Para 2023 se busca, por novena vez, lograr un salario mínimo concertado

Esta semana entra en su recta final la fase de negociación entre el Gobierno Nacional, los empresarios y las centrales obreras para acordar el incremento que tendrá el salario mínimo para el 2023. A diferencia de años anteriores, en esta oportunidad se propuso dejar de lado la metodología tradicional —que ha llevado a que la mayoría de los años no haya consenso en el grupo tripartito— y construir una cifra unificada para el aumento.

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“Hemos decidido hacer una propuesta distinta teniendo en cuenta que se trata, sin duda alguna, de uno de los momentos más complejos de nuestra economía, dentro del cual las familias colombianas están sufriendo un efecto de inflación importantísimo”, dijo Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi).

Esto significó que el viernes pasado los empresarios no llegaron a la mesa de concertación con un número, como se estableció en el cronograma y como lo venían haciendo en el pasado. “Más que entregar una cifra, porque creemos que no hace sentido en este momento entrar a negociar una cifra baja o una alta para tratar de encontrarnos en la mitad del camino, la responsabilidad que tenemos es poder tomar una decisión que tenga en cuenta varios factores al tiempo”, agregó el líder gremial.

Además, es optimista frente a lo que se pueda lograr porque considera que la ministra del Trabajo, Gloria Inés Rodríguez, “tiene capacidades importantes para ser conciliadora, abrir conversaciones, es cercana al sector trabajador y sindical y ha demostrado una capacidad para trabajar con los empresarios”.

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De lograrse este objetivo, esta sería la novena vez que se logra un alza concertada entre las partes en los últimos 22 años en Colombia, tal como ocurrió cuando se reunieron con el fin de pactar los incrementos para 2001, 2004, 2006, 2012, 2014, 2018, 2019 y 2022. Incluso, el año pasado el acuerdo se logró en la primera fase de las conversaciones y el 15 de diciembre el expresidente Iván Duque firmó el decreto que lo hacía oficial. En el resto de los años, la decisión final quedó en manos del Gobierno al no lograrse un consenso en el interior de la comisión tripartita.

Hasta ahora, lo único claro es que el salario mínimo no podrá subir menos de 13,77 por ciento, ya que el alza debe estar basada en la inflación —que llegó a 12,53 por ciento en el mes de noviembre— y la productividad total de los factores, que para este año se calculó en 1,24 por ciento.

Y al final del día, el número que se logre concertar beneficiará a 3,4 millones de colombianos que actualmente trabajan a cambio de un salario mínimo, esta cifra representa el 15,7 por ciento del total de ocupados que se registran en el país (22 millones de personas), según información del Ministerio de Hacienda.

La gran mayoría de los ocupados en el país, es decir el 43,1 por ciento, se gana menos de un mínimo, que para este año se fijó en un millón de pesos, tras decretarse un aumento del 10,07 por ciento (91.474 pesos).

No obstante la intención de construir una cifra unificada, las centrales sindicales y confederaciones de pensionados presentaron una propuesta de aumento del 20 por ciento, es decir, 200.000 pesos, con el fin de que el salario mensual legal quede en 1’200.000 pesos.

Según explicó Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), este número tiene en cuenta la inflación anual de Colombia a noviembre y el dato de productividad. El porcentaje adicional “es para recuperar el poder adquisitivo que han perdido los colombianos en el transcurso del año”, dijo.

Frente a este 20 por ciento planteado, Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), aseguró: “Lo que queremos es discutir las cifras en el interior de la Comisión de Concertación y, ojalá, llegar a un acuerdo de una sola sin descalificar la que han colocado en este momento las centrales obreras”.

Mientras que al presidente de la Andi le pareció “un poco alta”; sin embargo, manifestó que “el espíritu de concertación no está en descalificar las propuestas que hacen unos y otros en la mesa”.

Entre tanto, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) considera que el ingreso mensual para el próximo año no debe subir más allá del 14 por ciento (140.000 pesos), teniendo en cuenta la alta inflación y el dato positivo de productividad. Este porcentaje permitiría mantener un equilibrio entre la posibilidad de conservar el empleo de las mipymes y generar nuevos puestos de trabajo.

“No podemos olvidar la responsabilidad fiscal y que el crecimiento económico del país no va a ser el mejor resultado para el próximo año, a pesar de que la inflación va a ir cediendo gradualmente”, afirmó Rosmery Quintero, presidenta de Acopi.

Además, aseguró que la gran concentración de salarios mínimos en las mipymes es parte del alto nivel de informalidad que existe (57,8 por ciento en octubre) y que para definir el salario mínimo también se debe tener en cuenta a las personas que hoy no tienen una vinculación laboral.

De acuerdo con la ministra Gloria Inés Ramírez, en medio de las reuniones de la Comisión de Concertación se está trabajando no solo para construir un único número, sino en las políticas que van a acompañar esta propuesta. Por ejemplo, se analizaron los impactos que está teniendo la inflación en la canasta básica.

“Las partes hemos manifestado nuestra preocupación y desde allí, el Gobierno ratifica que viene haciendo unas políticas de desindexación de productos, actividades y funciones para que se desliguen del aumento del salario mínimo”, dijo.

