboral, que está apunto de iniciar sus discusiones y la pensional, cuya ponencia para primer debate está pendiente, no han tenido distinta suerte, pues las criticas de distintos sectores no se han hecho esperar. Pero al margen de esto, ¿qué tan fuerte puede ser el impacto para las finanzas del Estado de esta iniciativas? Las cifras del Gobierno y de los analistas se encuentran en esquinas muy separadas, lo cual ha ayudado a agudizar la polémica por el impacto futuro de las iniciativas, ante lo cual han pedido revisar y ajustar temas claves de dichos proyectos.

Académicos, centros de estudios, analistas y gremios vienen insistiendo en la urgencia de encontrar consensos en aspectos fundamentales para que esos costos no solo no afecten a las empresas y reduzcan la carga para el Estado, sino que no impacten, de manera directa e indirecta, a los colombianos. Estos son los puntos claves de esa discusión.

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Aunque desde un principio el Gobierno ha dicho que el costo de la reforma de la salud rondará los 6 billones de pesos en el 2024, algunos expertos señalan que ese cálculo se quedaría corto una vez comience la implementación de lo que se apruebe en el Congreso de la República, que ya discute la iniciativa presentada. 

En las cuentas preliminares del Ministerio de Hacienda se advierte que, ese costo fiscal de la reforma de la salud, tendrá un aumento progresivo año a año, siendo cerca de 8,2 billones de pesos los gastos directos en el 2025 y, a la vuelta de 10 años, estos serán de unos 13 billones.

Mauricio Santa María, presidente del centro de estudios económicos Anif, ha dicho en reiteradas oportunidades que calcular el costo de esa reforma es bastante complicado, pero advierte que éste podría equivaler a unas cuatro reformas tributarias. 

No es el único que prevé que esa iniciativa tendrá un enorme impacto en las finanzas públicas. En una reciente oportunidad, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) señaló que esa iniciativa implicará esfuerzos fiscales adicionales anuales de entre 4 y 7 billones de pesos, según las cifras publicadas por el Gobierno.

Además, identificó cinco riesgos asociados con el proyecto que pueden elevar el costo fiscal, entre estos, el de la atención primaria; el esquema de oferta, la insuficiente capacidad para la gestión de recursos en las regiones, la falta de capacidad para la gestión de riesgos inherentes a la prestación del servicio que asumirá la Nación y la indemnización previa y plena por demandas que aleguen privación de ejercicio de actividad legítima.

También los empresarios del país, a través de la Andi, han alertado por esos mayores costos de aprobarse el proyecto tal y como fue presentado. "Esta reforma, que cambia el modelo de atención, también es exigente en capital, requerido para aumentar la oferta pública en todos los niveles, diseñar, construir, contratar y operar un gran sistema de información, formalizar y mejorar las condiciones de remuneración del talento humano en salud, soportar una estructura de gobernanza paga muy robusta y fortalecer y crear nuevas entidades", señaló en gremio en un análisis dado a conocer.

Precisa, además, que el "nuevo modelo puede derivar en un aumento en el costo de las medicinas prepagadas y en general, al aumento del gasto privado en salud de los colombianos". 

Al margen del disparo en los costos de la nóminas de las empresas, que han advertido los empresarios del país, los ejecutivos también insisten en que este proyecto tendrá un alto peso en las finanzas del estado, algo que el Gobierno ha desestimado. Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo, ha insistido en que el único costo que tendría dicha reforma sería la extensión a 12 semanas de la licencia de paternidad de manera progresiva hasta el 2026, de ser aprobada la iniciativa sin modificaciones. 

En las cuentas del ministerio ese costo sería de cerca de 500.000 millones de pesos o, según lo dicho por la funcionaria, 0,091 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Incluso el nuevo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha defendido ese impacto de la licencia de paternidad. “La reforma laboral no tiene costo fiscal, salvo que se tenga en cuenta la licencia de paternidad porque incluiría a todos los trabajadores públicos y privados. Ese sería el único costo que tendría en términos fiscales”, ha dicho.

Pero muy distinto piensa el sector privado, incluso el Banco de la República que, en un estudio de un grupo de analistas de la entidad, advierte por la eventual pérdida de 450.000 empleos formales en un horizonte de entre 3 y 4 años.

"Hay elementos de la reforma que pueden ser positivos, pero es importante que la sociedad y el Congreso tengan conciencia de que estas decisiones no son gratuitas y de que hay un riesgo importante de que este aumento tan fuerte de los costos laborales, y en particular de algunos sectores que dependen del trabajo nocturno, afecte a la contratación y reduzca el empleo", señaló Villar en una citación en el Congreso.

