Los pilares de una reforma que tuvo al país bajo un intenso debate

Alrededor de 20 billones de pesos espera recaudar el gobierno de Gustavo Petro gracias al principio de ‘quien más tiene, más paga’ que se aplicará en el proyecto de reforma tributaria que aprobó esta semana el Congreso.

Como los textos que pasaron en los debates de la plenaria de Cámara y Senado tienen algunos puntos diferentes, como el de las iglesias o el de la tarifa diferencial para las pequeñas y medianas empresas, el proyecto entrará a conciliación el martes para posteriormente pasar a sanción presidencial y convertirse en ley.

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En estos casi tres meses de discusión han sido varios los cambios que se le han realizado al proyecto, quizás uno de los más importantes es que se cayó el artículo que gravaba las pensiones más altas. Tampoco progresó la idea de incluir los días sin IVA o la de eliminar los subsidios a la gasolina en las zonas de frontera. En total, se cayeron 5 billones de pesos frente a la meta inicial de 25 billones de pesos.

Sin embargo, a nivel general se mantuvo la esencia de lo presentado el pasado 8 de agosto —un día después de la posesión del Presidente— por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y el director de la Dian, Luis Carlos Reyes. La idea inicial y que se aprobó fue la de disminuir las exenciones inequitativas de las que gozan las personas naturales de más altos ingresos y las empresas, así como cerrar los caminos para la evasión y la elusión tributaria e incorporar impuestos saludables y ambientales.

“Se trata de la reforma más liberal y consensuada de la historia. Más que de una cifra estamos hablando de cientos de miles de hogares a lo largo y ancho de nuestra geografía que van a tener una vida mejor”, señaló el ministro.

La reforma tributaria trae un nuevo paquete de impuestos para las personas naturales. Algunas de ellas tendrán que pagar más en materia de renta, patrimonio e impuestos saludables y ambientales.

En el primer caso, tendrán que contribuir más los que ganen más de 10 millones de pesos. Esto por cuenta de que se limitó el monto total de lo que una persona se puede deducir a la hora de hacer su declaración de renta. Adicional a ello, los dividendos contarán con tarifas que irán de 0 a 20 por ciento y las ganancias ocasionales (herencias, venta de inmuebles,…) de 15 por ciento, a excepción de las provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares que quedarían gravadas al 25 por ciento.

Según un cálculo realizado por el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, un hogar con ingresos de 13,1 millones tendría que sumar solo 17.618 pesos al mes a su pago actual del impuesto de renta, lo que representa 0,13 puntos porcentuales en su tasa efectiva de tributación. A otro que tenga 15,6 millones de pesos mensuales se le sumarían 61.119 pesos (0,39 puntos) y a uno de 25 millones de pesos mensuales 343.000 pesos al mes (2,25 puntos).

En cuanto al impuesto al patrimonio, este será progresivo con tarifas marginales: de 0,5 por ciento para los de más de 3.000 millones de pesos; de 1 por ciento para los de más de 5.000 millones de pesos, y de 1,5 por ciento para los de más de 10.000 millones de pesos.

Con el objetivo de desestimular las emisiones, el proyecto de ley aprobado por el Congreso también modifica el impuesto al carbono, un gravamen que recae sobre el contenido de carbono equivalente (CO2eq) de todos los combustibles fósiles en el país (carbón, fuel oil, Am, gasolina y gas natural, entre otros).

Según lo aprobado, este tendrá una tarifa específica considerando el factor de emisión para cada combustible y corresponderá a 20.500 pesos por tonelada de carbono equivalente.

Las empresas son las que más pondrán en esta reforma. Los petroleros y los mineros tendrán que pagar una sobretasa de renta que varía con el precio internacional de los últimos 10 años. En el caso del petróleo sería progresiva de 5, 10 y 15 por ciento y en el del carbón, de 5 o 10 por ciento. Adicional a ello, no van a poder deducir las regalías.

Igualmente, las hidroeléctricas quedaron con una sobretasa temporal del 2023 al 2026 de 3 puntos, es decir, de 38 por ciento, mientras que las entidades financieras asumirán otra que llegará a los 5 puntos, esto es, a 40 por ciento.

Ante estas mayores contribuciones, tanto el sector minero-energético como el eléctrico han alertado por los efectos negativos que tendrían en sus operaciones. Incluso, este último ha dicho que se podrían elevar las tarifas de luz que pagan los consumidores.

Sin embargo, el ministro de Hacienda aseguró que en el texto se establece que las generadoras de energía no podrían trasladar el costo de esta sobretasa al final.

En el proyecto se lee que para tal efecto la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) regulará la materia y la Superintendencia de Servicios Públicos realizará la inspección y vigilancia.

Frente al petróleo, la Asociación Colombiana del Petróleo (A) aseguró que esta propuesta es excesivamente gravosa y alta, comparada con otros sectores como el financiero y eléctrico. “Se está pensando en el corto plazo y no en cómo mantener y aprovechar una industria y sus recursos, que son clave para las finanzas públicas, para la financiación de los programas de desarrollo en las regiones y para todos los colombianos”, afirmó Francisco Lloreda, líder del gremio.

Igualmente, los petroleros advirtieron que se comprometerá el desarrollo de los descubrimientos que se han dado en petróleo y gas natural pondría en riesgo inversiones para aumentar el factor de recobro, que sostienen la actual producción, llevaría a un recorte en los programas de inversión de entre 30 y 50 por ciento y a una caída en la producción de entre 350.000 y 450.000 barriles de petróleo para finales de esta década.

En el proyecto también se busca gravar como sucursales en Colombia a ciertas entidades no residentes y sin presencia física en el país, como puede ser el caso de las plataformas digitales, pero que tienen cierto nivel relevante de ingresos o de clientes en Colombia. Por tanto, empresas como Netflix tendrían que empezar a pagar renta.

La reforma también endurece los castigos a los evasores de impuestos. Lo que se aprobó es que en la tercera reincidencia las personas vayan a la cárcel. Por ejemplo, se incurrirá en prisión de 48 a 108 meses, es decir, de 4 a 9 años, aquel que omita activos o declare un menor valor o declare pasivos inexistentes, con el propósito de defraudación o evasión por un monto igual o superior a 1.000 salarios mínimos.

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