Reforma tributaria de Gustavo Petro: así golpearía la canasta familiar

Aunque la reforma tributaria que radicó en el Congreso el gobierno del presidente Gustavo Petro no contempla cobrar IVA a ningún bien y servicio de la canasta familiar, varias de las iniciativas incluidas en el articulado pueden tener un eventual impacto indirecto de ajuste de precios a los consumidores finales.

En efecto, las propuestas de impuestos a los alimentos ultraprocesados, a las gaseosas y bebidas azucaradas y el impuesto al carbono, entre otros, traerían a futuro efectos colaterales en el valor de venta a los consumidores, en la medida en que afectan el precio final o encarecen sus costos de producción.

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Así, de acuerdo con las iniciativas incluidas en el texto radicado ante el legislativo, de la actual canasta de 188 artículos de la canasta básica de bienes y servicios con los que el Dane mide la inflación, al menos 37 rubros del gasto pasarían a tener algún tipo de afectación.

De la inflación anualizada del 10,21 por ciento que reportó el Dane, estas subclases -como las llama la entidad- tuvieron un peso de 4,23 puntos porcentuales en la variación de los precios entre agosto de 2021 y julio del 2022.

Para comenzar, por la compra de alimentos como salchichas, carne de hamburguesa, jamón, salchichón y otros productos de charcutería o embutidos, así como de papas fritas, patacones, snacks, galletas dulces, ponqués y tortas, chocolates, helados, salsas y sopas instantáneas, entre otros, el consumidor entrará a pagar, si se aprueba el texto, un impuesto del 10 por ciento.

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Eso quiere decir, por ejemplo, que un paquete de salchichas que hoy cueste 12.000 pesos quedaría con un precio de 13.200 pesos, mientras que un cono de 4.000 pesos subiría su precio a 4.400 pesos y el reconocido chocorramo, que hoy cuesta unos 2.000 pesos, valdría 2.200 pesos.

Según el Dane, mientras que en junio los productos de carnes procesadas y embutidos en los hogares de ingresos altos pesaron un 0,28 por ciento en sus compras mensuales, en las familias pobres el peso fue de casi el doble (1,8 veces).

Y una situación similar ocurriría al gravar las papas fritas con el nuevo impuesto saludable, ya que este producto pesó en junio 1,7 veces más en la canasta familiar de una familia pobre que lo que representa para un hogar del segmento de altos ingresos.

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Si al final del trámite del proyecto en el Congreso se confirma que el nuevo gravamen queda en el 10 por ciento, en ese mismo nivel subiría también el valor de productos como el yogur de frutas, la leche en polvo para bebés, el manjar blanco, los bizcochos y pasteles de dulce, los cereales los merengues y hasta las obleas, productos que están contemplados en el articulado del proyecto.

En el caso del impuesto a las gaseosas, según los datos de la inflación de junio del Dane, este gravamen afectaría casi 5 veces más a la población pobre que a la de estratos altos, ya que estos productos tuvieron un peso de 0,71 por ciento en sus compras mensuales, mientras que en los segundos el peso de estos productos en su canasta fue de solo el 0,15 por ciento.

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Es decir, el peso de estos productos en los hogares pobres en su mercado mensual es aproximadamente 4,7 veces mayor, lo cual hará que sea un impuesto regresivo porque les cobraría más a los pobres que a los ricos como proporción del ingreso que reciben.

Adicionalmente, según el proyecto de ley, además de este nuevo impuesto que tendrían que pagar por ser ultraprocesados, si estos productos vienen envueltos en plásticos de un solo uso (por ejemplo el chocorramo o el ponqué gala), entrarían a pagar la tarifa de 0,00005 unidades de valor tributario (UVT), es decir 1,9 pesos en el 2022, por cada gramo del envase, embalaje o empaque.