Luis Fernando Mejía, director del centro de estudios económicos Fedesarrollo coincide con esa posición. Señala que la propuesta por el Gobierno está enfocada en otorgar una mayor remuneración y protección a los actuales empleados formales y, aunque este es un objetivo loable, en un mercado laboral de altas tasas de desempleo y de informalidad es probable que estas medidas tengan como consecuencia un aumento en la incidencia del empleo informal, un desincentivo a la generación de empleo y un incentivo a la automatización.

Para los analistas de Credicorp Capital la propuesta plantea preocupaciones entorno a los potenciales costos adicionales de contratación para las empresas, lo que podría tener un impacto no despreciable en la generación de empleo y la informalidad en el futuro. Y destacan que la reforma no aborda directamente la informalidad laboral, la productividad laboral o la necesidad de promover la generación de empleo.

Aunque no se conoce todavía la ponencia de la reforma pensional, esta es una de las iniciativas que más polémica ha generado en diversos sectores, pues se considera que su impacto en las finanzas públicas, a futuro, será enorme, algo que el Gobierno también ha desmentido.

De hecho, José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda y quien estuvo al frente de la redacción del texto de esta reforma, antes de su salida del gobierno, insistió en que, los cálculos de varios analistas estaban errados, pues los de la cartera de hacienda indicaban que con el proyecto presentado, de ser aprobado, el valor presente neto a 2070 de los déficit se podría reducir de 67,5 por ciento (en un escenario sin reforma), a 55,2 por ciento del producto interno bruto (PIB).

Unos cálculos muy alejados de la realidad, según Asofondos, Anif, Fedesarrollo y el CARF, que presentaron sus propias cuentas.

El impacto fiscal estimado desde Fedesarrollo para la reforma pensional, en el escenario central, es un aumento de 30,2 puntos del PIB en el pasivo del sistema de protección en la vejez, con 12,5 puntos por el pilar solidario; 8,4 puntos por el semicontributivo y 9,3 puntos por el contributivo.

En Anif advierten que el alto pasivo pensional, que hoy ronda el 110 por ciento del PIB, más que se duplicaría y llegaría a representar hasta 249 por ciento del PIB”, con cálculos a 2070. 

Por su parte, el CARf, en su reciente análisis, advirtió que sin la reforma, el valor presente neto (VPN) de los flujos netos del Gobierno a Colpensiones por el pilar contributivo, a 2100, ascendería a -132,5 por ciento del PIB y con el proyecto de

ley radicado llegaría a -160,5 por ciento. Pero de hacerse los ajustes al proyecto que recomienda dicho Comité, muchas de las cuales coinciden con otras hechas por los empresarios y gremios como Asofondos, ese valor presente se podría corregir a -151,6 por ciento del PIB.

Asofondos, gremio de los fondos privados de pensiones (AFP), también salió al paso a las críticas que hizo el Ministerio de Hacienda por el impacto que tendría la reforma pensional, pues según las cuentas de algunos gremios y expertos esta elevaría el pasivo pensional un 224 por ciento como proporción del PIB.

Daniel Wills, vicepesidente técnico de dicha agremiación, defendió los cálculos del gremio y dijo que estaban convencidos de que las cifras eran correctas. Señaló que el Gobierno dice que no se puede incluir el pilar solidario, pero es una cuenta que hay que pagar y por eso lo incluyeron, algo en lo que el Gobierno no está de acuerdo. "Lo mismo pasa con el semicontributivo que también lo tuvimos en cuenta porque creemos que es parte del costo de la ley", dice el analista.

En su momento, dijo que es difícil entender que el pasivo pensional baje hacia adelante, como lo plantea el Gobierno, más teniendo en cuenta que la gran mayoría de las personas se va a pasar a Colpensiones y este le ofrecerá un beneficio mayor al que podría cubrir el dinero que se va a pasar desde los fondos privados (AFP), por lo que ese hueco habrá que cubrirlo.

"Cuando uno multiplica por la cantidad de personas que se trasladarán eso arroja una cifra muy importante, de ahí es de donde parten nuestros cálculos y así se construyen.

Estamos tratando de entender las cifras del Gobierno", insiste Wills.

*EL TIEMPO hacer parte de un conglomerado de empresas al cual pertenece una AFP.