Aspersión con glifosato sigue con el camino enredado

Aunque ha sido uno de los propósitos del Gobierno Nacional, el regreso de las aspersiones aéreas contra cultivos ilícitos aún tiene un camino complejo por recorrer.

Ayer, se inició una audiencia clave en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) para modificar el plan de manejo ambiental del programa de aspersión aérea con glifosato (Pecig), pero esto solo ayuda a cumplir con una evaluación de riesgos medioambientales del herbicida, y faltan otros requisitos impuestos por la Corte Constitucional para que puedan regresar las fumigaciones como estrategia de lucha contra las 154.000 hectáreas de coca que había en 2019, según la ONU.

En 2017, la Corte impuso varias condiciones para volver a fumigar, lo cual está suspendido desde 2015. Y en un auto de 2019, el alto tribunal aclaró una de ellas: no hay que demostrar que el herbicida no causa daños a la salud y el medioambiente, sino que esos daños se pueden mitigar.

Aunque esto facilite el camino para el Gobierno, faltan varias cosas. Por ejemplo, en diciembre del 2019 el Ministerio de Justicia publicó un borrador del decreto que será la regulación de las fumigaciones, pero este no ha sido oficializado.

Y aunque el borrador abarca otro de los requisitos -un mecanismo de quejas- esto tampoco está listo. También, falta garantizar un esquema de revisión automática de decisiones sobre la aspersión.

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De otro lado, explicó Isabel Pereira, coordinadora de Política de Drogas de Dejusticia, aún no están listos los estudios de riesgos en salud que el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS) deben presentar.

“La evaluación de riesgo en salud está a medias. Accedimos a unos estudios por derecho de petición, y el Ministerio y el INS, en convenio con una universidad, ya tienen documentos para 3 de los 14 departamentos en los que se haría la aspersión”, comentó. EL TIEMPO consultó al Minsalud sobre el estado de esos estudios, pero no hubo respuesta.

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Además, en 2019, la Corte dijo que se debe tener en cuenta el acuerdo de paz, el cual prioriza la sustitución de cultivos. De hecho, este miércoles el presidente del alto tribunal, Alberto Rojas, reiteró que se debe priorizar la sustitución voluntaria sobre la erradicación forzada “y, por último, solo en caso de que la sustitución voluntaria falle, y luego del fracaso adicional de la erradicación manual, podrá acudirse a la aspersión aérea con glifosato”, dijo.

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Este es un punto clave para el Gobierno, la sustitución no ha fracasado; por el contrario, el consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, manifestó que el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis) tiene 99.097 familias y “es un caso de éxito”.

Indicó que con el programa se han erradicado 42.339 hectáreas de droga, que el 97 por ciento de las familias han cumplido y, además, que solo ha habido 0,2 por ciento de resiembra. Pero señaló que “no se puede intervenir todo el país simultáneamente con el Pnis, y el Estado debe utilizar las demás herramientas legales de lucha contra las drogas”. Añadió que el acuerdo de paz no tiene ninguna previsión que afecte el uso de glifosato.

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Por su lado, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, le dijo a este diario que la política del Gobierno es acudir “a todas las herramientas legítimas posibles. Resulta necesario asperjar, erradicar voluntaria y forzosamente, sustituir y poner en marcha programas de desarrollo alternativo”.

Agregó que se trabaja en eliminar cultivos ilícitos para crear condiciones de inversión en proyectos sostenibles legales que “mejoren las condiciones de vida de la población”.

Son varios los pasos que el Gobierno tiene que dar para que el Consejo Nacional de Estupefacientes, compuesto por 6 ministerios, más Procuraduría, Fiscalía y Policía, avale el retorno del glifosato.

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