Los ciudadanos son los primeros llamados a cuidar el voto: Mininterior

Los grupos armados y los carteles de corrupción ven en las elecciones regionales del 27 de octubre como una oportunidad de apoderarse de las alcaldías y gobernaciones para facilitar sus actividades ilícitas.

Es por esta razón que el Estado puso en marcha el plan Ágora, con el que busca prevenir hechos ilícitos en las elecciones de octubre y garantizar unas elecciones libres.

En diálogo con EL TIEMPO, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, explicó cuáles son las alertas y por qué hay 130 municipios con mayor riesgo. 

El Gobierno ha detectado que hay 130 municipios en alto riesgo de ser sometidos a dos fenómenos altamente peligrosos para la democracia. Son regiones donde no se puede ejercer de manera libre el derecho al voto. Esos dos peligros son las organizaciones ilegales armadas, que las hay de todo tipo y con grandes estructuras criminales, y los carteles de la contratación, que patrocinan, con cifras millonarias, a candidatos para después apoderarse de la contratación oficial de alcaldías y gobernaciones.

Están en corredores del narcotráfico que van desde la frontera con Venezuela, en norte de Santander y Arauca, a la costa Atlántica; y a lo largo de toda la costa Pacífica, con enclaves en departamentos como Antioquia, Cauca y Valle. Más las regiones del sur del país con grandes cultivos de droga.

Este plan, que es de todo el Estado, tiene como reto actuar en tiempo real. Es decir, hasta hoy, las autoridades y el Estado llegan después de los resultados electorales a investigar, ya cuando las mafias y los corruptos han ganado. Además, ganan porque estos casos, generalmente, quedan en la impunidad.

Que el plan Ágora será preventivo y operativo con presencia desde ya, pero con énfasis en las zonas más críticas. Tendrá un gran componente de trabajo de inteligencia, investigación criminal y veeduría ciudadana. Los ciudadanos son los primeros llamados en esta cruzada a cuidar el voto.

Es evidente. Los riesgos son altísimos. Hoy tenemos 209.000 hectáreas de cultivos ilícitos, cuatro veces más que en las últimas elecciones locales, por lo que el riesgo para la democracia también se cuadruplicó. Las mafias no convencen, ellas someten a los pobladores y a los electores con violencia.

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