‘La legalización es la única política viable contra las drogas’

El mercado de drogas ilícitas representa el mayor negocio ilegal de materias primas del mundo. Con un volumen anual de negocios en torno a 426.000-652.000 millones de dólares, su tamaño es aproximadamente la tercera parte del mercado de petróleo global, y está controlado por criminales a quienes poco les importan la salud, los derechos y la seguridad de los demás. En todo el mundo, las muertes relacionadas con las drogas han venido aumentando, de 183.500 en 2011 a aproximadamente 450.000 en 2015 –un incremento del 145 % en apenas cuatro años–.

Mientras tanto, cada año se siguen gastando más de 100.000 millones de dólares en un intento inútil por erradicar el mercado de drogas ilegales. En los últimos 50 años, muchos países inclusive han llegado a militarizar su respuesta. Pero si bien se han desmantelado algunos carteles de la droga, se llevó a la justicia a algunos líderes narcos y la zona de cultivo de cannabis, coca y amapola se redujo, estos logros han resultado apenas temporarios.

Peor aún, en muchos casos, simplemente se les ha endosado el problema a otros países, provocando un ‘efecto globo’. Por ejemplo, después de comienzos de los años 2000, la producción de coca cayó en Colombia y aumentó en Perú, para regresar con más fuerza a Colombia en los años más recientes. Como los narcotraficantes pueden adaptarse y cambiar, el progreso siempre es reversible.

Los costos humanos han sido impactantes. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, hubo más de 250.000 homicidios registrados en México entre 2006 y 2017. En las Filipinas se han producido unos 20.000 asesinatos extrajudiciales desde que el presidente Rodrigo Duterte llegó al poder en 2016. Y en Colombia, muchos líderes políticos, policías, soldados, jueces y fiscales han sido asesinados, mientras que los cultivadores de coca –principalmente pequeños minifundistas– quedaron atrapados en el fuego cruzado entre el ejército, los grupos paramilitares, los insurgentes y las pandillas.

Tristemente, este nivel de violencia no debería sorprender. Cuando se prohíben las drogas, pasan obligadamente a mercados ilegales donde la fuerza física, la intimidación, la discriminación y la corrupción ocupan el lugar de las herramientas regulatorias generadas desde el Estado. Es más, la prohibición exacerba los perjuicios sociales y sanitarios asociados con las drogas, lo que contribuye a epidemias de VIH y hepatitis C, muertes por sobredosis, superpoblación carcelaria, estigmatización y discriminación, pobreza y debilitamiento de las instituciones.

Es hora de que el mundo cambie su estrategia. El uso de sustancias psicoactivas es un comportamiento riesgoso, y ocuparse de estos riesgos es una función clave del gobierno. Es por eso que la Comisión Global de Políticas de Drogas, en su informe reciente, ‘Regulación: el control responsable de las drogas’, recomienda que los gobiernos legalicen y regulen todas las drogas actualmente ilegales.

Se suele definir la “legalización” de manera inapropiada como una intervención del Estado para promover el uso de drogas. Pero lo que realmente significa es que las autoridades que actúan para defender los intereses de la población ofrezcan un marco legal para la producción, distribución y venta de drogas para consumo adulto, dándoseles una consideración apropiada a los perjuicios asociados con cada sustancia en particular. Es una política que aborda específicamente las realidades del consumo de drogas y la presencia de mercados de drogas.

Como con toda regulación, deberían implementarse reformas de manera incremental y con base en evidencia de lo que funciona y lo que no. Las diferentes drogas naturalmente exigirán diferentes niveles de regulación dependiendo de sus riesgos relativos, y los enfoques variarán de un país y lugar a otro. Mientras que el cannabis podría venderse exclusivamente en tiendas minoristas que cuenten con una licencia, la heroína de grado farmacéutico podría suministrarse bajo prescripción a aquellas personas que son dependientes y con quienes otros tratamientos contra la adicción no han funcionado.

Ni los responsables de las políticas ni los votantes pueden ocultarse detrás del argumento de que la gente que consume drogas merece ser tratada de manera diferente porque ha elegido involucrarse en una actividad potencialmente nociva. Dejando de lado el hecho de que la dependencia de las drogas tiende a afectar la capacidad de las personas de tomar decisiones libremente, todos nos involucramos en comportamientos riesgosos y perjudiciales, desde fumar cigarrillos hasta consumir alcohol, grasas transgénicas, azúcar procesada y demás.

Afortunadamente, ya sabemos cómo ocuparnos de los comportamientos riesgosos y de los productos potencialmente peligrosos, no solo de los mercados de cannabis legales que están surgiendo en todo el continente americano, sino también de los éxitos y fracasos del control de la seguridad alimentaria, el alcohol y el tabaco. La lección de estos mercados legales sobrecomercializados es que necesitamos aplicar controles apropiados a las prácticas de ‘marketing’ y recortar los incentivos para que las empresas comerciales fomenten el consumo nocivo en busca de ganancias. También necesitamos más programas de prevención y control, que podrían existir con o sin legalización.