Según la firma Raddar, experta en análisis del consumidor, la propuesta de poner un 10% de impuesto al consumo a los productos ultra procesados y una tasa a las bebidas gaseosas, podría generar un aumento en la inflación anual en Colombia de 1,89 por ciento, que es lo mismo que si se pusiera medio punto de IVA adicional a todos los productos que tienen IVA, reduciendo el ingreso disponible de los hogares en cerca de un 8 por ciento, con un mayor impacto en los hogares de ingresos bajos y vulnerables.

Esto, sin reducir la ingesta de estos productos, ya que la inflación de estos mismos en 2022 ya supera el 10 por ciento y la demanda no ha caído.

"Estas medidas esperan generar un recaudo de más o menos 1,5 billones de pesos, de los cuales sólo el 7 por ciento se generaría en ingresos altos", aseguró la firma que dirige el economista Camilo Herrera Mora.

Por ello, la firma Raddar propuso que, si la idea es poner este impuesto, lo que se recaude debería tener un destino específico como la construcción de hospitales o de campos deportivos y parques.

Lo anterior teniendo en cuenta que, según la exposición de motivos de la reforma tributaria, se busca “aumentar las inversiones en salud, destinándose a actividades para la prevención de la obesidad y diabetes en escuelas, guarderías y otros entornos comunitarios.

"Así, el impuesto se acercaría a cumplir con su objetivo y no sería un mecanismo de recaudación tributaria solamente sino que ayudaría a reducir el impacto en la salud que la reforma menciona", puntualizó el experto.

Pero además, Acoplásticos, gremio que representa a las empresas de la industria del plástico, caucho, fibras y petroquímica alertó porque varios de los alimentos básicos y productos que a diario consumen las familias colombianas, como el arroz, el fríjol, las lentejas, la pasta, el aceite, el pan tajado, las galletas y la leche, entre otros, que vienen en plásticos de un solo uso, comenzarían a pagar este gravamen.

La situación aplicaría también a productos de aseo y limpieza. Acoplásticos calcula que el impuesto equivale a 16 por ciento del valor del empaque y representa, en promedio, cerca del 5 por ciento del precio del producto, aunque en algunos casos puede llegar a 19 por ciento.

Igualmente, de quedar aprobada una nueva tarifa del impuesto al carbono, que según Julio César Vera, presidente de la Fundación XUA Energy, actualiza los valores al precio del dólar, se generaría un costo adicional para quienes consumen gasolina y diésel o Am, pero también para quienes usan medios de transporte que utilizan combustibles fósiles, incluyendo los pasajes de avión, hoy presionados por el alza del petróleo, la inflación y la devaluación.

Por ejemplo, con el proyecto de reforma, el impuesto al carbono que paga la gasolina pasaría de 169 pesos a 181 pesos, mientras que por cada galón de Am el impuesto a pagar sería de 208 pesos frente a 191 pesos actuales, diferencia que se iría al precio final de venta.

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Según Vera, con el proyecto de reforma tributaria, Ecopetrol comenzaría a pagar un impuesto al carbono por la utilización de gas para la refinación de hidrocarburos, gravamen que se uniría al que ya paga por consumir gas para las actividades de petroquímica, lo cual encarecería los costos para el segmento de refinación de la compañía, a la espera de que los pilotos de hidrógeno se apliquen a todos los procesos de las refinerías.

Y si bien para el gas natural que se usa en la generación de energía eléctrica la iniciativa contempla una transición que iniciaría solo desde el 2025, con una tarifa plena en 2028 (será de 42 pesos por metro cúbico), fuentes del sector eléctrico explican que en un fenómeno del Niño y en las épocas secas del año, cuando el uso de gas es más intensivo para abastecer la demanda de electricidad, se afectarían el costo de la generación, cuyo mayor valor pasaría de forma proporcional a la factura que reciben los hogares.

Y señalan que debido a que en el proyecto de reforma el impuesto al carbono será deducible del impuesto de renta, el consumidor pagaría más, mientras las empresas lograrían algún beneficio fiscal.