La idea de obtener recursos billonarios para enfrentar la pandemia, mediante el traslado masivo a Colpensiones de afiliados a fondos privados finalmente no se llevó a cabo.
El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo que no se va a expedir decreto alguno que ordene el traslado de afiliados de más de 50 años de los fondos privados a Colpensiones.
Con la idea se planteaba entregar a Colpensiones los ahorros de afiliados en la última etapa de aportes, cuyos recursos están en cuentas individuales manejadas por las as de fondo de pensiones (AFP).
Dichos recursos en manos de Colpensiones habrían servido para el pago de las mesadas a cargo de esta entidad. Lo anterior habría permitido trasladar menos dinero del presupuesto nacional para subsidiar las pensiones públicas y, por lo tanto, contar con más recursos para atender la pandemia ocasionada por la propagación del nuevo coronavirus, en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica.
Sin embargo, ese efecto solo se presentaría en un momento inicial, pero en el largo plazo habría aumentado la necesidad de pagar subsidios, especialmente, a personas de ingresos altos ya jubiladas, según quienes criticaron la iniciativa.
Así, de acuerdo con la Asociación de as de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), se hubiera afectado fuertemente la sostenibilidad del sistema, pues hacia el futuro habría implicado un esfuerzo fiscal mayor haciendo necesarios más impuestos y deuda asumidos por las siguientes generaciones.
Asofondos advirtió que el traslado previsto habría aumentado el pasivo pensional en un monto de 60 billones de pesos.
Al conocer el proyecto de decreto, el gremio presentó su posición al Ministerio de Hacienda, en una carta de 10 páginas.
La asociación estima que haber hecho la operación habría equivalido a tomar una deuda por parte del Gobierno a una tasa de 10 por ciento anual, mientras que se han visto tasas mucho más bajas en las emisiones recientes.
Así mismo, esos 60 billones de pesos de pasivo pensional estarían relacionados con el pago de “subsidios pésimamente focalizados, que van a los individuos de mayores ingresos, acentuando los grandes problemas de inequidad del régimen público de pensiones”.
El gremio de los fondos privados asegura que el proyecto estaba en contravía de los tres principios que deben regir un sistema pensional: mayor cobertura, equidad y sostenibilidad.
Por ese motivo, en el mensaje de las AFP se cuestiona la posibilidad de que se legisle con normas que permitan a la población de mayores ingresos acceder a un subsidio, “incrementando los problemas de desigualdad social que hoy en día ya son críticos”.
En síntesis, el gremio de los fondos dice que “una propuesta normativa como la contenida en el proyecto legislativo de la referencia es una mala solución para un problema coyuntural que tendrá impactos fiscales negativos por décadas”.
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