Las experiencias con modelos alternativos también podrían ayudar a guiar la transición de una producción y un consumo de drogas criminales a una producción y un consumo regulados cuando se implementen junto con políticas de desarrollo socioeconómico sustentables. Tailandia, por ejemplo, ha erradicado el opio creando otras oportunidades económicas para los agricultores rurales. Y Bolivia y Turquía han introducido el cultivo legal y regulado de coca y amapola respectivamente, para acabar con las operaciones ilegales.

Al reclamar la legalización no nos estamos rindiendo ante el problema que plantean las drogas. Más bien, estamos abogando por una solución más efectiva, duradera y humana. Si bien la regulación legal no es una panacea para todos los problemas relacionados con las drogas, es la mejor esperanza que tenemos de construir un mundo más saludable, más seguro y más justo.

En definitiva, la elección es simple. Podemos entregarles el control a los gobiernos o a las organizaciones criminales. No hay una tercera opción.

Juan Manuel Santos, premio Nobel de la Paz, fue presidente de Colombia y es miembro de la Comisión Global de Políticas de Drogas. Ernesto Zedillo fue presidente de México y es miembro de la Comisión Global de Políticas de Drogas. Ruth Dreifuss fue presidenta de Suiza y preside la Comisión Global de Políticas de Drogas.

JUAN MANUEL SANTOS, ERNESTO ZEDILLO Y RUTH DREIFUSS

© Project Syndicate

Ginebra

El 29 de marzo, en Florida, el presidente de EE. UU., Donald Trump, soltó la siguiente afirmación: “Les digo algo sobre Colombia: el nuevo presidente de Colombia, muy buen tipo, me he reunido con él, lo he recibido en la Casa Blanca, y me dijo que iba a frenar las drogas, pero hay más drogas que salen de Colombia que antes de que él fuese presidente. Así que no ha hecho nada por nosotros”. El canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, respondió con cifras. Dijo que el programa de sustitución de cultivos ilícitos pasó de cubrir 50.000 hectáreas en 2017 a 85.000 hectáreas en 2018; que se han destruido 4.174 laboratorios y que las 227 toneladas de cocaína incautadas desde que Iván Duque es presidente suponen un golpe a los narcos de 6.700 millones de dólares. Pero no hay duda de que Washington está inquieto.

El Informe 2018 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) entregó un panorama desolador.

El reporte destaca que para el año 2016 la producción mundial de cocaína alcanzó su nivel más alto jamás reportado, con un estimado de 1.410 toneladas al año. Además, que la cifra de hectáreas cultivadas con coca tuvo un aumento del 36 por ciento, para un total de 213.000 hectáreas, equivalentes a casi 300 campos de fútbol. Colombia aparece como el mayor productor, con el 68,5 por ciento del total de los cultivos del mundo.

Vale la pena anotar que para Estados Unidos, Colombia sobrepasó las 200.000 hectáreas de coca en 2017. Y que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife), a inicios de marzo, señaló que la producción de cocaína en Colombia pasó de 1.053 toneladas en 2016 a 1.379 en 2017, y que mientras en el 2013 había 48.000 hectáreas de cultivos de coca, en el 2017 había 171.000.

Volviendo al informe, la producción global de opiáceos aumentó en un 65 % en el último año medido, alcanzando las 10.500 toneladas: la estimación más alta registrada por la ONU desde que comenzó a monitorear la producción mundial de opio a principios del siglo XXI. Un marcado incremento en el cultivo de amapola y la mejora gradual de los rendimientos en Afganistán dieron lugar a que allí la producción de opio el año pasado alcanzara las 9.000 toneladas. Paralelamente, la incautación mundial de opiáceos farmacéuticos en 2016 fue de 87 toneladas, aproximadamente la misma cantidad de heroína confiscada ese año. El uso de opioides, en buena parte de origen farmacéutico, causan el 76 % de las muertes asociadas a consumo de sustancias psicoactivas, una epidemia en Estados Unidos. La marihuana sigue siendo la droga más consumida: 192 millones de personas la usaron al menos una vez durante el 2016. Y se calcula que el número global de s se ha incrementado en un 16 % en la década cumplida en 2016.

Por último, la ONU resalta la amenaza de las nuevas sustancias psicoactivas (NSP) y los fármacos recetados. Y subraya que “un creciente flujo de preparados farmacéuticos de origen incierto, que está siendo destinado a uso no médico, así como el consumo y tráfico de polidrogas, está agregando niveles de complejidad sin precedentes al problema”.

El número de personas que ha consumido drogas al menos una vez en el año está en 275 millones, aproximadamente 5,6 % de la población mundial entre los 15 y 64 años. Pero las muertes causadas directamente por el uso de sustancias aumentaron en un 60 % entre 2000 y 2015. Las personas mayores de 50 años son el 39 % de esas víctimas, y la gran mayoría, por uso de opioides.

EL TIEMPO