En esa línea, desde el Ministerio de Hacienda se ha propuesto trasladar esta indexación, para algunos casos, a la inflación básica que publica el Banco de la República, y para otros, a la Unidad de Valor Tributario (UVT), en la que entrarían todos los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas.

Para este último punto, recientemente se les pidió a diferentes ministerios consolidar un inventario definitivo (por sector) de los valores por desindexar que establece el artículo 49 de la Ley 1955 de 2019 y que a la fecha no se ha podido lograr. Con esta información, se trabajará en un proyecto de decreto que incluya todas las modificaciones posibles en materia reglamentaria, el cual quedaría en firme en los próximos días.

También se están discutiendo propuestas que permitan una reducción en la tasa de usura, que para octubre se fijó en 41,46 por ciento —la más alta en 15 años y más de tres veces la inflación anual—. De esta manera se busca lograr un alivio adicional para el bolsillo de las familias que acuden a las tarjetas de crédito con el fin de poder cubrir sus gastos.

Adicionalmente, la CUT reiteró la necesidad de controlar las tarifas de energía eléctrica, ya que se han incrementado 25,77 por ciento en los últimos 12 meses, según reveló el Dane; y proveer de un mínimo de agua potable a todos los colombianos. En cuanto a los pensionados, propuso que el incremento de la mesada se haga sobre el salario mínimo y, a su vez, que se cumpla el acuerdo de reducir los aportes que realiza esta población en salud del 12 al 0 por ciento, tal como se hizo con los empresarios.

“Las condiciones de incertidumbre que se tienen para el próximo año, que pueden ser tanto al alza como a la baja, implican que tenemos que construir (las cifras) con mucho más criterio, pero sobre todo buscando el bienestar de la mayoría de los colombianos”, agregó la ministra.

Y es que el contexto macroeconómico es complicado. El dato de inflación revelado el pasado 5 de diciembre es el más alto de los últimos 23 años, las tasas de interés están en 11 por ciento, hay temores de una recesión económica mundial, el dólar se encuentra sobre los 4.800 pesos y el Banco de la República proyecta que el producto interno bruto (PIB) solo crecerá un 0,5 por ciento el año entrante.

Por lo tanto, según Bruce Mac Master, con el alza del salario mínimo también se debe cuidar el poder adquisitivo de los trabajadores y empresarios, la competitividad de las empresas y la capacidad de ofrecer más empleos; aumentar la formalidad; mejorar la calidad de los empleos y lograr un equilibrio fiscal, porque el mínimo tiene un efecto importante sobre las finanzas públicas.

“Sin duda, en este momento estamos frente a, quizás, la decisión más importante desde el punto de vista de política económica y queremos que se tome muy técnicamente y con la mejor voluntad posible de todas las partes”, afirmó.

Estimaciones recientes del Banco de la República revelan que un punto del incremento del salario mínimo para el 2023 por encima de la inflación afecta el PIB en 1,92 billones de pesos. Mientras que un análisis del Ministerio de Hacienda indica que un punto porcentual de ajuste salarial por encima de la proyección de la inflación implicaría un costo fiscal de aproximadamente 1,5 billones de pesos, por lo que diferentes gremios hicieron un llamado a reflexionar sobre el efecto que habría en las finanzas públicas, y más cuando se tiene un déficit fiscal cercano al 7 por ciento.

Las advertencias también llegan desde Anif, pues cree que, si el alza es superior a la fórmula de inflación más productividad, se pueden imponer mayores barreras a la formalidad o, incluso, a la contratación. Por su parte, Fedesarrollo destacó que subir el salario mínimo más allá de lo sugerido (13,5 por ciento) generaría presiones adicionales al alza en la inflación de 2023, ya que buena parte de ese aumento en exceso podría ser trasladado a los consumidores.

Adicionalmente, no se puede olvidar que el próximo año entra en vigor la reforma tributaria, que representa mayores costos para las empresas, al igual que la reforma laboral que presentará el Gobierno Nacional y la reducción de la jornada laboral a 47 horas semanales a partir de junio próximo.

“Hacemos un llamado a la moderación en el incremento del salario, que debe estar muy cerca de la cifra de inflación más el dato de productividad. Dado el contexto incierto externo e interno, la inflación, las altas tasas de interés y los cambios en los costos salariales que se vienen planteando, pueden hacer una injerencia en la desaceleración de la economía y, por lo tanto, también en la generación de empleo”, advirtió María Claudia Lacouture, presidenta de Aliadas.

Así mismo, varios gremios empresariales dicen que la definición del salario tendrá importantes efectos sobre la competitividad y la capacidad que tenga Colombia de crecer, generar valor y posicionar sus productos en los mercados internacionales.

“La definición de salario mínimo y el auxilio de transporte será una decisión trascendental para el futuro de las familias. Vemos que la misma debe ser tomada dentro de un ambiente de la más alta responsabilidad teniendo en cuenta todos estos factores”, agregaron a través de una carta.

LINA QUIROGA RUBIO